Ley sobre “residentes”: Larreta dio marcha atrás tras el rechazo del sector

Tras el séptimo día de acampe y paro contra la nueva ley que precariza el trabajo de los médicos residente, que luego fue plasmado con otra ley votada en la Legislatura en una votación unánime de los 58 diputados presentes en el recinto.

“Déjase sin efecto la sanción del proyecto de Ley Nro. 2828-D-2019 y su agregado Nro. 2862-D-2019 (Despacho Nro. 583-2019), del día 28 de noviembre de 2019”, expresa textualmente el artículo primero del proyecto de resolución aprobado este jueves en Sesión Ordinaria.

La presentación fue formalizada a las 15:40 de la víspera por los diputados Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia y Diego García de García Vilas, ambos del bloque oficialista Vamos Juntos.

Presti en el Recinto hoy afirmó que la decisión se debió a que “hemos escuchado y atendido las preocupaciones de los profesionales”. Y antes de concluir enfatizó: “Vamos a trabajar para alcanzar los consensos necesarios”.

La diputada Victoria Montenegro (UC) recordó que “no pudimos votar el jueves pasado y que el proyecto no fue consensuado porque no fueron convocados los interesados”. En tanto, su par del Bloque Peronista Claudio Heredia aludió a que su representación había pedido el retiro del tema.

Desde el Gen, Sergio Abrevaya afirmó que “esta ley nunca debió haber sido”, en tanto Juan Nosiglia (Ev) instó “a avanzar en el diálogo”.

Desde la izquierda, la diputada Laura Marrone (IS) destacó “la lucha de los afectados” a la vez que solicitó se constituya “de inmediato una mesa de trabajo” y “se considere en igualdad de condiciones a las enfermeras”; en similar sentido se expresó su par Myriam Bregman (PTS-FI). Por su parte, Fernando Vilardo (AyL) alertó sobre “el intento de imposición del Ejecutivo” y Gabriel Solano (FIT) manifestó su “homenaje a los residentes y concurrentes que acaban de obtener un triunfo histórico”.

Finalmente, la sanción del proyecto de ley en cuestión quedó sin efecto por la voluntad unánime de los 58 diputados presentes en el Recinto.

Desde el viernes pasado los médicos residentes y concurrentes en hospitales públicos de la Ciudad se expresaron en contra de la aprobación concretada el jueves 28 llevando adelante un paro de actividades en las guardias. Y la Asociación de Médicos Municipales -AMM- que había reclamado participación, denunció que la ley “encubre una disminución de derechos adquiridos”.

Actualmente el Sistema de Formación abarca 35 sedes, un centenar de especialidades ó áreas, 468 unidades de residencias, 534 jefes ó instructores, 1.440 concurrentes no rentados y 3.152 residentes que perciben, cada uno aproximadamente $ 35.000 mensuales, según se expresó durante el debate.

En declaraciones radiales, la ministra de Salud porteña saliente, Ana María Bou Pérez admitió esta mañana que “la ley no fue trabajada con los residentes”, pero justificó la defensa de la normativa al plantear que “lo que hace es organizar la tarea. Hace 35 años que no se organizaba”. Y agregó, en diálogo con Radio Continental: “Les ofrecí revisar todos los artículos con ellos”. Por el contrario, residentes y concurrentes reclaman el veto de la normativa y exigen formar parte de la discusión para darle forma a un nuevo régimen.

El oficialismo de Vamos Juntos, sólo con sus 34 votos, aprobó ayer una normativa en medios de incidentes afuera de los médicos que intentaban ingresar a la Legislatura porteña y dentro de los opositores que habían dejado su banca. Hoy realizan un paro y se movilizaron contra la “normativa antidemocrática”.

La ley, aprobada ayer con 34 votos a favor (VJ) y 5 abstenciones (Ev) entrará en vigencia el 1° de enero de 2020.Críticas a los sindicatos de la salud ya que precariza a los médicos residentes porque no los considera “trabajadores de la salud”.

En el marco del paro en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos residentes y concurrentes porteños se movilizaron desde Callao y Corrientes hacia el Obelisco para repudiar la ley aprobada ayer en la Legislatura “de forma antidemocrática”

En medios de los incidentes, la mayoría oficialista  aprobó este jueves un nuevo Régimen de Residencias de Equipos de Salud y Apoyo a los Equipos de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “constituye una política estratégica, integral y de calidad para el desarrollo del capital humano, cuyo propósito es coordinar y complementar la formación de profesionales en función de las necesidades de la población”, como dice el primer artículo de la ley sancionada e impulsada por Larreta.

