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Siguen prohibidos los despidos hasta el 30 de junio

Publicado en mayo 27, 2021

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la reunión semanal de Gabinete económico en la que se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días.

La mesa estuvo integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

El presidente Alberto Fernández encabezó la reunión semanal de Gabinete económico en la que se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días.

La agenda de la reunión tenía como temas principales aquellos que vienen siendo tratados durante los últimos encuentros del Gabinete económico, en especial la cuestión del alza de precios y la coyuntura económica durante la pandemia, pero el principal anuncio fue la extensión de la suspensión de despidos.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Jefe de Estado e integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Luego de la reunión la vicejefa de Gabinete económico, Ceclila Todesca Bocco, aseguró que «se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola, es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas”.

Agregó que «a partir de ayer está abierta la inscripción al REPRO, que es una política muy importante, porque nosotros pagamos una parte de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que se anotan en esos programas. Los que se tienen que anotar son los empresarios, y entonces el Gobierno paga una parte de los salarios”.

Claudio Moroni y Matías Kulfas, ministros de Trabajo y Producción encargados de las medidas de asistencia económica.

Manifestó que “en los sectores críticos paga hasta 22 mil pesos por trabajador, la inscripción es hasta el primero de junio inclusive. También se pueden anotar los monotributistas y autónomos, así como el mes pasado lo hicimos con los monotributistas del sector gastronómico, ahora se amplía a un gran universo que incluye culturales, transporte, comercios de cercanía, algunos servicios. Los empresarios también pueden recibir estos 22 mil pesos que le pueden servir para pagar algunos gastos”.
“Tenemos también la reducción de las contribuciones patronales, que ya fue prorrogada para los sectores críticos de acá hasta fin de año”.

En referencia a la Tarjeta Alimentar, la funcionaria explicó que «se pagó el viernes pasado a las personas que ya tenían el plástico de la Tarjeta Alimentar, ya se hicieron los depósitos para las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos. Para quienes no tienen la tarjeta alimentar, este mismo monto que le corresponde que son, 6, 9, o 12 mil pesos de acuerdo a que tengas un hijo, dos, tres o más, se va a depositar a través de la AUH de aquí hasta el tres de junio. Las familias no tienen que hacer ningún trámite, lo hace la ANSES, en base a los datos que tiene cruzados. Esto alcanza a casi a 4 millones de niños y niñas de la Argentina, y creemos que es una buena plataforma para este momento”.

Al momento de abordar la cuestión inflacionaria, Todesca indicó que desde el Gobierno hicieron “un repaso de la situación de la inflación, de las herramientas que tenemos en esta situación en particular, con un gran aumento de los precios internacionales, y el golpe de eso sobre la Argentina. Es importante que seguimos manteniendo el sistema de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad. Son buenos productos, y es una canasta que representa el consumo de los argentinos”.

Agregando que se está “trabajando en la ley de góndolas, que es que cuando la góndola, cuando vas al supermercado no esté ocupado solo por dos o tres empresas más grandes, sino que haya productos de las pymes y de la economía popular. Esto lleva tiempo de implementarse pero es un cambio sustantivo porque vas a tener más oferta, y si hay más oferta, hay más competencia y todos tienen más oportunidades. Seguimos discutiendo cómo equilibrar las oportunidades de exportación que tiene el país como gran productor de alimentos, con el mercado interno. Ahí estamos trabajando porque eso afecta muy fuerte en el bolsillo de las familias”.

Todesca también se refirió a la situación fiscal, asegurando que se verificó «un aumento importante de los ingresos tributarios que tienen que ver con dos factores: modificaciones que se hicieron en la ley de solidaridad social y reactivación productiva, y ganamos casi un punto de PIB en impuestos progresivos y a su vez, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, eso también nos ha dado un incremento de los ingresos fiscales. Se suma a eso los derechos de exportación que es la contracara del aumento de los precios internacionales”.

