La Policía de la Ciudad allanó dos locales ubicados en Villa del Parque y en Nueva Pompeya que producían y comercializaban anabólicos prohibidos.
Los locales, uno de ellos ubicado en la calle Artigas al 4700 que aparentaba ser una relojería pero en su parte posterior se vendían y se aplicaban, a veces con jeringas, las drogas, fueron revisados a raíz de denuncias de vecinos sobre irregularidades en suplementos dietarios.
Las denuncias impulsaron a la División de Delitos Contra la Salud y la Seguridad Personal a realizar investigaciones en páginas de venta web que permitieron encontrar el lugar donde se hacían las transacciones. El Juzgado en Primera Instancia en lo Penal y Contravencional de Faltas Nº 31, que está a cargo de Susana Parada, ordenó el allanamiento del lugar.
El otro local, que estaba ubicado en la calle Agustín de Vedia al 3100, del barrio de Nueva Pompeya, también fue allanado y se retiraron, además de las drogas, preparaciones para la producción de las pastillas.
De los dos
operativos partició la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica), que confirmó que los productos de Nueva Pompeya
no eran aptos para el consumo humano y los de Villa del Parque estaban
prohibidos.
Las drogas fueron incautadas y destruidas en un camión compactador; fueron un total de 200 kilos y 300 frascos. Los locales fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control y sus dueños detenidos y llevados a la alcaldía de de la Policía de la Ciudad.
Tensión en Balvanera con la comisaría del barrio y los vecinos
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Un video filmado por vecinos de la Comuna 3 alarmó al barrio por la cantidad de ruidos, peleas y el hacinamiento que viven los casi 100 detenidos por diferentes hurtos en la Alcaidía Anexo 3 en el barrio porteño de Balvanera.
La calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, tiene alto tráfico aunque no tanto como cerca de Plaza Miserere (Once) porque pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia.
“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó un vecino que no quiso dar su nombre por miedo quien recordó que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa, reprodujo Infobae la queja vecinal.
Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.
Hoy, 9 de junio, los datos oficiales sostienen que sigue la superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270. En esta alcaldía de Balvanera, 60 detenidos.
El conflicto lo provocó el mismísimo gobierno porteño según un vecino que vive al lado de la comisaría: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros”.
Apuestas ilegales: nueva modalidad a través de Whatsapp
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La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad llevó adelante una serie de operativos y allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Chacabuco y Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires.
El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor que detectó movimientos extraños en la billetera virtual de su hijo y finalmente supo que esas entradas y salidas de dinero eran por apuestas deportivas que el menor hacía a través de WhatsApp.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Rozas, a cargo de la FEJA, y permitieron recabar elementos de prueba significativos para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación relevante y soportes digitales que dan cuenta del funcionamiento de una organización dedicada a la captación ilegal de apuestas.
Asimismo, durante los operativos se logró ubicar e identificar 3 personas que quedaron imputadas y sujetas al proceso judicial.
Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron de la investigación fue la verificación de que existieron víctimas menores de edad que accedían a las plataformas de apuestas desde escuelas primarias y secundarias, lo que alerta sobre la gravedad del fenómeno del juego ilegal y su incidencia directa en la población infantil y adolescente.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recuerda que las plataformas de juego deben contar con autorización y control de la Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.), y que sólo las plataformas legales poseen mecanismos de validación de identidad que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la mayoría de edad. Solo si una plataforma termina en “.bet.ar ” es legal y segura.
Los procedimientos se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la participación de la Policía de la Ciudad.
El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.
De allí se desprende también que el año pasado en promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes.
Con una tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres del 0,95, del estudio surge que en al menos el 86% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo. En efecto, en el 54% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 16% eran familiares, y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 9% de los casos eran desconocidos entre sí.
El informe agrega que al momento del hecho, al menos 96 víctimas directas de femicidio tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad).
En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio).
En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, al menos el 88% eran argentinos, mientras que al menos 11% eran de origen extranjero.
Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.
Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante el uso de la fuerza física (manual y con elementos) en 86 casos (36%); con armas blancas y/o elementos cortopunzantes en 67 (29%); con armas de fuego, en 46 (20%); con fuego u otros medios combustibles en 13 (6%), y en 5 (2%) el femicidio directo se cometió por intoxicación o venenos.
De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo.
El 79% (180) de las víctimas de femicidio directo fueron atacadas en viviendas, mientras que el 9% (20) de estos hechos ocurrió en el espacio público. El 84% de los hechos sucedieron en zonas urbanas, mientras que el 14% ocurrieron en zonas rurales.
Otros datos que surgen del RNFJA 2024:
Al menos 14 víctimas directas de femicidio eran migrantes internacionales, al menos 8 eran migrantes interprovinciales y otras 3 eran migrantes intraprovinciales.
Al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad; al menos 3 se encontraban embarazadas al momento del hecho, y al menos 3 eran lesbianas/bisexuales.
Al menos 12 víctimas se encontraban en situación de prostitución y al menos 2 estaban en situación de calle.
Al menos 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios (una de la comunidad Wichí Betania y otra de la comunidad aborigen El Cóndor).
4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias.
10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.
