C.A.B.A.: Quejas por el aumento indiscriminado de parquímetros

El gobierno de Larreta está esperando el momento para dar el zarpazo al bolsillo de los porteños. Los estacionamientos medidos pasarán de 4 mil a 85 mil, lo que redunda en un abultado ingreso para las arcas de la ciudad de Buenos Aires de 8 mil millones de pesos sumado al negocio de acarreo de las grúas. Ya hay movidas en Charge.org y una web que pide #noalosparquimetros. Sumadas a las críticas de legisladores de la oposición.

El gobierno porteño continúa con su proyecto de tarifar el uso del espacio público para estacionar habiendo encontrado la manera de avanzar con la instalación de los parquímetros más allá de la decisión judicial que los había suspendido.

Hace un año, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la modificación a la Ley 5.728 sobre concesiones de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, dejando vía libre para extender el estacionamiento medido al 45% de las calles de la Ciudad. Además, se autorizó la creación de once nuevas playas de acarreo.

En la medida en que los vecinos se van enterando, se suman a la protesta mediante el hashtag #NoaLosParquimetros en las redes, y también sumando su firma a la petición de Change.org https://www.change.org/p/horaciorlarreta-no-a-los-parquimetros-en-los-barrios-de-la-ciudad-de-buenos-aires. Tal vez, si son muchos los que firman, el gobierno reconsidere su medida, según reproduce el medio Palermio.

La mayoría de la gente no sabe cuánto va a tener que pagar por estacionar en la puerta de su casa. Y esto va a llevar a que muchas personas terminen vendiendo el auto, porque la trampa es que si bien vas a poder estacionar hasta 200 metros de tu casa, cada cuatro horas tenés que renovar el estacionamiento. Con cuatro renovaciones diarias y 88 al mes, el frentista en algún momento se va a olvidar, la grúa se va a llevar el auto y va a tener que pagar la multa y el acarreo.

Para saber si vas a tener un parquímetro en la puerta de tu casa,
o de la de tu oficina, podés ingresar a esta web y comprobarlo ingresando tu dirección www.noalosparquimetros.com

Desde la ONG Proto Comuna Caballito poniendo el grito en el cielo: “Si bien habrá una tarifa progresiva (1 y 2), una tarifa simple y un beneficio para el residente, el estacionamiento pago va a afectar a los comercios así como a quienes dejen el auto en la calle porque nada les asegura que tengan lugar disponible cada vez que lo necesiten cerca de su casa”, dijo Gustavo Desplats.

“Van a llegar a 120 mil, esto es un aumento del 3000 por ciento. Y con una tarifa que alcanzará los 20 pesos por hora o más. Un negocio de 8000 millones de pesos por fichas y otros 8000 millones por acarreo que van a pagar los vecinos”, dijo el coordinador de la ONG que siguió el tema desde sus inicios.

Visiblemente enojado, Desplats expresó que “es un sistema pensado para recaudar y sacarle dinero a la gente. Una gran transferencia de los bolsillos de los porteños y los bonaerenses a las empresas y para garantizarle una renta a la Ciudad”.

Negocio redondo

“Alrededor del estacionamiento medido y de las grúas hay tres grandes negocios”, aseguró Desplats. “Está el negocio de la recaudación del espacio para estacionar que se va a realizar a través de un sistema de unidades multripróposito que es digital; está el negocio de las multas y en tercer lugar el del acarreo. Porque vos podrías también tener estacionamiento medido y multas, pero no tenés por qué tener acarreo. La multa equivale a 200 horas de estacionamiento. Es el negocio de las empresas”, sostuvo Desplats.

La legisladora porteña María Rosa Muiños denunció que a pesar de que el Gobierno de la Ciudad se negó a responder los pedidos de informes realizados por ella, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 2 de julio de este año un vecino de la CABA pudo saber que cada una de las empresas paga un canon mensual de 55 mil pesos al gobierno por las concesiones de acarreo y grúas.

