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El 95% de las escuelas públicas porteñas no tiene un plan de mitigación de riesgos

El auditor porteño, por el Frente de Todos, Lisandro Teszkevwicz, explicó detalles del informe sobre mitigación de riesgo y Ley de escuelas Seguras de la Ciudad, donde quedaron evidenciadas importantes falencias en la materia.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), aprobó un informe sobre mitigación de riesgo y Ley de escuelas Seguras de la Ciudad, donde quedaron evidenciadas importantes falencias en la materia.

En ese marco, el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkevwicz, dijo que “mientras la Corte Suprema de Justicia, el jefe de gobierno porteño y la ministra de Educación de la Ciudad, se embarcan en el festejo irresponsable de haber partidizado el Poder Judicial, hasta el punto de ponernos a la población en riesgo, en la Auditoria de la Ciudad trabajamos un informe que demuestra de manera contundente que el 95% de los edificios escolares de la Ciudad no poseen un Plan de Mitigación de Riesgos, como marca la ley, incluso antes de la pandemia”.

Las declaraciones del auditor fueron al término de la reunión de Colegio de Auditores, donde se aprobó el informe final correspondiente al Proyecto 2.20.03 – Mitigación de riesgos y Ley de Escuelas Seguras, durante el período 2019.

El informe hace referencia a los planes de Autoprotección, para ellos la Ley 5.920 establece que cada establecimiento educativo debe presentar su plan de autoprotección, y el mismo debe ser aprobado. Sin embargo, en 2019, sólo se habían presentado 51 planes de 816. Es decir, menos del 10% de los establecimientos escolares tiene planes para reducir los riesgos en tiempos sin pandemia.

El documento también muestra que la dirección de mitigación ha sido recortada en varias de funciones, que han pasado a Mantenimiento, mostrando falta de coordinación entre las distintas unidades encargadas de la seguridad en las escuelas como la Agencia Gubernamental de control y Mitigación.

Además, da cuenta del déficit de control, capacitación y prevención de incendios. En ese sentido, según detalla el informe, se detectaron 47ascensores no aceptados por las empresas de mantenimiento que realizan el control de los mismos, no se ha finalizado con el reemplazo de vidrios estipulado por ley.Se observó subejecución presupuestaria en las siguientes obras: “Protección de vidrios” (solo se devengó el 42,72 %); “Elementos para la accesibilidad” (tuvo devengamiento 0%). Además, hay empresas encargadas de mantenimiento que no están habilitadas por la Agencia Gubernamental de Control, lo mismo sucede para el caso de los matafuegos.

El informe de la AGCBA también muestra que es deficitaria la cantidad de capacitaciones en materia de incendios y en la cantidad de simulacros, y no hay constancia de las personas que asistieron a las capacitaciones efectivamente dictadas. Además, señala que no es claro el destino de los 1800 kits de reposición de botiquines que fueron adquiridos.

Ante este escenario, el Auditor del Peronismo porteño remarcó que “a pesar de haberse promulgado la Ley 5920 en el año 2017 no se ha aprobado aproximadamente el 95% del universo de edificios que albergan establecimientos educativos de gestión estatal. Y en este contexto, como ya denunciamos las escuelas porteñas ingresaron en un año de pandemia, en el que se les recortó 528 millones de pesos destinados a cubrir algunas de esas falencias de infraestructura”.

“El nivel de irresponsabilidad con la que Larreta y Acuña tratan la salud de nuestros pibes, y la comunidad toda, no solo es alarmante, es terriblemente peligroso en tiempos de COVID19”concluyó Lisandro Teszkiewicz.

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Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

El sube y baja en las entradas de las escuelas sigue en aumento

La doble fila en los colegios, el estacionamiento en las esquinas que obstruye las rampas para personas con movilidad reducida, e incluso el estacionamiento sobre las veredas son las infracciones más comunes en las zonas donde se encuentran escuelas.

En los últimos 12 meses se sumaron 25 escuelas, lo que significa que un 25% del total de colegios de la Ciudad cuenta con la participación de instituciones educativas al proyecto. Actualmente, 200 colegios forman parte y se contempla ampliarlo en un 20% para el 2024.

El sistema, que venía funcionando en 175 colegios, sumó 25 establecimientos más en los últimos 12 meses y arrancó el ciclo lectivo 2024 con 25% del total de colegios adheridos.

Actualmente, ya son 200 los colegios que participan y desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, se trabaja en conjunto con todas las instituciones educativas, de gestión privada y pública de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en nivel inicial, primario y secundario, para ampliarlo en un 20% más este año.

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa, cada colegio cuenta con un voluntario, designado por el colegio. Éste es quien abre la puerta de los vehículos cuando llegan al colegio, asiste a los niños en el descenso para que el padre/madre/tutor no se baje del vehículo y continúe con su rol de conductor, cierra la puerta del auto para que se incorporen al flujo vehicular.

De esta manera, el programa logra disminuir la doble fila, que está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces las calles son vistas como un espacio desfavorable para los chicos ante la presencia de vehículos, por ello con Sube y Baja se busca recuperar el espacio público para los más pequeños adaptándolo a sus necesidades y fomentando su autonomía.

Objetivos del programa

– Promover el ordenamiento del tránsito.

– Garantizar la seguridad vial.

– Mejorar las prácticas de convivencia.

– Agilizar la entrada y salida de los alumnos.

Sube y Baja en números

● 200 escuelas:

○ 162 gestión privadas.

○ 31 gestión pública.

○ 7 Educación especial.

● 106 mil alumnos son beneficiados diariamente por este programa

● 100% de disminución de la doble fila.

● 20 minutos de reducción en el tiempo de entrada.

● Desde 2 voluntarios por turno.

● 9 jurisdicciones pidieron asesoramiento (Rawson -Chubut-, San José de Cuyo y Mendoza Capital -Mendoza-, Córdoba Capital -Córdoba-, Venado Tuerto -Santa Fe-, Concordia -Entre Ríos-, Resistencia -Chaco-, Montevideo -Uruguay- y Bogotá -Colombia-).

Preocupación en una escuela de Flores: un niño llevó un arma cargada

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22. que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero al ser revisada se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma si no que se la mostró a su compañero, que rápidamente avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464; el chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber porqué el alumno tenía en su mochila la pistola.