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La asociación de consumidores advierte por la tarifa de gas

Juan Diego Gonzalez Morales, integrante de Consumidores Responsables brindó detalles sobre la participación que realizaron en la audiencia pública N°104 solicitada por Camuzzi Gas Pampeana sobre la cual adelantó que es “irrazonable y confiscatoria ya que van a resultar imposible de pagar boletas con estos aumentos”.

En este sentido, Gonzalez Morales sentenció que: “Nadie va a poder pagar la factura de gas en los próximos meses”, y al mismo tiempo denunció que “los planteos son abusivos e irresponsables”, sotuvo en diálogo con Radio Provincia 1270.

Seguido, indicó que el pedido de aumento de la empresa “involucra a todos los usuarios”, y destacó que esta instancia es importante porque a pesar que la audiencia pública no es vinculante pero sí una obligación que “nos permite expresarnos (…) Pretendemos que no se transforme en una escribanía y que sirva para definir la factura que van a pagar los usuarios”.

Gonzales Moralez, aseveró que “hay que cambiar el paradigma de la discusión tarifaria”, ya que siempre “se plantea cuánto necesita aumentar una empresa para generar inversiones”, en tanto que “la discusión se tiene que dar desde el usuario, ser más humana y concreta” y preguntarse “cuánto puede pagar el usuario porque se pretende pagar un servicio que es un derecho humano porque es un servicio público esencial”.

En otro sentido, reconoció que de aplicarse este esquema de las empresas y el gobierno “el aumento va a ser confiscatorio porque va a tener un ingreso demasiado alto para pagar las tarifas de servicio público”, agregó que “en este contexto económico es tirar nafta al fuego”.

Por último, develó que aún, y a pesar de los pedidos de informes no se sabe el valor del precio del gas a la entrada del sistema de transporte, además que se sostiene que con la construcción del gasoducto debería mejorarse el servicio y bajar el valor pero hoy por hoy reconoció que “los usuarios pagaban el 17% porque el resto estaba subsidiado ahora van a pagar el 100%y esto le pega en los dientes a los usuarios”.

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Crímenes de lesbodio en Barracas: murió otra mujer tras el incendio intencional

Murió otra de las mujeres víctima del ataque de lesboodio en Barracas: tenía quemaduras en el 75% del cuerpo

La fallecida es Andrea Amarante, de 42 años, quien permanecía internada en grave estado en el Hospital Penna con el 75 por ciento del cuerpo quemado. La Federación Argentina LGBT+ aseguró que el hecho constituye “uno de los crímenes de odio más aberrantes de los últimos año

Andrea Amarante falleció hoy tras permanecer días internada en grave estado en el Hospital Penna con el 75% del cuerpo quemado. Se trata de una de las cuatro víctimas del ataque homofóbico que ocurrió el pasado lunes por la madrugada en una pensión del barrio porteño de Barracas, provocado por Justo Fernando Barrientos. 

Se trata de la tercera víctima fatal a manos del lesbicida Justo Fernando Barrientos, quien el lunes de la semana pasada -tras varios meses de hostigamiento- arrojó un explosivo a la habitación de cuatro mujeres lesbianas mientras dormían: Amarante (42), Pamela Cobas (52), Roxana Figueroa (52), las tres fallecieron, y Sofía Castro Riglos (49), permanece internada.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14. El hombre fue detenido y tenía lesiones generadas por una sierra que tenía en su poder y con la que la policía consideró que se había autolesionado. 

En nuestro país, según el informe anual presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, a cargo de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, junto a la Federación Argentina LGBT, durante 2023 se registraron 133 crímenes de odio, cifra que evidencia un aumento sostenido en el tiempo teniendo en cuenta que en 2022 ocurrieron 129 crímenes con estas características, mientras que en 2021 120. De los crímenes de 2023 el 68% corresponde a lesiones al derecho a la vida (asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural), y, si analizamos las víctimas, las personas más afectadas siguen siendo las mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) en el 88% de los casos. 

Jorge recalcula ante la fuga de presos y lanzó nuevas medidas

Una nueva alcaidía, módulos de detención y tobilleras, las medidas que lanzó el Gobierno de la Ciudad por la superpoblación en comisarías y las fugas de presos durante el mes de abril. Acuerdo con Nación.

El gobierno porteño de Jorge Macri aseguró que “la herencia recibida” tanto en Ciudad como en Nación con los presos alojados en comisarías ha llegado a una situación crítica.

Para tomar dimensión, en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay más de 2.000.

Además, hoy en las comisarías de la Ciudad hay 340 “delincuentes extranjeros”, muchos de ellos con condena. “Es necesario que la Justicia pueda acelerar los trámites para extraditarlos”, piden desde el ministerio de Justicia a cargo de Waldo Wolff y Diego Kravtez.  

Para poder llevar adelante estas medidas, el Gobierno porteño avanzará en un Decreto de Emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

Para afrontar la situación el Gobierno porteño impulsará una serie de medidas: 

La construcción de una “Alcaidía Central” en la zona sur de la Ciudad (Comuna 8). Ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras.

Se instalarán 19 ” módulos de detención”, equipados y preparados para alojar 300 detenidos. Estarán ubicados en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.

Se retomarán las obras en el “Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz” para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto, tal como se comprometió a hacerlas la Ciudad. Las obras estarán terminadas a finales de 2025.

Se incorporarán “tobilleras electrónicas”. Este mecanismo de rastreo permitirá controlar a los detenidos que están en tránsito y también a aquellos detenidos que tengan arresto o prisión domiciliaria con la garantía necesaria, ya que van a estar monitoreados las 24 horas.

Como parte de estas medidas también se están acondicionando los espacios de comisarías y alcaidías, adecuando las instalaciones de servicios existentes (sanitarias, eléctricas, climatización y de gas), para que sean más eficientes y seguras, tanto para el personal policial como para los detenidos.

En 2023 hubo 41 fugas. Este año se redujo ese número, en el primer trimestre hubo 10 aún teniendo un 22% más de detenidos por robo y hurto. Ese aumento de detenidos se debe a un cambio en la actitud de alerta de la Policía de la Ciudad, con la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (UDI), los múltiples operativos de saturación, la fuerte presencia de la Policía Motorizada y la tecnología incorporada. En lo que va de la actual gestión se detuvo a más de 80 delincuentes por día. 

La cantidad de detenidos supera ampliamente las plazas disponibles, argumentan desde la cartera de Justicia, y desde el punto de vista legal no son detenidos comunes sino que muchos ya tienen condena firme y deberían estar en un penal.

De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme, es decir, ya están condenados. 

En promedio, detienen 80 personas por día en la Ciudad

En el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y te contamos la voz oficialista y opositora sobre esta problemática de seguridad de los vecinos y vecinas.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, pusieron en contexto las causas de esta repentina fuga de diferentes comisarías de varios presos en días sucesivos y qué se está trabajando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, señaló la legisladora en una entrevista con el sitio Parlamentario.com.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, detalló.

En tanto, la legisladora al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró.

En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.