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Desalojos en la ciudad: la vivienda es un derecho humano

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El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor propuso una serie de medidas para paliar la crisis habitacional que padecen miles de personas en la CABA.

Según el Censo Nacional del año 2010, el 2,8% (226.000 personas) habitan viviendas con algún grado de irregularidad en términos generales, y de acuerdo a un trabajo elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) los resultados son aún más graves.

Además de la precariedad en la que viven en muchas personas, en algunos casos con situaciones de hacinamiento, se suma a ello el estado de conflictividad a partir de la judicialización efectiva o potencial por parte de quienes son titulares de los inmuebles.

De ellos, 56.322 son los de mayor vulnerabilidad en términos de irregularidad. Recordemos que es un dato del Censo Nacional del año 2010.

¿Qué es lo que está en juego?

El derecho a la vivienda de miles de personas que, como consecuencia de las sucesivas crisis económicas, perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo.

Así también, perdieron la vivienda propia o no pudieron afrontar los alquileres o el pago de habitaciones en hoteles o pensiones. Hoteles y pensiones que si el estado actuara con estricto rigor en la aplicación de la normativa, la mayoría deberían ser clausurados. Obviamente eso agravaría la situación de quienes allí viven, pero es nuestra obligación advertir y alertar sobre los riesgos en la seguridad de esos establecimientos que deben ser controlados con absoluto rigor.

Es la vida de las personas la que está de por medio. Los desalojos masivos dictados por la justicia nacional en lo civil y comercial son ordenados básicamente sobre demandas planteadas desde el derecho de propiedad, naturalmente de rango constitucional. ¿Quiénes realizan esas demandas de desalojo? Los titulares de los inmuebles en donde habitan personas en el mayor nivel de vulnerabilidad y hacinamiento. En la mayoría de los casos en peores condiciones que en los barrios más humildes de la ciudad. Desde el punto de vista individual, de quien es titular de un inmueble y no puede disponer de él, es decir ejercer el derecho de propiedad en libertad y plenitud, es legítimo. Sin embargo corresponden dos aclaraciones: El ejercicio del derecho de propiedad no es ilimitado. Tiene un límite que es el sentido social de la propiedad. Es un derecho natural y constitucional, pero con un condicionante: La función social de la propiedad. El segundo, es que, muchos titulares de los inmuebles lo han adquirido de manera absolutamente legal y legítima. Sin embargo, no podemos desconocer la intervención de personas que compran propiedades, algunas veces en subastas públicas extrañas, que ya están con personas viviendo allí desde muchos años atrás, incluso hasta 20 años. ¿Hay allí algo que el Estado deba revisar? Si, absolutamente y mucho. Las mismas personas que compran inmuebles ocupados, algunos de los cuales son desalojados y luego convertidos en hoteles, que son ofrecidos al Estado para que sean alquilados, ¿a quién? A personas en situación de calle. ¿Cambia la situación de vulnerabilidad de las personas? No, definitivamente no, peor aún se expulsa en el desalojo a algunas personas y luego se incorpora a otras. Doble vulneración. ¿Cuál es la Justicia que actúa?

Al no haberse producido aún el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, como así tampoco el de organismos como el Registro de la Propiedad del Inmueble, la justicia que ordena los lanzamientos es nacional. La cual, sin embargo, ordena al Estado de la ciudad que disponga del desplazamiento de fuerzas de seguridad para garantizar el desalojo, a Desarrollo Social de la Ciudad para que brinde soluciones como las contempladas en el Decreto Nº 690/06 y modificatorios (un subsidio muy bajo de corta duración en el tiempo que en realidad coloca a las personas, al culminar, en situación de calle). La misma justicia nacional que interpreta, que tiene competencia sobre organismos del Estado de la ciudad para el lanzamiento, desconoce, salvo honrosas excepciones, la obligatoria participación de los organismos constitucionales de defensa de derechos, y lo hace por escrito y también desde la actuación de los oficiales de justicia actuantes, nuevamente salvo honrosas excepciones, que se atribuyen la capacidad jurídica de impedir la intervención obligatoria que tenemos los Organismos de Defensa de Derechos, sino también ordenando la detención de funcionarios que actúan en cumplimiento del mandato constitucional. Las definiciones realizadas nos obligan a reflexionar sobre la conflictividad de un sector de nuestra sociedad que es tan importante como el de las personas que habitan las villas de la ciudad. Es invisible y diseminado. Por eso su tratamiento es más complejo, por medio de políticas públicas adecuadas. ¿Podemos desconocer el acceso a la vivienda como un Derecho Humano? No.

