Legislatura porteña: buscan reconvertir edificios de oficinas en viviendas

Se persigue convertir edificios de oficinas en vivienda y/o residencias comunitarias, promover inversiones culturales y gastronómicas así como proteger el patrimonio arquitectónico y paisajístico y ampliar espacios verdes públicos en 120 manzanas. Beneficios e incentivos.

La promoción de la vivienda y la facilitación de la mudanza hacia el Área Céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el establecimiento de herramientas de financiamiento y ayuda financiera para quienes opten por mudarse, fue dispuesta hoy por una ley aprobada por la Legislatura en la última sesión ordinaria del año. Para ello fue creado el “Fondo Compensatorio” que tiene por finalidad equilibrar las posibles diferencias que existieran entre el ajuste en las cuotas de los créditos hipotecarios que se otorguen al efecto, indexados por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El Banco de la Ciudad implementará una línea de crédito denominada en UVAs, con garantía hipotecaria, tendiente a promover la adquisición de viviendas reconvertidas dentro del Área Céntrica y podrá implementar líneas de crédito preferenciales, tendientes a promover la realización de obras de mejoras, refacción y/o acondicionamientos de inmuebles de oficinas para su refuncionalización a viviendas.

Los recursos estarán integrados por las diferencias positivas entre las cuotas del préstamo hipotecario en UVAs y el valor de la cuota teórica resultante de aplicar un ajuste en función al índice RIPTE; además el Fondo arbitrará los medios necesarios para realizar estos cobros de forma directa a los beneficiarios de los préstamos que adhieran a los beneficios. También lo compondrán la partida presupuestaria a asignar por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los aportes realizados a través del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, los intereses que se obtengan de la inversión de los fondos excedentes a plazo fijo en el Banco de la Ciudad o en el Banco de la Nación Argentina más legados, donaciones y/o cualquier otro aporte que establezca el Poder Ejecutivo porteño.

Además, se creó el Programa “Mudate al Microcentro”, por el que el Banco de la Ciudad otorgará líneas de crédito en condiciones preferenciales tendientes a afrontar los gastos iniciales de mudanza y otros relacionados al contrato de alquiler de un inmueble destinado a la vivienda dentro del Área Céntrica, a todos aquellos individuos locatarios que celebraren contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda única en esa zona.

El monto del préstamo será de hasta una suma dineraria equivalente a mil doscientas Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), y las condiciones preferenciales serán fijadas de común acuerdo entre la autoridad de aplicación y el Banco de la Ciudad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de manera conjunta con el Banco de la Ciudad establecerán los requisitos específicos para acceder al programa y el GCABA compensará al Banco de la Ciudad por los subsidios de tasa que éste último se vea obligado a ofrecer en las distintas líneas de crédito preferenciales que sean creadas a los fines de esta ley.

Las 120 manzanas que comprenden el Área Céntrica están delimitadas por las avenidas Santa Fe, Crucero General Belgrano, del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini, en ambas aceras.

Las Comisiones de Vivienda y Presupuesto que elevaron el proyecto al Pleno, consideraron en los fundamentos que “la transformación de edificios que hoy se encuentran vacíos, sin utilidad ni movimiento, permitiría un cambio de gran relevancia que ya se está realizando en otras ciudades del mundo como consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19”.

Ley para transformar el área en residencial

La transformación urbana del Área Céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “inteligente y sostenible a través de la promoción al desarrollo de actividades económicas estratégicas” fue aprobada este jueves mediante una ley. 

La norma persigue afianzar un área residencial convirtiendo los edificios de oficinas en vivienda y/o residencias comunitarias, así como la promoción de la inversión privada en actividades económicas estratégicas para ofrecer servicios compatibles en una zona que ha tenido un tradicional perfil económico-financiero.

Son sujetos beneficiarios “las personas humanas, las personas jurídicas y las uniones transitorias de empresas que realicen proyectos de reconversión de inmuebles“, es decir aquellos que conlleven obras de adaptación, adecuación o de reforma respecto de inmuebles existentes y que destine el mismo, en al menos un 30% de la superficie total, a viviendas y/o a las actividades estratégicas tales como centros de enseñanza inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y posgrados, para adultos, especial y para discapacitados; centros de enseñanza de idiomas, centros médicos y de salud en general, instalaciones deportivas, gimnasios y natatorios; lavanderías y tintorerías, peluquerías y centros de tratamiento de belleza, establecimientos gastronómicos, centros culturales, clubes sociales, cines, teatros, talleres artísticos y salas de ensayo. También a centros de estética y similares, centros veterinarios, residencias geriátricas y residencias universitarias y comunitarias. Las presentaciones de los proyectos deberán efectuarse antes del 31 de enero del año 2024. 

