Los aportes de campaña serán bancarizados

Tonelli: “Mejoramos la transparencia en el financiamiento electoral”

La iniciativa modifica las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–. Como miembro informante, el legislador del Pro afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”.

El proyecto aprobado establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.

“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli. Sostuvo que “es un gran paso para aumentar las obligaciones de los partidos políticos e incrementar las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral”.

A su turno, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.

Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.

Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que el principal objetivo es “hacer una contribución a la trasparencia”. Subrayó que “la bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las modificaciones clave que introdujo el Senado de la Nación”.

“La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley”, concluyó Lospennato.

Por su parte, Juan Manuel López (CC) valorizó que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”, y la definió como la garantía de “transparencia” de cara a la ciudadanía.

A su turno, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”. Además, ponderó que la política es la principal herramienta de transformación social y que “debe seguir siendo sostenida desde el Estado”, dijo.

A continuación, Diego Bossio (Argentina Federal) señaló que este debate se da en un contexto en el que “la sociedad descree de la clase política nacional” porque “no encontramos soluciones” -argumentó-. “Revalorizar la política es hablar sin hipocresías y debatir lo que hay que debatir en el país”, finalizó el diputado Bossio.

Luego, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, reflexionó sobre el método de financiamiento de las campañas políticas y añadió: “Suponer que el electorado va a votar al más rico es agredir la inteligencia de los ciudandanos argentinos”. Anticipó que “nuestro bloque acompaña afirmativamente este proyecto”, aunque -señaló-  “hemos planteado nuestras disidencias”.

24 10 18 El País Debate en Diputados Presupuesto 2019 Foto Juan Manuel Foglia

En ese sentido, detalló: “Buscamos que de esos aportes privados haya un porcentaje destinado al fondo común para que los partidos políticos tengan la posibilidad de que el Estado, administrando esos fondos, los hiciera partícipe”.

Por su parte, Felipe Solá (Red por Argentina) delineó su postura: “Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley. El financiamiento de la política debe estar a cargo del Estado”, sostuvo.

Desde el mismo bloque, Daniel Arroyo definió esta discusión como “un tema central de la democracia”, aunque apuntó: “Es un proyecto que queda a mitad de camino, y no lo vamos acompañar”. Destacó como positivo que la norma propone “la bancarización de los aportes” y como punto negativo que la ley establece “la posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño afirmó que esta propuesta “no legisla sobre las principales preocupaciones del pueblo”. Y opinó que “es una ley de autoamnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios”.

Por último, el jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, recordó la modificación a la ley de financiamiento de los partidos de 2009: “Fue un avance importante, sobre todo por la incorporación de la selección de los candidatos y la mayor participación del Estado en el financiamiento electoral”, afirmó. Sobre esa base, sostuvo que la propuesta de modificación en debate “implica un fuerte retroceso en la participación del Estado, hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio”.

“No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo”, afirmó el diputado.

En la votación en particular, el Frente para la Victoria rechazó -a través de la diputada María Emilia Soria y el diputado Carlos Castagnetto- el artículo que habilita los aportes de las personas jurídicas y el recorte en la publicidad audiovisual para las campañas, entre otros puntos. Asimismo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) también se mostró en contra del aporte de las empresas en las campañas electorales.

No obstante, el oficialismo no aceptó modificaciones en el proyecto de ley y el FpV-PJ no logró reunir las adhesiones a favor de los cambios solicitados. “Tenemos sumo interés en que la ley se apruebe hoy para que quede en vigencia para el próximo proceso electoral”, explicó Tonelli al rechazar las modificaciones.

Al cierre de la sesión, el pleno de la Cámara giró el proyecto de ley de Acceso a la Justicia Colectiva a la instancia de Comisiones, a pedido del diputado José Luis Ramón. “Sería oportuno convocar a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión informativa”, solicitó Ramón, antes de que su propuesta fuera aceptada.
 

OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY

El proyecto aprobado en general establece otras modificaciones en relación a las campañas electorales:

*) Respecto a la publicidad, se reducen del 10 al 5 % del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales. En ese sentido, se establece la atribución de la Cámara Electoral para controlar la publicidad digital.

*) Las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.

*) El texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.

*) En tanto, establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente: se agrega el porcentaje del 30% destinado a la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.

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Franco Colapinto y el espejo de Juan Manuel Fangio: pasado glorioso y futuro en construcción del automovilismo argentino

La reciente exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no fue solo un espectáculo para fanáticos: también reavivó una comparación inevitable con Juan Manuel Fangio, el máximo ícono del automovilismo nacional y uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1.

