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Los aportes de campaña serán bancarizados

Tonelli: “Mejoramos la transparencia en el financiamiento electoral”

La iniciativa modifica las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–. Como miembro informante, el legislador del Pro afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”.

El proyecto aprobado establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.

“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli. Sostuvo que “es un gran paso para aumentar las obligaciones de los partidos políticos e incrementar las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral”.

A su turno, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.

Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.

Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que el principal objetivo es “hacer una contribución a la trasparencia”. Subrayó que “la bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las modificaciones clave que introdujo el Senado de la Nación”.

“La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley”, concluyó Lospennato.

Por su parte, Juan Manuel López (CC) valorizó que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”, y la definió como la garantía de “transparencia” de cara a la ciudadanía.

A su turno, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”. Además, ponderó que la política es la principal herramienta de transformación social y que “debe seguir siendo sostenida desde el Estado”, dijo.

A continuación, Diego Bossio (Argentina Federal) señaló que este debate se da en un contexto en el que “la sociedad descree de la clase política nacional” porque “no encontramos soluciones” -argumentó-. “Revalorizar la política es hablar sin hipocresías y debatir lo que hay que debatir en el país”, finalizó el diputado Bossio.

Luego, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, reflexionó sobre el método de financiamiento de las campañas políticas y añadió: “Suponer que el electorado va a votar al más rico es agredir la inteligencia de los ciudandanos argentinos”. Anticipó que “nuestro bloque acompaña afirmativamente este proyecto”, aunque -señaló-  “hemos planteado nuestras disidencias”.

24 10 18 El País Debate en Diputados Presupuesto 2019 Foto Juan Manuel Foglia

En ese sentido, detalló: “Buscamos que de esos aportes privados haya un porcentaje destinado al fondo común para que los partidos políticos tengan la posibilidad de que el Estado, administrando esos fondos, los hiciera partícipe”.

Por su parte, Felipe Solá (Red por Argentina) delineó su postura: “Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley. El financiamiento de la política debe estar a cargo del Estado”, sostuvo.

Desde el mismo bloque, Daniel Arroyo definió esta discusión como “un tema central de la democracia”, aunque apuntó: “Es un proyecto que queda a mitad de camino, y no lo vamos acompañar”. Destacó como positivo que la norma propone “la bancarización de los aportes” y como punto negativo que la ley establece “la posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño afirmó que esta propuesta “no legisla sobre las principales preocupaciones del pueblo”. Y opinó que “es una ley de autoamnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios”.

Por último, el jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, recordó la modificación a la ley de financiamiento de los partidos de 2009: “Fue un avance importante, sobre todo por la incorporación de la selección de los candidatos y la mayor participación del Estado en el financiamiento electoral”, afirmó. Sobre esa base, sostuvo que la propuesta de modificación en debate “implica un fuerte retroceso en la participación del Estado, hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio”.

“No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo”, afirmó el diputado.

En la votación en particular, el Frente para la Victoria rechazó -a través de la diputada María Emilia Soria y el diputado Carlos Castagnetto- el artículo que habilita los aportes de las personas jurídicas y el recorte en la publicidad audiovisual para las campañas, entre otros puntos. Asimismo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) también se mostró en contra del aporte de las empresas en las campañas electorales.

No obstante, el oficialismo no aceptó modificaciones en el proyecto de ley y el FpV-PJ no logró reunir las adhesiones a favor de los cambios solicitados. “Tenemos sumo interés en que la ley se apruebe hoy para que quede en vigencia para el próximo proceso electoral”, explicó Tonelli al rechazar las modificaciones.

Al cierre de la sesión, el pleno de la Cámara giró el proyecto de ley de Acceso a la Justicia Colectiva a la instancia de Comisiones, a pedido del diputado José Luis Ramón. “Sería oportuno convocar a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión informativa”, solicitó Ramón, antes de que su propuesta fuera aceptada.
 

OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY

El proyecto aprobado en general establece otras modificaciones en relación a las campañas electorales:

*) Respecto a la publicidad, se reducen del 10 al 5 % del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales. En ese sentido, se establece la atribución de la Cámara Electoral para controlar la publicidad digital.

*) Las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.

*) El texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.

*) En tanto, establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente: se agrega el porcentaje del 30% destinado a la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.

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Jorge recalcula ante la fuga de presos y lanzó nuevas medidas

Una nueva alcaidía, módulos de detención y tobilleras, las medidas que lanzó el Gobierno de la Ciudad por la superpoblación en comisarías y las fugas de presos durante el mes de abril. Acuerdo con Nación.

El gobierno porteño de Jorge Macri aseguró que “la herencia recibida” tanto en Ciudad como en Nación con los presos alojados en comisarías ha llegado a una situación crítica.

Para tomar dimensión, en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay más de 2.000.