Sin embargo, como la ley establece que para acarrear un auto debe intervenir un agente público, el propio Gobierno de la Ciudad tiene asignados 118 agentes de tránsito a la operación de la empresa BDR y 96 a la empresa Dakota. Pocas semanas atrás, cuando Eugenio Veppo atropelló a Cinthia Choque y a Santiago Siciliano, las condiciones de trabajo de los agentes quedaron expuestas. Además de estar hiper precarizados, cobran salarios de alrededor de los 20 mil pesos.

Es decir, que el canon mensual que abonan las empresas, sólo llegaría a cubrir poco más de dos sueldos por mes que, además, paga el gobierno. La empresa Dakota, según el mismo informe, realiza alrededor de 7100 acarreos mensuales, mientras que BDR 7000. Es decir que, si se estima el costo actual de 1800 pesos por acarreo, Dakota estaría recaudando alrededor de 12,78 millones de pesos mensuales y BDR 12,6 millones por mes.

“Podemos hacer un cuadro de situación interesante: las playas las pone la ciudad, los sueldos los paga la ciudad, los agentes de tránsito los provee la ciudad y las ganancias se las llevan estas dos empresas desde hace 28 años en una situación absolutamente irregular”, sostuvo Muiños.

En el mismo sentido, el legislador Sergio Abrevaya señaló: “Probablemente el de la grúa es uno de los negocios más importantes. La grúa tiene sentido cuando necesitás remover el vehículo. ¿Por qué removerías el vehículo? Porque está obstruyendo el tránsito. Esta razón fundamental no está en la ley que permite las licitaciones. La razón fundamental en esta ley que permite las licitaciones para la ecuación económica parquímetro-grúa está en sacar al que no pagó. Esto no tiene nada que ver con el tránsito”

“Estamos hablando de un negocio de 20 mil millones de pesos al año, si sumamos las multas. Es una gran estafa, que no la implementan ahora por las elecciones. La tarifa de estacionamiento se incrementó 200 por ciento en los últimos 3 años, y llegara 20 pesos por hora» o más porque esa estimación fue hecha antes de la megadevaluación”, agregaron desde Proto Comuna Caballito.

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Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores

A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.

De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.

En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.

Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.

Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.

La Policía de la Ciudad atrapó a delincuentes de una banda organizada que robó a un empresario

La Policía de la Ciudad puso fin a una banda altamente organizada que robó en agosto último millones de pesos y un lujoso reloj a un empresario en Balvanera. Detuvo a dos de sus integrantes durante una serie de allanamientos en Capital y el conurbano, en los que se secuestraron joyas, dinero, vehículos y una gran cantidad de equipos de comunicaciones.

La dilucidación del caso estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad, tras casi dos meses de averiguaciones y la realización de tres allanamientos simultáneos en el barrio porteño de Caballito y en las localidades bonaerenses de Merlo y Lanús. 

El 8 de agosto al mediodía un empresario del rubro farmacéutico bajaba de su auto dentro de un garaje en Moreno al 3000, en Balvanera, y un sujeto le robó a mano armada la mochila Louis Vuitton que cargaba, tras lo cual salió corriendo y se subió a una moto con otro hombre que la manejaba.

En la denuncia ante la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad el damnificado contó que llegaba de una reunión en Palermo y en la mochila tenía 8 millones de pesos y un reloj Rolex valuado en miles de dólares, con lo cual los efectivos vislumbraron que no había sido un arrebato al voleo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo del Dr. Marcelo Martín Retes, Secretaría del Dr. Hernán Leandro Gorosito, dispuso la intervención de los detectives de la DIC3 para dar con los autores.

La investigación dio que no solo estaban involucrados el autor material del robo y el conductor de la moto, sino que también hubo otros dos involucrados y sendos autos de apoyo y un andamiaje bien preparado, dando cuenta que sabían que la víctima iría a esa reunión y saldría con el dinero. Con esos autos y la moto siguieron a la víctima hasta dejar su vehículo en el garaje de Once.

Si bien ambos vehículos Citroën, no llevaban las patentes, el trabajo con cámaras de seguridad permitió recabar qué pasó en los momentos previos al asalto, lo cual fue fundamental para la pesquisa.