¿Podemos desconocer el derecho de propiedad legal y legítimamente adquirido? No, Pero si vale el principio de la función social del derecho de propiedad como condicionante. ¿Podemos desconocer el conflicto ante la intervención de las jurisdicciones distintas ante un mismo conflicto? No. ¿Qué debemos hacer? Declarar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estado de “Emergencia Habitacional” por un plazo de dos años suspendiendo los desalojos en bienes del dominio público de la Ciudad y gestionar el mismo efecto ante el Estado Naciónal.

Instar por medio de la Legislatura de la Ciudad a que el Honorable Congreso de la Nación Argentina legisle la suspensión de los desalojos administrativos y/o judiciales por el término de un año, de inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizados con uso manifiesto de vivienda única, de residencia permanente, y cuyos ocupantes acrediten fehacientemente hallarse en una situación de vulnerabilidad social que los colocaría, en caso de ser desalojados, en emergencia habitacional.

Modificar el fondo público “Hábitat Sustentable” el que deberá transferir anualmente el 20% para la construcción y equipamiento de centros de inclusión que brinden alojamiento a familias en situación  en situación de calle, y crear el Programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitar la convocatoria obligatoria del GCBA en todas las subastas judiciales de inmuebles ocupados con uso como  vivienda única por personas o grupos familiares sin capacidad económica para acceder a una vivienda adecuada, y a la Defensoría del Pueblo como veedora.

Crear, con carácter excepcional y hasta tanto se complete el proceso de transferencia del fuero nacional en lo civil al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzgados de transición en lo civil que tendrán competencia exclusiva en materia de desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resulta absolutamente necesario establecer políticas públicas plurianuales que determinen la solución de problema que es uno: falta de viviendas.Esas políticas podrán ser: créditos, construcción de viviendas sociales, compras para destinarlo a viviendas cuando ya estuvieren los edificios ocupados por años o son del propio Estado, como las herencias vacantes. Esas políticas deberán ser elaboradas por la administración, debatidas y constituidas en leyes en la legislatura con la participación de los organismos que correspondiere, de los vecinos y vecinas, así como de los organismos no gubernamentales de la sociedad.Los conflictos sociales de carácter masivo, deben ser administrados por una sola jurisdicción. En este caso, es natural que sea el estado de la ciudad con sus tres poderes y con los organismos previstos en el Titulo 7 de la Constitución de la Ciudad.Si el trabajo dignifica a la persona, la vivienda consolida la dignificación. Trabajo y vivienda son responsabilidades del Estado por si o promoviendo al sector privado pero actuando y poniéndose al frente de la conflictividad para resolverlo.Estos conflictos sociales se pueden desconocer o tapar por un tiempo. Es preferible tomarlos a tiempo, ordenadamente y estableciendo objetivos, reglas claras y transparentes.

El paso del tiempo sin asumirlos no solo no los resuelve, los profundiza y agrava. Debe ser una política de estado de profundo contenido y compromiso social, donde la vivienda sea garantizada como Derecho Humano y el derecho de propiedad respetado.

Desalojos en la ciudad: la vivienda es un derecho humano

El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor propuso una serie de medidas para paliar la crisis habitacional que padecen miles de personas en la CABA.

Según el Censo Nacional del año 2010, el 2,8% (226.000 personas) habitan viviendas con algún grado de irregularidad en términos generales, y de acuerdo a un trabajo elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) los resultados son aún más graves.