La aprobación llegó con gases y represión por parte de la Policía de la Ciudad contra médicos. Además, legisladores de la oposición denunciaron que salieron del recinto para frenar la violencia policial y no les permitieron volver para votar por lo que la normativa se aprobó sin votos negativos.

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La ley deroga viejas ordenanzas de 1985, 1987 y 1991 por considerarlas “desactualizadas y poco integradas con la dinámica actual de la formación profesional de posgrado en el sistema público estatal de la Ciudad”. 

La residencia es un régimen de formación de postgrado en servicio y contextos de trabajo para profesionales de reciente graduación, acotado en el tiempo, intensivo y altamente calificado. El programa está dirigido a las disciplinas que integran los equipos de salud, y su objeto es profundizar la formación de manera integral y desarrollar aptitudes y destrezas en forma programada, responsable y eficaz de una especialidad o área del conocimiento, con un alto nivel científico-técnico y compromiso social.

El ingreso al Régimen de Residencias será realizado una vez al año mediante concurso público abierto, garantizando la transparencia, equidad e inclusión en el acceso al mismo.

Uno de los cambios que introduce la normativa tiene que ver con la perspectiva de género: “Atendiendo a la creciente feminización de los espacios de formación profesional y los avances en materia de igualdad de derechos se incluye la perspectiva de género en las normativas que rigen la formación de posgrado”, explican los fundamentos del proyecto, impulsado por el diputado José Luis Acevedo (VJ) y despachado por las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo.

La supervisión y ejecución del cumplimiento de los programas centrales estará a cargo de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, que depende del Ministerio de Salud porteño, para “garantizar una visión central y ordenadora de la formación de posgrado, con acatamiento y consideración por la normativa vigente”. Además, en cada Sede de Residencia deberá funcionar un Comité de Docencia e Investigación, que tendrá funciones de gestión administrativa y técnica. 

Detalles de la ley aprobada

Se establece como requisito para ingresar al Régimen de Residencias: ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, o extranjero que acredite residencia en el país; tener condiciones de conducta e idoneidad; aptitud psicofísica requerida; tener título de grado expedido por Universidades o Instituciones Oficiales de la República Argentina; poseer matrícula profesional habilitante para ejercer la profesión en el ámbito de la Ciudad y haber cumplimentado las condiciones del Concurso Anual de Residencias, el cual constará de un examen objetivo de conocimientos.

Durante la práctica profesional, los residentes tendrán derecho a percibir una remuneración; podrán acceder a un régimen de licencias; a instalaciones hospitalarias apropiadas para el descanso y estudio; obtendrán comidas necesarias para el día en el servicio; acceso a medio informáticos de calidad; derecho sindical; derecho de formación; percepción de estipendio por investigación y aguinaldo, entre otros. 

Por otra parte, se definen como obligaciones respetar el reglamento operativo; tomar conocimiento sobre la responsabilidad de las tareas asignadas; estar bajo supervisión y colaboración de trabajo. 

Otro artículo de la ley define los parámetros sobre la carga horaria del programa: “La residencia implica una carga horaria mínima de 36 horas semanales y una máxima de 64 por semana. La distribución de dicha carga horaria será definida por la Autoridad de Aplicación, en función de lo requerido por cada Programa Docente General para la formación del perfil profesional”. 

Además se aclara que “la carga horaria máxima a cumplir por cada residente incluirá la distribución de actividades formativas supervisadas durante días hábiles y no hábiles, y actividades de formación intensiva continua, si el Programa de Formación así lo contempla. La carga horaria máxima para actividades habituales será de hasta 9 horas diarias -exceptuando la formación intensiva continua- en días y horarios determinados por la Adaptación Local del Programa de formación, y de acuerdo al Programa Docente General de la Residencia de la especialidad y/o disciplina”.

También se definen los distintos tipos de residencia, entre ellas, la residencia básica (no requiere residencia previa), postbásica, disciplinar (el programa de formación se desarrolla para profesionales de una misma disciplina) e interdisciplinaria (el programa de formación es común a profesionales de diversas disciplinas). 

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Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.

La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.

El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.

La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.

Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo. 

En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.

Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.

Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.

Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.

Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. 

El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas. 

Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.

Franco Colapinto y el espejo de Juan Manuel Fangio: pasado glorioso y futuro en construcción del automovilismo argentino

La reciente exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no fue solo un espectáculo para fanáticos: también reavivó una comparación inevitable con Juan Manuel Fangio, el máximo ícono del automovilismo nacional y uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1.

A sus 22 años, Colapinto representa una nueva generación que vuelve a ilusionar a la Argentina con tener protagonismo en la elite del automovilismo mundial. Su presencia al volante de un monoplaza en plena ciudad, rodeado de miles de personas, evocó inevitablemente aquellas épocas en las que Fangio dominaba la Fórmula 1 con una autoridad que aún hoy resulta difícil de igualar.

La comparación, sin embargo, exige contexto. Fangio construyó su leyenda en una Fórmula 1 muy distinta, en los años 50, cuando la categoría daba sus primeros pasos y el riesgo era parte constitutiva del oficio. Con cinco títulos mundiales —una marca que se mantuvo como récord durante décadas—, el balcarceño no solo ganó campeonatos: definió un estándar de excelencia basado en inteligencia, técnica y templanza.

Colapinto, en cambio, todavía está escribiendo su historia. Su recorrido por categorías formativas en Europa y su inserción en la órbita de equipos de Fórmula 1 lo posicionan como una de las mayores promesas argentinas de las últimas décadas. Pero el salto definitivo —ese que lo lleve a competir de manera estable en la máxima categoría— sigue siendo el gran desafío.

Más allá de los resultados, hay un punto de contacto clave entre ambos: la capacidad de generar identificación. Fangio lo hizo en un país que encontraba en el automovilismo una épica moderna; Colapinto lo logra en una era dominada por las redes sociales y el espectáculo global, donde cada aparición tiene impacto inmediato.

La exhibición en Buenos Aires también funcionó como un puente simbólico. La presencia de una réplica de la histórica “Flecha de Plata”, asociada a las hazañas de Fangio, no fue casual: buscó conectar el legado de una era dorada con la expectativa de un futuro posible. Pero si Fangio representa la certeza de la gloria, Colapinto encarna la incógnita. Y en esa diferencia radica, quizás, el mayor atractivo de la comparación. Mientras uno ya es historia consagrada, el otro es una promesa en desarrollo que necesita tiempo, resultados y contexto para acercarse —aunque sea parcialmente— a ese legado.

Argentina, mientras tanto, vuelve a mirar la Fórmula 1 con atención. Y aunque el peso del apellido Fangio siga siendo inalcanzable, la irrupción de Colapinto abre una puerta que parecía cerrada: la de volver a tener un protagonista propio en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Reclamo de intendentes por más fondos para las rutas que causan “muertes por accidentes de tránsito”

Intendentes de 200 ciudades del país se movilizaron este martes a las puertas del Ministerio de Economía para entregar un petitorio en el que denunciaron el desastre en la rutas que ya causan decenas de muertes, con el agravante que Toto Caputo se queda con los fondos del impuesto al combustible que por ley están asignados a mantener y reparar el sistema vial. 

Un monto que en los más de dos años de gobierno de Milei hubiera alcanzado para reparar todas las rutas del país, pero que el ministro se traga para dibuja un superávit a fuerza de violar leyes y abandonar deberes básicos del Estado.

La movida fue impulsada por el ministro de de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, pero logró sobre este lunes el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que dirige Fernando Espinoza, y logró la adhesión de intendentes de todo el país.

Un dato relevante fue que participaron intendentes del peronismo, pero también estuvieron alcaldes vecinalistas y una comitiva del Foro de Intendentes radicales.  Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas-

Como anticipó el medio LPO, entre los planteos centrales se incluyó retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo y que el Gobierno haga las obras que está obligado por ley a partir de lo que recauda del Impuesto PAIS y el Impuesto a los Combustibles. “El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos”, denunció Katopodis.

Pero, además de eso, los intendentes apuntaron contra el Gobierno por el derrumbe de la coparticipación que golpea directo en las arcas municipales que, a la vez, ya sufren en muchos casos una reducción de la cobrabilidad de tasas frente a la recesión generalizada.

“Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas”, dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas por Nación y frenar el recorte de fondos a provincias y municipios”.

Más tarde, varios intendentes se dirigieron a la sede de la FAM, donde se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

Aysa
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