Los investigadores lograron determinar que los Citroën sin patentes que había utilizado la banda para dar cobertura a los delincuentes en moto, fueron abordados a varias cuadras del edificio en Palermo donde luego iba a salir la víctima. Los dos sujetos antes de subirse a los automóviles, llegaron uno en un Fiat Uno, y otro en una camioneta Volkswagen Amarok, los dos vehículos que fueron secuestrados en dos de los allanamientos.

El trabajo con imágenes y el cruzamiento de datos permitió lograr las identidades de tres de los involucrados por lo cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42, a cargo de la Dra. Ángeles Mariana Gómez Maiorano, Secretaría N°106 del Dr. Juan Pablo Carovano, ordenó los tres allanamientos, vía exhorto ante los Juzgados de Garantías N° 2 de Morón y N° 2 de Lanús.

Uno de los procedimientos fue realizado en un departamento de la calle Valle al 300 en Caballito, donde fue detenido uno de los sospechosos, que sería quien habría conducido uno de los vehículos. También, en un garaje cercano fue secuestrado el Fiat Uno. En este domicilio los oficiales incautaron cuatro celulares, dos de ellos Iphone 16, un anillo, una cadena, dos dijes y 600 dólares.

Otro de los involucrados fue detenido en Viena al 1000, en Merlo, donde los efectivos secuestraron cuatro radios de comunicación Motorola con dos cargadores, cuatro celulares, dos de ellos Iphone, cinco cartuchos de escopeta calibre 32, 413 dólares y la camioneta Amarok.

El tercer allanamiento, fue en un departamento en Lanús, donde fueron secuestrados tres celulares, pero no se encontró al involucrado por lo cual pesa sobre él, un pedido de captura.

Además de detectives de la DIC3, en los procedimientos en el conurbano participaron por jurisdicción, efectivos de la Comisaría 2da. de Lanús y la Comisaría 1ra. de Merlo.

Polémicas por las vacantes en las escuelas y el rechazo de alumnos

La Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, realizó hoy una reunión de trabajo para abordar un proyecto que propone la modificación de la Ley 2.681.

La iniciativa, impulsada por la diputada María Graciela Ocaña junto a legisladores de distintos bloques, busca establecer nuevas regulaciones en materia de vacantes y procesos de inscripción en las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. El objetivo central, según los considerandos de la propuesta, “es garantizar mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.

Los puntos principales del proyecto proponen prohibir rechazos arbitrarios, estableciendo que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no podrán negar inscripción o reinscripción sin justa causa y en caso de que exista una, describir detalladamente la definición de “justa causa”: solo será válida si no contradice derechos constitucionales, de la CABA ni tratados internacionales (en especial, de niñez y discapacidad).

También habilita a las familias a que tengan el derecho a pedir esos fundamentos ante una negativa y crear un Registro Público de Vacantes, donde el Ministerio de Educación deberá crearlo y publicarlo. Allí debe constar la cantidad de vacantes disponibles en cada curso y escuela para dar mayor transparencia.

Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes de instituciones y madres y padres de niños/as con discapacidad. Entre ellos, participaron Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (Tea Activa), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del MPT), el Dr. La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el Dr. Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial) y distintas familias que compartieron sus experiencias.

El debate giró en torno a los límites entre la gestión estatal y privada en materia de educación inclusiva, donde algunos especialistas destacaron la necesidad de resguardar la autonomía de las instituciones, mientras que organizaciones sociales y familias remarcaron las dificultades que enfrentan cuando se rechaza la inscripción de un niño con TEA, dislexia u otras condiciones, sin una explicación clara. Se señaló que muchas veces esas negativas no quedan asentadas por escrito, lo que impide reclamar, y que la falta de información transparente sobre las vacantes genera incertidumbre y exclusión.

La reunión permitió recoger distintos puntos de vista y aportes que nutran el trabajo legislativo en torno a la propuesta en debate, que seguirá siendo analizada en la Comisión. Antes del cierre, el diputado Siciliano, recordó que “el próximo martes a las 14:00 se realizará una nueva convocatoria para seguir dialogando en la búsqueda de un proyecto mejor”.