Además de la precariedad en la que viven en muchas personas, en algunos casos con situaciones de hacinamiento, se suma a ello el estado de conflictividad a partir de la judicialización efectiva o potencial por parte de quienes son titulares de los inmuebles.

De ellos, 56.322 son los de mayor vulnerabilidad en términos de irregularidad. Recordemos que es un dato del Censo Nacional del año 2010.

¿Qué es lo que está en juego?

El derecho a la vivienda de miles de personas que, como consecuencia de las sucesivas crisis económicas, perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo.

Así también, perdieron la vivienda propia o no pudieron afrontar los alquileres o el pago de habitaciones en hoteles o pensiones. Hoteles y pensiones que si el estado actuara con estricto rigor en la aplicación de la normativa, la mayoría deberían ser clausurados. Obviamente eso agravaría la situación de quienes allí viven, pero es nuestra obligación advertir y alertar sobre los riesgos en la seguridad de esos establecimientos que deben ser controlados con absoluto rigor.

Es la vida de las personas la que está de por medio. Los desalojos masivos dictados por la justicia nacional en lo civil y comercial son ordenados básicamente sobre demandas planteadas desde el derecho de propiedad, naturalmente de rango constitucional. ¿Quiénes realizan esas demandas de desalojo? Los titulares de los inmuebles en donde habitan personas en el mayor nivel de vulnerabilidad y hacinamiento. En la mayoría de los casos en peores condiciones que en los barrios más humildes de la ciudad. Desde el punto de vista individual, de quien es titular de un inmueble y no puede disponer de él, es decir ejercer el derecho de propiedad en libertad y plenitud, es legítimo. Sin embargo corresponden dos aclaraciones: El ejercicio del derecho de propiedad no es ilimitado. Tiene un límite que es el sentido social de la propiedad. Es un derecho natural y constitucional, pero con un condicionante: La función social de la propiedad. El segundo, es que, muchos titulares de los inmuebles lo han adquirido de manera absolutamente legal y legítima. Sin embargo, no podemos desconocer la intervención de personas que compran propiedades, algunas veces en subastas públicas extrañas, que ya están con personas viviendo allí desde muchos años atrás, incluso hasta 20 años. ¿Hay allí algo que el Estado deba revisar? Si, absolutamente y mucho. Las mismas personas que compran inmuebles ocupados, algunos de los cuales son desalojados y luego convertidos en hoteles, que son ofrecidos al Estado para que sean alquilados, ¿a quién? A personas en situación de calle. ¿Cambia la situación de vulnerabilidad de las personas? No, definitivamente no, peor aún se expulsa en el desalojo a algunas personas y luego se incorpora a otras. Doble vulneración. ¿Cuál es la Justicia que actúa?

Al no haberse producido aún el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, como así tampoco el de organismos como el Registro de la Propiedad del Inmueble, la justicia que ordena los lanzamientos es nacional. La cual, sin embargo, ordena al Estado de la ciudad que disponga del desplazamiento de fuerzas de seguridad para garantizar el desalojo, a Desarrollo Social de la Ciudad para que brinde soluciones como las contempladas en el Decreto Nº 690/06 y modificatorios (un subsidio muy bajo de corta duración en el tiempo que en realidad coloca a las personas, al culminar, en situación de calle). La misma justicia nacional que interpreta, que tiene competencia sobre organismos del Estado de la ciudad para el lanzamiento, desconoce, salvo honrosas excepciones, la obligatoria participación de los organismos constitucionales de defensa de derechos, y lo hace por escrito y también desde la actuación de los oficiales de justicia actuantes, nuevamente salvo honrosas excepciones, que se atribuyen la capacidad jurídica de impedir la intervención obligatoria que tenemos los Organismos de Defensa de Derechos, sino también ordenando la detención de funcionarios que actúan en cumplimiento del mandato constitucional. Las definiciones realizadas nos obligan a reflexionar sobre la conflictividad de un sector de nuestra sociedad que es tan importante como el de las personas que habitan las villas de la ciudad. Es invisible y diseminado. Por eso su tratamiento es más complejo, por medio de políticas públicas adecuadas. ¿Podemos desconocer el acceso a la vivienda como un Derecho Humano? No.

