Siguen prohibidos los despidos hasta el 30 de junio

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la reunión semanal de Gabinete económico en la que se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días. 

La mesa estuvo integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

El presidente Alberto Fernández encabezó la reunión semanal de Gabinete económico en la que se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días.

La agenda de la reunión tenía como temas principales aquellos que vienen siendo tratados durante los últimos encuentros del Gabinete económico, en especial la cuestión del alza de precios y la coyuntura económica durante la pandemia, pero el principal anuncio fue la extensión de la suspensión de despidos.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Jefe de Estado e integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Luego de la reunión la vicejefa de Gabinete económico, Ceclila Todesca Bocco, aseguró que «se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola, es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas”.

Agregó que «a partir de ayer está abierta la inscripción al REPRO, que es una política muy importante, porque nosotros pagamos una parte de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que se anotan en esos programas. Los que se tienen que anotar son los empresarios, y entonces el Gobierno paga una parte de los salarios”.

Claudio Moroni y Matías Kulfas, ministros de Trabajo y Producción encargados de las medidas de asistencia económica.

Manifestó que “en los sectores críticos paga hasta 22 mil pesos por trabajador, la inscripción es hasta el primero de junio inclusive. También se pueden anotar los monotributistas y autónomos, así como el mes pasado lo hicimos con los monotributistas del sector gastronómico, ahora se amplía a un gran universo que incluye culturales, transporte, comercios de cercanía, algunos servicios. Los empresarios también pueden recibir estos 22 mil pesos que le pueden servir para pagar algunos gastos”.
“Tenemos también la reducción de las contribuciones patronales, que ya fue prorrogada para los sectores críticos de acá hasta fin de año”.

En referencia a la Tarjeta Alimentar, la funcionaria explicó que «se pagó el viernes pasado a las personas que ya tenían el plástico de la Tarjeta Alimentar, ya se hicieron los depósitos para las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos. Para quienes no tienen la tarjeta alimentar, este mismo monto que le corresponde que son, 6, 9, o 12 mil pesos de acuerdo a que tengas un hijo, dos, tres o más, se va a depositar a través de la AUH de aquí hasta el tres de junio. Las familias no tienen que hacer ningún trámite, lo hace la ANSES, en base a los datos que tiene cruzados. Esto alcanza a casi a 4 millones de niños y niñas de la Argentina, y creemos que es una buena plataforma para este momento”.

Al momento de abordar la cuestión inflacionaria, Todesca indicó que desde el Gobierno hicieron “un repaso de la situación de la inflación, de las herramientas que tenemos en esta situación en particular, con un gran aumento de los precios internacionales, y el golpe de eso sobre la Argentina. Es importante que seguimos manteniendo el sistema de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad. Son buenos productos, y es una canasta que representa el consumo de los argentinos”.

Agregando que se está “trabajando en la ley de góndolas, que es que cuando la góndola, cuando vas al supermercado no esté ocupado solo por dos o tres empresas más grandes, sino que haya productos de las pymes y de la economía popular. Esto lleva tiempo de implementarse pero es un cambio sustantivo porque vas a tener más oferta, y si hay más oferta, hay más competencia y todos tienen más oportunidades. Seguimos discutiendo cómo equilibrar las oportunidades de exportación que tiene el país como gran productor de alimentos, con el mercado interno. Ahí estamos trabajando porque eso afecta muy fuerte en el bolsillo de las familias”.

Todesca también se refirió a la situación fiscal, asegurando que se verificó «un aumento importante de los ingresos tributarios que tienen que ver con dos factores: modificaciones que se hicieron en la ley de solidaridad social y reactivación productiva, y ganamos casi un punto de PIB en impuestos progresivos y a su vez, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, eso también nos ha dado un incremento de los ingresos fiscales. Se suma a eso los derechos de exportación que es la contracara del aumento de los precios internacionales”.

En este marco, “todos estos ingresos que tenemos están siendo afectados, nosotros tenemos un gasto por encima del presupuesto, equivalente a 1,3 del PIB, son más o menos 480 mil millones de pesos, y por supuesto que este número lo vamos mirando en base a las distintas herramientas que nos piden el presidente y el jefe de gabinete que pongamos en práctica mientras tengamos que ir todavía teniendo algunas restricciones de índole sanitaria. Es el tiempo que necesitamos para que avance la vacunación. Toda esta recaudación extra que tenemos la vamos a usar, y la estamos usando, justamente para esto”.

