CABA. El Gobierno porteño está lejos del cupo laboral para personas con discapacidad, afirma la Auditoría.

La Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires presentó un informe en el que sostiene que “los agentes con necesidades especiales ascienden al 0,86 por ciento del total” del universo del Poder Ejecutivo porteño, lejos del cupo del 5% estipulado por la ley 1.502 promulgada en 2004.

El documento, remitido a la Legislatura porteña, fue aprobado por unanimidad en el organismo de control, que afirma que sólo 1.324 sobre 154.366 agentes que se desempeñan en el gobierno porteño son personas con discapacidad, cálculo que toma en cuenta a aquéllos empleados que revisten en el escalafón general, en la carrera profesional hospitalaria y bajo el Estatuto del Docente.

La ciudad de Buenos Aires establece el cupo laboral en el artículo 42 de su Constitución y mediante la 1.502 estableció que la incorporación de personas con discapacidad debe ser gradual y progresiva hasta 2009, es decir al cabo de un lustro de su promulgación.

Pero una década después de vencido el plazo, el Gobierno porteño “no cumple con el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la ley 1.502 en relación a la totalidad del personal que revista en la planta permanente”, advierte el informe de la Auditoría General.

El informe aclara que la información fue recolectada entre fines de 2018 y principios de este año y abarca al 95,68% del total de empleados públicos de la ciudad.

Fuente: Télam

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Control vehicular: 56 detenidos y 3800 autos secuestrados

La “Patrulla de Control de Accesos” de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos en sus primeros dos meses de actividad, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

Del total de personas identificadas, 56 quedaron detenidas por delitos como robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo, entre otros.

En algunos casos su identificación permitió constatar que contaban con requerimientos judiciales y en otros se los detuvo en flagrancia.

Esta patrulla especializada puesta en funcionamiento el 8 de septiembre pasado tiene la tarea de identificar vehículos y personas para detectar elementos que indiquen una posible vinculación con actividades delictivas, como la tenencia de armas o drogas, o hallar a individuos con pedidos de captura y controlar infracciones de tránsito.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 10 meses de 2025.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados: 1.098 de ellos eran autos y 2.728 motos.

Cada patrulla cuenta con un móvil, dos motos, ocho policías, dos camiones asignados a remolque y el apoyo de dos patrulleros por turno con dos agentes cada uno. También intervienen Agentes de Tránsito de Seguridad y la División K9 de perros adiestrados.

Las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Clonaban tarjetas para sacar pasajes de avión

La Policía de la Ciudad desarticuló una “usina de clonación de tarjetas” de débito y crédito, utilizada para estafar a víctimas a través de venta de pasajes de avión.

La pesquisa estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que logró la detención del cerebro de la banda durante un allanamiento a una casa en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde fueron incautadas más de trescientas tarjetas entre clonadas y en blanco, equipos tecnológicos, como máquinas de copiado y transferencia de datos en bandas magnéticas, un postnet y un revólver.

Todo se inició a partir de una denuncia de un hombre que descubrió débitos por compras de pasajes de avión a Brasil  a una plataforma que nunca había hecho, lo cual quedó a investigación de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes.

Los especialistas en cibercrimen de la Policía de la Ciudad, convocados por esa fiscalía, avanzaron con la delimitación de los consumos, identificando a las empresas de aviación comercial que habían emitido los pasajes, identificando a los pasajeros, origen, destino y los datos de conexión de los pagos.

Tras confirmarse por Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el pasajero que había viajado con aquella compra fue convocado a la sede de la fiscalía, ratificando que había viajado y que compró el pasaje mediante un  “conocido de un conocido” que decía tener agencia de viajes y que vendía pasajes más baratos, argumentando que poseía un “sistema de millas” que le permitían venderlos más económico.

Como el pago el cliente lo hacía por transferencia, el dinero quedaba para el estafador y el pago a las empresas de viajes lo hacía con las tarjetas clonadas de las víctimas.

Los investigadores continuaron las averiguaciones, logrando contactar a unas siete personas que habían viajado de esa forma, la mayoría confirmando que el contacto era por vía perfil de whatsapp, hasta que los detectives lograron dar con un cliente que hizo el pago personal en el domicilio de Ituzaingó.

Con ese dato la fiscalía solicitó el allanamiento a esa finca del oeste bonaerense donde fue detenido el cerebro de la maniobra y fue descubierta la usina de clonación, y la identificación de dos mujeres que se hallaban en el lugar.

Además de 33 tarjetas clonadas impresas listas para ser utilizadas a nombre de los imputado, de distintas entidades bancarias, otras 259 tarjetas en blanco fueron incautadas.

También secuestraron una máquina de grabado en relieve, una de aplicación de tinta metálica que se utiliza para falsificar los hologramas, una posnet, una notebook, un pendrive, un revólver calibre 22 largo con número de serie suprimido, siete proyectiles de ese calibre, cuatro celulares y 10.550 pesos.

Vental ilegal de ropa: mega operativo de Once

En el marco de una investigación por venta ilegal llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, se realizaron inspecciones integrales simultáneas en locales comerciales de la zona de Once de esta ciudad. 

A partir de los procedimientos se secuestraron casi 10 mil elementos apócrifos –indumentaria, gorras y lentes- de marcas tales como Puma, Nike, Jordan, New Era, New York, Tommy Highfilger, NBA, NFL, MLB, PGA, Lacoste, Oakley, Calvin Klein, Harlem, Versace, Channel y Ray Ban, entre otras, por un valor estimado de mercado de 100 millones de pesos ($ 100.000.000,00.).

Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35 y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).

El fin de los procedimientos es constatar la venta de productos de indumentaria, calzado y lentes apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones pertinentes, los cuales son puestos en el mercado legal irregularmente.

Los responsables de los comercios fueron sujetos a proceso penal por parte de la Fiscalía. A su vez, los organismos intervinientes labraron diversas actas de intimación y solicitaron adecuaciones a las normativas vigentes que regulan la habilitación y autorización de actividades económicas en CABA y el sistema de autoprotección y seguridad de los establecimientos/edificios ante riesgos y emergencias.