¿Podemos desconocer el derecho de propiedad legal y legítimamente adquirido? No, Pero si vale el principio de la función social del derecho de propiedad como condicionante. ¿Podemos desconocer el conflicto ante la intervención de las jurisdicciones distintas ante un mismo conflicto? No. ¿Qué debemos hacer? Declarar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estado de “Emergencia Habitacional” por un plazo de dos años suspendiendo los desalojos en bienes del dominio público de la Ciudad y gestionar el mismo efecto ante el Estado Naciónal.

Instar por medio de la Legislatura de la Ciudad a que el Honorable Congreso de la Nación Argentina legisle la suspensión de los desalojos administrativos y/o judiciales por el término de un año, de inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizados con uso manifiesto de vivienda única, de residencia permanente, y cuyos ocupantes acrediten fehacientemente hallarse en una situación de vulnerabilidad social que los colocaría, en caso de ser desalojados, en emergencia habitacional.

Modificar el fondo público “Hábitat Sustentable” el que deberá transferir anualmente el 20% para la construcción y equipamiento de centros de inclusión que brinden alojamiento a familias en situación  en situación de calle, y crear el Programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitar la convocatoria obligatoria del GCBA en todas las subastas judiciales de inmuebles ocupados con uso como  vivienda única por personas o grupos familiares sin capacidad económica para acceder a una vivienda adecuada, y a la Defensoría del Pueblo como veedora.

Crear, con carácter excepcional y hasta tanto se complete el proceso de transferencia del fuero nacional en lo civil al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzgados de transición en lo civil que tendrán competencia exclusiva en materia de desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resulta absolutamente necesario establecer políticas públicas plurianuales que determinen la solución de problema que es uno: falta de viviendas.Esas políticas podrán ser: créditos, construcción de viviendas sociales, compras para destinarlo a viviendas cuando ya estuvieren los edificios ocupados por años o son del propio Estado, como las herencias vacantes. Esas políticas deberán ser elaboradas por la administración, debatidas y constituidas en leyes en la legislatura con la participación de los organismos que correspondiere, de los vecinos y vecinas, así como de los organismos no gubernamentales de la sociedad.Los conflictos sociales de carácter masivo, deben ser administrados por una sola jurisdicción. En este caso, es natural que sea el estado de la ciudad con sus tres poderes y con los organismos previstos en el Titulo 7 de la Constitución de la Ciudad.Si el trabajo dignifica a la persona, la vivienda consolida la dignificación. Trabajo y vivienda son responsabilidades del Estado por si o promoviendo al sector privado pero actuando y poniéndose al frente de la conflictividad para resolverlo.Estos conflictos sociales se pueden desconocer o tapar por un tiempo. Es preferible tomarlos a tiempo, ordenadamente y estableciendo objetivos, reglas claras y transparentes.

El paso del tiempo sin asumirlos no solo no los resuelve, los profundiza y agrava. Debe ser una política de estado de profundo contenido y compromiso social, donde la vivienda sea garantizada como Derecho Humano y el derecho de propiedad respetado.

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Continúan las obras de AySA para llevar agua potable y cloacas a 50 mil personas del barrio Padre Ricciardelli

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AySA continúa trabajando en las obras de la redes de agua potable y cloacas en el Barrio Padre Ricciardelli, ex Villa 1-11-14, que beneficiará a más de 50 mil vecinas y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La red primaria de agua potable para el Barrio Padre Ricciardelli, contempla la instalación de 1760 metros de cañerías primarias y 4025 metros de secundarias que permitirán que el barrio pueda contar con el caudal de agua suficiente para poder abastecerse, mientras que el tendido de cloacas permitirán la instalación de 437 conexiones para prestar servicio a cada uno de los hogares. 