Por último, respecto de los controles de AFIP, Todesca dijo que se «avanzó en controles de la cadena de alimentos y en particular de la carne. Son inspecciones de rutina, pero para nosotras es importante saber qué pasa en estos sectores, porque como sabemos a veces pasan cosas raras que terminan teniendo impacto sobre los precios que hacen que la gente pueda comprar menos de lo podría comprar, y eso no es justo”.

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Tensión en Balvanera con la comisaría del barrio y los vecinos

Un video filmado por vecinos de la Comuna 3 alarmó al barrio por la cantidad de ruidos, peleas y el hacinamiento que viven los casi 100 detenidos por diferentes hurtos en la Alcaidía Anexo 3 en el barrio porteño de Balvanera.

La calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, tiene alto tráfico aunque no tanto como cerca de Plaza Miserere (Once) porque pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia.

“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó un vecino que no quiso dar su nombre por miedo quien recordó que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa, reprodujo Infobae la queja vecinal.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Hoy, 9 de junio, los datos oficiales sostienen que sigue la superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270. En esta alcaldía de Balvanera, 60 detenidos.

El conflicto lo provocó el mismísimo gobierno porteño según un vecino que vive al lado de la comisaría: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros”.

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Apuestas ilegales: nueva modalidad a través de Whatsapp

La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad llevó adelante una serie de operativos y allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Chacabuco y Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor que detectó movimientos extraños en la billetera virtual de su hijo y finalmente supo que esas entradas y salidas de dinero eran por apuestas deportivas que el menor hacía a través de WhatsApp.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Rozas, a cargo de la FEJA,  y  permitieron recabar elementos de prueba significativos para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación relevante y soportes digitales que dan cuenta del funcionamiento de una organización dedicada a la captación ilegal de apuestas.

Asimismo, durante los operativos se logró ubicar e identificar 3 personas que quedaron imputadas y sujetas al proceso judicial.

Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron de la investigación fue la verificación de que existieron víctimas menores de edad que accedían a las plataformas de apuestas desde escuelas primarias y secundarias, lo que alerta sobre la gravedad del fenómeno del juego ilegal y su incidencia directa en la población infantil y adolescente.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recuerda que las plataformas de juego deben contar con autorización y control de la Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.), y que sólo las plataformas legales poseen mecanismos de validación de identidad que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la mayoría de edad. Solo si una plataforma termina en “.bet.ar ” es legal y segura.

Los procedimientos se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la participación de la Policía de la Ciudad.

En 2024, hubo 1 femicidio cada 39 horas

El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.

De allí se desprende también que el año pasado en promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes.

Con una tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres del 0,95, del estudio surge que en al menos el 86% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo. En efecto, en el 54% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 16% eran familiares, y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 9% de los casos eran desconocidos entre sí.

El informe agrega que al momento del hecho, al menos 96 víctimas directas de femicidio tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad).

En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio).

En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, al menos el 88% eran argentinos, mientras que al menos 11% eran de origen extranjero.

Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.

Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante el uso de la fuerza física (manual y con elementos) en 86 casos (36%); con armas blancas y/o elementos cortopunzantes en 67 (29%); con armas de fuego, en 46 (20%); con fuego u otros medios combustibles en 13 (6%), y en 5 (2%) el femicidio directo se cometió por intoxicación o venenos.

De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo.

El 79% (180) de las víctimas de femicidio directo fueron atacadas en viviendas, mientras que el 9% (20) de estos hechos ocurrió en el espacio público. El 84% de los hechos sucedieron en zonas urbanas, mientras que el 14% ocurrieron en zonas rurales.

Otros datos que surgen del RNFJA 2024:

Al menos 14 víctimas directas de femicidio eran migrantes internacionales, al menos 8 eran migrantes interprovinciales y otras 3 eran migrantes intraprovinciales.

Al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad; al menos 3 se encontraban embarazadas al momento del hecho, y al menos 3 eran lesbianas/bisexuales.

Al menos 12 víctimas se encontraban en situación de prostitución y al menos 2 estaban en situación de calle.

Al menos 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios (una de la comunidad Wichí Betania y otra de la comunidad aborigen El Cóndor).

4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias.

10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.