Además, hoy en las comisarías de la Ciudad hay 340 “delincuentes extranjeros”, muchos de ellos con condena. “Es necesario que la Justicia pueda acelerar los trámites para extraditarlos”, piden desde el ministerio de Justicia a cargo de Waldo Wolff y Diego Kravtez.  

Para poder llevar adelante estas medidas, el Gobierno porteño avanzará en un Decreto de Emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

Para afrontar la situación el Gobierno porteño impulsará una serie de medidas: 

La construcción de una “Alcaidía Central” en la zona sur de la Ciudad (Comuna 8). Ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras.

Se instalarán 19 ” módulos de detención”, equipados y preparados para alojar 300 detenidos. Estarán ubicados en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.

Se retomarán las obras en el “Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz” para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto, tal como se comprometió a hacerlas la Ciudad. Las obras estarán terminadas a finales de 2025.

Se incorporarán “tobilleras electrónicas”. Este mecanismo de rastreo permitirá controlar a los detenidos que están en tránsito y también a aquellos detenidos que tengan arresto o prisión domiciliaria con la garantía necesaria, ya que van a estar monitoreados las 24 horas.

Como parte de estas medidas también se están acondicionando los espacios de comisarías y alcaidías, adecuando las instalaciones de servicios existentes (sanitarias, eléctricas, climatización y de gas), para que sean más eficientes y seguras, tanto para el personal policial como para los detenidos.

En 2023 hubo 41 fugas. Este año se redujo ese número, en el primer trimestre hubo 10 aún teniendo un 22% más de detenidos por robo y hurto. Ese aumento de detenidos se debe a un cambio en la actitud de alerta de la Policía de la Ciudad, con la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (UDI), los múltiples operativos de saturación, la fuerte presencia de la Policía Motorizada y la tecnología incorporada. En lo que va de la actual gestión se detuvo a más de 80 delincuentes por día. 

La cantidad de detenidos supera ampliamente las plazas disponibles, argumentan desde la cartera de Justicia, y desde el punto de vista legal no son detenidos comunes sino que muchos ya tienen condena firme y deberían estar en un penal.

De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme, es decir, ya están condenados. 

En promedio, detienen 80 personas por día en la Ciudad

En el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y te contamos la voz oficialista y opositora sobre esta problemática de seguridad de los vecinos y vecinas.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, pusieron en contexto las causas de esta repentina fuga de diferentes comisarías de varios presos en días sucesivos y qué se está trabajando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, señaló la legisladora en una entrevista con el sitio Parlamentario.com.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, detalló.

En tanto, la legisladora al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró.

En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.

Duro informe sobre el presupuesto para personas en situación de calle

Una ONG realizó un duro pronóstico sobre el presupuesto asignado por el gobierno porteño para las personas se encuentran en situación de calle. Fue firmado por varias entidades.

Esta tendencia se confirma tanto en los relevamientos oficiales (GCBA, 2023) como en los realizados por las organizaciones de la sociedad civil, donde el 34,36% de los encuestados en 2023 manifestó que hacía menos de un año que se encontraba en esta situación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Históricamente, el GCBA como relevó el documento de ACIJ, la emergencia habitacional que realiza el Estado son políticas de atención transitoria. Es decir, a través de la provisión de alojamientos en centros de inclusión social (paradores), o con la gestión de subsidios monetarios para la gestión de un alquiler. 

Desde la entidad, entienden que en ningún caso los programas vigentes prevén soluciones habitacionales definitivas o de largo plazo, y aquellos que alguna vez existieron (como Ley 341 y la Ley 624) hace años se encuentran discontinuados o desfinanciados.

 Actualmente, los subsidios habitacionales tampoco alcanzan a cubrir los gastos del alojamiento: de acuerdo a datos de la Clínica Jurídica del CELS, esta ayuda monetaria sólo cubre un tercio del costo de alquiler de habitaciones en hoteles-pensión.

Sin embargo, en la medida en que no se actualicen las partidas presupuestarias asignadas a estos programas, incluso estas respuestas de emergencia se verán fuertemente desfinanciadas. Con las proyecciones actuales, el conjunto de las políticas de emergencia se vería reducido en un 44% en términos reales, de acuerdo a las cifras del presupuesto presentado. 

Asociaciones firmantes

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ, Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH, Barrios de Pie, Hambre No, Casa Esquina Libertad, Auge, Jóvenes de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)/Vientos de Libertad, Proyecto 7, Libres del Sur, Coordinadora Desde Abajo- CAACs Ven Seremos, Cooperativa Boca Calle, La Boca Resiste y Propone, Asamblea de Plaza Almagro, Escuela Isauro Arancibia, Isauro Arancibia Asociación Civil, Bloque de legisladoras y legisladores Unión por la Patria CABA, Grupo Bicentenario, Militancia Popular/ La Corriente Nac de la Militancia,Peronismo por la ciudad, Rodolfo Walsh, Hormiguero, Nep, Irrompibles, Grito de corazón, Red Urbana, Ciudad Sin Techo, gente en situación de calle y AIRES.