Al respecto, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, resaltó que “Seguimos trabajando en los barrios con los derechos más vulnerados, algo que para nosotros es sumamente importante. Con nuestra llegada a AySA, tomamos la decisión de también poner como prioridad a los barrios populares. Ellos también son ciudadanos y merecen que un Estado presente les traiga dignidad y reconocimiento”.

Por parte de la obra de agua, se trata tanto de la renovación y la instalación de la red de agua perimetral del barrio, y actualmente se trabaja en las calles Perito Moreno, Bonorino y Riestra con un avance de la obra que supera el 60%. Esta obra inició en el cruce de las calles Lautaro y Eva Perón, en el límite de Parque Chacabuco y el Bajo Flores. Allí se encuentra la punta del acueducto de 500 mm de diámetro de casi 2km de hierro fundido que abastecerá al barrio Ricciardelli. 

En relación al trabajo territorial que realiza la empresa en los barrios, Lorena Pizzolini, referente de la Dirección de Desarrollo con la Comunidad de AySA manifiesta que “Hace muchos años que AySA está trabajando en este barrio, por suerte ahora pudimos traer la obra, pero a los vecinos se los conoce de hace mucho y los acompañamos en este sentido, en escucharlos fundamentalmente.

crédito: Prensa AYSA.

Y ellos agradecen que estemos, creo es una de las cosas que más nos agradecen, que nos llaman, venimos y estamos. Es el rol social que intentamos cumplir en este y en otros barrios populares, cómo sanitaristas nos emociona”. 

Por otro lado, la obra de cloacas transportará los líquidos del barrio hacia la Avenida Cruz, donde se empalmará a la red existente. Sobre esta obra, Joel Cuello, inspector de AySA detalló: “La obra está en un avance del 20%. Venimos con el colector cloacal que llega a la calle Perito Moreno. Nosotros estamos ahora por calle Riestra y este colector continúa por Perito Moreno aumentando su diámetro a medida que avanza y llegando hasta el diámetro de 700mm en la calle Cruz. Ahí vuelca sobre una boca de registro existente.”

Por su parte, Olga, vecina del barrio aseguró: “Estoy desde el 1981 acá, habían 2 sólo casitas. Nosotros íbamos a buscar agua, acarreábamos. No tenía luz, no tenía nada. Cuando hace calor, agua casi no hay. Muchos necesitan, hay niños, abuelos, niños con discapacidad y yo estoy muy feliz con el trabajo de AySA”. En esa línea, Daniel, otro vecino con 24 años en el barrio, señaló: “El servicio de AySA hace mucha falta por que en el verano sufrimos mucho. AySA siempre estuvo presente. Cuando tenemos problema de agua y se corta, recurrimos a los referentes y ellos siempre están”.

Saldando una deuda histórica y llevando una mejor calidad de vida de miles de vecinas y vecinos, el tendido de red en el barrio Padre Ricciardelli forma parte de un importante plan de obras impulsado por AySA que tiene por objetivo llevar los servicios de agua y cloacas a los barrios vulnerables dentro de su área de concesión. Bajo este plan, para el 2023, la empresa proyecta duplicar la cobertura de agua potable y triplicar la de cloacas en estos barrios beneficiando a más de 617.000 habitantes que esperan la llegada de estos servicios esenciales para el cuidado de su salud.

Link al vídeo: https://we.tl/t-AYPSKLIpSJ

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Inauguraron el Túnel de Sobremonte en San Fernando

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Juan Andreotti, Sergio Massa y Diego Giuliano inauguraron el Túnel de Sobremonte en San Fernando

El Intendente y los Ministros de Economía y de Transporte de la Nación dieron apertura a “El Túnel de los Campeones del Mundo”, el 8vo paso bajo nivel del distrito y una de las obras más importantes. “Este túnel devuelve su tiempo a los vecinos para que puedan disfrutarlo, brinda más seguridad y mejora la calidad de vida en la zona”, dijo el Jefe Comunal.