A sus 22 años, Colapinto representa una nueva generación que vuelve a ilusionar a la Argentina con tener protagonismo en la elite del automovilismo mundial. Su presencia al volante de un monoplaza en plena ciudad, rodeado de miles de personas, evocó inevitablemente aquellas épocas en las que Fangio dominaba la Fórmula 1 con una autoridad que aún hoy resulta difícil de igualar.

La comparación, sin embargo, exige contexto. Fangio construyó su leyenda en una Fórmula 1 muy distinta, en los años 50, cuando la categoría daba sus primeros pasos y el riesgo era parte constitutiva del oficio. Con cinco títulos mundiales —una marca que se mantuvo como récord durante décadas—, el balcarceño no solo ganó campeonatos: definió un estándar de excelencia basado en inteligencia, técnica y templanza.

Colapinto, en cambio, todavía está escribiendo su historia. Su recorrido por categorías formativas en Europa y su inserción en la órbita de equipos de Fórmula 1 lo posicionan como una de las mayores promesas argentinas de las últimas décadas. Pero el salto definitivo —ese que lo lleve a competir de manera estable en la máxima categoría— sigue siendo el gran desafío.

Más allá de los resultados, hay un punto de contacto clave entre ambos: la capacidad de generar identificación. Fangio lo hizo en un país que encontraba en el automovilismo una épica moderna; Colapinto lo logra en una era dominada por las redes sociales y el espectáculo global, donde cada aparición tiene impacto inmediato.

La exhibición en Buenos Aires también funcionó como un puente simbólico. La presencia de una réplica de la histórica “Flecha de Plata”, asociada a las hazañas de Fangio, no fue casual: buscó conectar el legado de una era dorada con la expectativa de un futuro posible. Pero si Fangio representa la certeza de la gloria, Colapinto encarna la incógnita. Y en esa diferencia radica, quizás, el mayor atractivo de la comparación. Mientras uno ya es historia consagrada, el otro es una promesa en desarrollo que necesita tiempo, resultados y contexto para acercarse —aunque sea parcialmente— a ese legado.

Argentina, mientras tanto, vuelve a mirar la Fórmula 1 con atención. Y aunque el peso del apellido Fangio siga siendo inalcanzable, la irrupción de Colapinto abre una puerta que parecía cerrada: la de volver a tener un protagonista propio en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Reclamo de intendentes por más fondos para las rutas que causan “muertes por accidentes de tránsito”

Intendentes de 200 ciudades del país se movilizaron este martes a las puertas del Ministerio de Economía para entregar un petitorio en el que denunciaron el desastre en la rutas que ya causan decenas de muertes, con el agravante que Toto Caputo se queda con los fondos del impuesto al combustible que por ley están asignados a mantener y reparar el sistema vial. 

Un monto que en los más de dos años de gobierno de Milei hubiera alcanzado para reparar todas las rutas del país, pero que el ministro se traga para dibuja un superávit a fuerza de violar leyes y abandonar deberes básicos del Estado.

La movida fue impulsada por el ministro de de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, pero logró sobre este lunes el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que dirige Fernando Espinoza, y logró la adhesión de intendentes de todo el país.

Un dato relevante fue que participaron intendentes del peronismo, pero también estuvieron alcaldes vecinalistas y una comitiva del Foro de Intendentes radicales.  Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas-

Como anticipó el medio LPO, entre los planteos centrales se incluyó retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo y que el Gobierno haga las obras que está obligado por ley a partir de lo que recauda del Impuesto PAIS y el Impuesto a los Combustibles. “El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos”, denunció Katopodis.

Pero, además de eso, los intendentes apuntaron contra el Gobierno por el derrumbe de la coparticipación que golpea directo en las arcas municipales que, a la vez, ya sufren en muchos casos una reducción de la cobrabilidad de tasas frente a la recesión generalizada.

“Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas”, dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas por Nación y frenar el recorte de fondos a provincias y municipios”.

Más tarde, varios intendentes se dirigieron a la sede de la FAM, donde se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

El Gobierno eliminó los planes sociales: qué cambia y cómo impacta la nueva política

La decisión de terminar con los planes sociales marca un giro en la política asistencial del Gobierno porteño de Jorge Macri. Impulsa un nuevo esquema basado en empleo y control del gasto generando debate sobres los efecto de eliminar los planes sociales y crea un programa de capacitación y empleo.

La medida alcanzará a unas 5 mil personas y prevé una transición de un año. Incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral

La iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los “gerentes de la pobreza”.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri. 

Uno de los principales cambios de esta nueva medida es la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.

Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.

Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.

Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.

Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Aysa
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