En este marco, “todos estos ingresos que tenemos están siendo afectados, nosotros tenemos un gasto por encima del presupuesto, equivalente a 1,3 del PIB, son más o menos 480 mil millones de pesos, y por supuesto que este número lo vamos mirando en base a las distintas herramientas que nos piden el presidente y el jefe de gabinete que pongamos en práctica mientras tengamos que ir todavía teniendo algunas restricciones de índole sanitaria. Es el tiempo que necesitamos para que avance la vacunación. Toda esta recaudación extra que tenemos la vamos a usar, y la estamos usando, justamente para esto”.

Por último, respecto de los controles de AFIP, Todesca dijo que se «avanzó en controles de la cadena de alimentos y en particular de la carne. Son inspecciones de rutina, pero para nosotras es importante saber qué pasa en estos sectores, porque como sabemos a veces pasan cosas raras que terminan teniendo impacto sobre los precios que hacen que la gente pueda comprar menos de lo podría comprar, y eso no es justo”.

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Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Publicado en septiembre 3, 2025

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura. La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

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Roedores por la Ciudad y pedido de informes

Publicado en agosto 25, 2025

Si bien el Gobierno porteño informó que en 2024 se realizaron 94.135 operativos de desratización en la vía pública y espacios verdes, el legislador señaló que las cifras actuales muestran la necesidad de reforzar la capacidad estatal, especialmente frente a la acumulación de basura, los contenedores desbordados y el mantenimiento deficiente de desagües y terrenos baldíos.

Andrés La Blunda, legislador porteño de Unión por la Patria, pidió al Gobierno de la Ciudad que brinde información por la “proliferación” de roedores en los distintos barrios.

Las ratas son una de las plagas urbanas más comunes y, a la vez, más riesgosas para la salud. No solo generan daños materiales en una vivienda al roer cables, muebles o alimentos, sino que también pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, hantavirus o salmonelosis. Prevenir su aparición es fundamental para mantener un hogar seguro y saludable.

Entre otros puntos, se solicita: «Cuáles son los planes y acciones de desratización, por comuna, que se han implementado en el último año; si existe algún convenio vigente con empresas privadas para realizar tareas de control de roedores; si existen indicadores trimestrales o anuales sobre denuncias vecinales relacionadas con aparición de roedores, y qué instrumentos de monitoreo se utilizan».

“Empresas de fumigación han informado un notable aumento en la demanda de servicios, indicando que la situación es alarmante: la población de roedores en la Ciudad estaría apenas un 25 % por debajo de la estimada en la ciudad de Nueva York, una metrópolis con una célebre problemática en esta materia”, fundamenta el pedido de informes.

El texto firmado por La Blunda cita estos datos: “Aumento del 40 % en las denuncias vecinales relacionadas con roedores a través de la aplicación BA Denuncia o canales similares en el último año, según registros del GCBA (datos estimados a julio de 2025). Creación de más de 150 nuevos focos detectados en zonas de espacio público, especialmente en parques y márgenes de arroyos entubados, lo que equivale a un incremento del 30 % respecto al año anterior, según reportes internos de empresas de control de plagas”.

“A pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha informado2 que ha ejecutado su Plan Integral de Control de Plagas, con el que lleva realizados más de 60.028 operativos de desratización a lo largo del año, siendo que en 2024 fueron 94.135 en toda la vía pública y espacios verdes de la Ciudad, los datos mencionados ut supra, demuestran la urgencia en fortalecer la capacidad estatal en el abordaje del problema”, se mencionó.

“Urge avanzar con transparencia, coordinación y eficiencia en políticas de prevención, limpieza, promoción de la denuncia ciudadana y campañas de concientización. Contar con datos claros permitirá evaluar la eficacia de las acciones actuales y ajustar estrategias en base a resultados concreto”, finaliza el pedido de informes.

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La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

Publicado en agosto 15, 2025

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud.

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta.

Continúa el reclamo de los enfermeros porteños

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista.

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia.

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”.

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.