También acompañaron la Presidenta de AySA Malena Galmarini, el Presidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci, la Presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la  iputada Nacional Alicia Aparicio.

El Túnel de la Av. Sobremonte ya es una realidad; bautizado “Campeones del Mundo” es una de las obras más grandes e importantes del distrito esperada por los vecinos, y construida con recursos aportados por la Nación.

Durante el emotivo acto de inauguración, y acompañado por gran cantidad de vecinas y vecinos, el Intendente Juan Andreotti expresó: “Hoy es un día de muchísima alegría, porque San Fernando se sigue renovando con el aporte de todos. Inauguramos el octavo túnel de nuestra ciudad que une la avenida Sobremonte que va de norte a Sur del Gran Buenos Aires, uniendo San Isidro con Tigre. Esta no sólo es una obra que le devuelve tiempo a los vecinos para que puedan disfrutarlo, sino que además genera más seguridad en la zona y tiene una connotación muy linda; este es el octavo túnel, los siete anteriores unen el este y el oeste del distrito, y también igualan las diferencias que puede haber de un lado y del otro. Seguimos trabajando para que entre todos mejoremos la calidad de vida de las vecinas y vecinos de nuestra querida ciudad”.

Y el Ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los principales impulsores del proyecto, destacó: “La verdad que es un orgullo ver el trabajo enorme que viene haciendo Juan; hoy, inaugurando el octavo túnel de la ciudad, nunca olvidaré cuando con Luis Andreotti arrancamos a trabajar juntos y recorríamos las calles de San Fernando, proponía construir el primer túnel y le decían que era imposible, y este ya es el octavo que construye esta gestión junto a los Polideportivos, espacios verdes, el cuidado del medio ambiente y del espacio público para la seguridad y la conectividad. Realmente, hoy San Fernando es un ejemplo a seguir”.

Durante su discurso, agregó: “No soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Vamos a seguir trabajando, no pensando en lugares personales, sino en el sueño colectivo de construir un San Fernando mejor, una provincia mejor, y una Argentina mejor. No importa el lugar que nos toque, estamos para poner el hombro”, concluyó Massa.

A partir de hoy, las vecinas y vecinos podrán cruzar el distrito de norte a sur con rapidez y seguridad circulando por esta arteria fundamental, sin interferencias del tráfico ferroviario. A ello se suman los trabajos de mejora en sus alrededores realizados por el Municipio, mejorando la calidad de vida de los vecinos de la zona.

También estuvieron presentes en el acto el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, la Presidenta de AySA Malena Galmarini, la Diputada Nacional Alicia Aparicio; la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Cecilia Moreau; el Diputado Nacional Carlos Selva; el Presidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci y el Vicepresidente, Rodrigo Álvarez y el Diputado Provincial Matías Molle, junto a otros funcionarios nacionales y municipales.

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La Plata: puesta en valor de las rotondas de acceso a la capital bonaerense

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La municipalidad de La Plata trabaja en la puesta en valor de rotondas de acceso con tareas de iluminación, forestación y conservación. Ya están listas las de los cruces de ruta 36 con las avenidas 44 y 66 y las tareas se extenderán próximamente a otras intersecciones esenciales.

“Estas obras nos permiten brindar mayor seguridad vial y mejor iluminación en los accesos más importantes de la Ciudad”, sostuvo al respecto el secretario de Espacios Públicos, José Etchart.

“También posibilitan que avancemos en la construcción de espacios más modernos, accesibles y amigables con el ambiente, tal como lo dispone el Plan Estratégico 2030”, agregó el funcionario comunal.

Según se informó desde el área local, la intervención integral de ambas rotondas contempló el reacondicionamiento de columnas existentes con sus pertinentes trabajos de enderezamiento, aplomado, limpieza y pintura.

Además, incluyó la colocación más la puesta en funcionamiento de seis nuevas columnas de 12 metros de altura con seis artefactos LED cada una y la instalación de 110 bolardos lumínicos premoldeados de hormigón.

