La Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires presentó un informe en el que sostiene que “los agentes con necesidades especiales ascienden al 0,86 por ciento del total” del universo del Poder Ejecutivo porteño, lejos del cupo del 5% estipulado por la ley 1.502 promulgada en 2004.
El documento, remitido a la Legislatura porteña, fue aprobado por unanimidad en el organismo de control, que afirma que sólo 1.324 sobre 154.366 agentes que se desempeñan en el gobierno porteño son personas con discapacidad, cálculo que toma en cuenta a aquéllos empleados que revisten en el escalafón general, en la carrera profesional hospitalaria y bajo el Estatuto del Docente.
La ciudad de Buenos Aires establece el cupo laboral en el artículo 42 de su Constitución y mediante la 1.502 estableció que la incorporación de personas con discapacidad debe ser gradual y progresiva hasta 2009, es decir al cabo de un lustro de su promulgación.
Pero una década después de vencido el plazo, el Gobierno porteño “no cumple con el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la ley 1.502 en relación a la totalidad del personal que revista en la planta permanente”, advierte el informe de la Auditoría General.
El informe aclara que la información fue recolectada entre fines de 2018 y principios de este año y abarca al 95,68% del total de empleados públicos de la ciudad.
Fuente: Télam