De acuerdo a lo detallado por la secretaría, a partir del proyecto de renovación también se realizaron trabajos de forestación, que favorecen la preservación del arbolado público y la biodiversidad, oxigenan el ambiente y embellecen el lugar.

Cabe mencionar que la Municipalidad ya concretó la puesta en valor de la rotonda de  467 y 160 y que próximamente hará lo propio en 520 y 19, 520 y 25, 520 y 31, ruta 36 y 520, 122 y 52 y 122 y 60.

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AySA renovó dos grandes válvulas en CABA que mejorarán el servicio de agua potable

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Se llevó adelante dentro del Plan Anual de Renovación de Válvulas de Grandes Conductos de AySA, para la mejora en el manejo de la red. La empresa identifica cuáles son estratégicamente las válvulas a reemplazar en base a tres aspectos: Antigüedad, ubicación geográfica y área de influencia. El recambio en este caso se realizó en los barrios porteños de Flores y Saavedra. Se trata de dos válvulas mariposa de 900 mm. de diámetro de última generación.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, señaló al respecto que “Cada vez que habilitamos una red de expansión de agua potable o cloacas, llevándoles ese derecho fundamental a las vecinas y vecinos que no lo tenían, también recordamos que dentro de los 26 partidos del conurbano bonaerense y la Capital, seguimos comprometidos con el mantenimiento y mejora de las redes para aquellos usuarios y usuarias que ya tienen el servicio. En este caso reemplazamos válvulas antiguas por otras más modernas, que permiten cuidar el medioambiente y mejorar el control sobre la red de agua potable”.  

La primera de las válvulas fue reemplazada en el cruce de Mariano Acha y Manuela Pedraza, a metros de la Estación Elevadora Saavedra. La segunda de las válvulas mariposa de 900 mm. de diámetro se renovó en el barrio Flores, en el cruce de Florentino Ameghino y Echeandía. Cabe destacar que en el segundo caso, se sacó de servicio una válvula esclusa centenaria y en el primero una vieja válvula mariposa, pero de tecnología moto mecánica.

    

Los trabajos de renovación realizados en el barrio porteño de Saavedra mejorarán el servicio para los usuarios de Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Saavedra, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y la localidad bonaerense Villa Martelli en Vicente López; mientras que los del barrio porteño de Flores mejorará el servicio para los usuarios porteños de Mataderos, Parque Avellaneda y Villa Lugano. 

Las válvulas reemplazadas son utilizadas en la red maestra para cerrar el paso del agua potable de un punto al otro. Generalmente, se ubican al inicio de una cañería, que puede ser desde una estación elevadora, o bien puede ser de un empalme a una cañería más grande. A esta primera válvula, se la llama “cabecera” y ante una eventual emergencia o rotura, la misma permite realizar un cierre de modo más eficaz para limitar el paso del agua a la zona donde se requiere trabajar y poder hacerlo con más precisión.

El mantenimiento preventivo, la instalación de nuevas válvulas y su operación, son vitales para el óptimo funcionamiento de la red troncal de AySA, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año para garantizar sus servicios de agua potable y saneamiento cloacal.

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AySA reparó una cañería maestra en Av San Juan y Sáenz Peña

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La empresa conducida por Malena Galmarini reparó una cañería maestra en Av San Juan y Sáenz Peña.

Equipos de grandes conductos de AySA fueron notificados y concurrieron con equipo pesado desde las 21 hs de ayer para avanzar con las tareas de excavación durante la madrugada del martes, en que quedó reparada una cañería de 609 mm de diámetro y habilitado el servicio.

Para poder llevar adelante las tareas, se debió proceder a cierres de válvulas que ya fueron habilitadas nuevamente.

El tránsito en Av. San Juan permanecerá interrumpido mientras se quitan escombros y se habilitarán dos carriles con el correr de la mañana, en tanto Luis Sáenz Peña quedó habilitado.

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