Es requisito para gozar de los beneficios acreditar el cumplimiento de dos condiciones: que hayan realizado un compromiso de inversión dentro del Área Céntrica por medio de la presentación de un proyecto de reconversión debidamente aprobado y, que “no posean deuda alguna respecto de las obligaciones tributarias líquidas y exigibles por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sea porque aquellas hayan sido canceladas en tiempo o forma o porque los sujetos se hayan acogido a un plan de facilidades de pago que debe encontrarse vigente“. El incumplimiento de estas condiciones implicará la pérdida de los beneficios, sin perjuicio de las infracciones previstas en el Código Fiscal.

Por otra parte, se creó el “Plan de Intervenciones en el Espacio Público del Área Céntrica” con la finalidad de mejorar la integración social, cultural y urbana de los proyectos. Éste plan “deberá incluir, al menos, la ampliación de espacios verdes públicos, la transformación del casco histórico, el reordenamiento del tránsito con ampliación de espacios destinados a la movilidad sustentable, la disposición de corredores verdes, la protección y promoción de la puesta en valor del patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico, y la planificación de actividades artísticas, culturales, de integración y recreativas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Área“.

Además, fue creado el “Comité Área Céntrica” presidido por la autoridad de aplicación e integrado por representantes de todas las áreas del GCABA con competencia en la planificación y ejecución de políticas públicas de ordenamiento y/o mejora del espacio público en esta zona, un representante del Banco de la Ciudad y tres de la Legislatura que serán designados por la Vicepresidencia Primera. El organismo participará en la confección, en forma no vinculante, del Plan de Intervenciones en el Espacio Público del Área Céntrica y del seguimiento de su ejecución por el plazo que se establezca en el Plan que se publicará en el sitio web del Gobierno porteño.

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Control vehicular: 56 detenidos y 3800 autos secuestrados

La “Patrulla de Control de Accesos” de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos en sus primeros dos meses de actividad, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

Del total de personas identificadas, 56 quedaron detenidas por delitos como robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo, entre otros.

En algunos casos su identificación permitió constatar que contaban con requerimientos judiciales y en otros se los detuvo en flagrancia.

Esta patrulla especializada puesta en funcionamiento el 8 de septiembre pasado tiene la tarea de identificar vehículos y personas para detectar elementos que indiquen una posible vinculación con actividades delictivas, como la tenencia de armas o drogas, o hallar a individuos con pedidos de captura y controlar infracciones de tránsito.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 10 meses de 2025.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados: 1.098 de ellos eran autos y 2.728 motos.

Cada patrulla cuenta con un móvil, dos motos, ocho policías, dos camiones asignados a remolque y el apoyo de dos patrulleros por turno con dos agentes cada uno. También intervienen Agentes de Tránsito de Seguridad y la División K9 de perros adiestrados.

Las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Congreso Internacional de Contrataciones Públicas

Se realizó la tercera edición en la Facultad de Derecho (UBA) y estuvo organizada por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la III edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades para optimizar resultados”, el encuentro fue organizado de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura porteño, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa buscó reflexionar sobre la compra pública como herramienta estratégica para el cumplimiento de las funciones del Estado y para el desarrollo económico y social. 

La apertura de la actividad, que tuvo entre sus presentes a los expositores internacionales y magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad, contó con la participación de la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteña, Marcela De Langhe, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.

Allí, la jueza del Tribunal Superior de Justicia señaló: “Desde el Poder Judicial observamos con mucho interés esta agenda y estas Jornadas que son un espacio de altísimo nivel y reflexión porque entendemos que la contratación pública se enfrenta con el desafío más ambicioso de la historia: modernizarse atendiendo los avances en materia de inteligencia artificial y transformación digital”. En ese sentido, De Langhe resaltó: “Hablar de contratación pública es hablar de ética republicana, eficiencia estatal y calidad democrática”.

Por su parte, la Secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, afirmó: “Este Congreso, que contó con representantes de más de 30 países y el apoyo de un montón de organismos internacionales, debatió temas centrales de la contratación pública como la profesionalización de los equipos, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de contratación y cómo la contratación pública es utilizada para fomentar derechos sociales, derechos ambientales y como la utilizamos como herramienta para lograr el desarrollo de las naciones”.

Durante su exposición en la apertura y el cierre del encuentro, Ferrero valoró el trabajo mancomunado entre los tres poderes de la Ciudad y resaltó los diferentes logros en los que se avanzó en la materia, como la incorporación de las compras públicas sustentables en el GCBA, el convenio con la UCA para la profesionalización de las contrataciones públicas y el acuerdo entre el Consejo y el OCDE para mejoras en la Economía y Gobernanza del Sector Público.

Durante los dos días del Congreso se desarrollaron siete paneles temáticos con más de treinta exposiciones de especialistas nacionales e internacionales. Allí se abordaron la transformación digital y los avances en inteligencia artificial, la profesionalización de los equipos de compras y los objetivos socialmente estratégicos en las contrataciones públicas como también se analizó la utilización de datos para el análisis y la definición estratégica de compras, las tendencias e innovaciones —incluyendo el uso de tiendas virtuales para la compra gubernamental— y se expusieron las directrices de la Unión Europea y las nuevas medidas en los Estados Unidos, para culminar con un panel dedicado a los desafíos y reformas en la contratación pública argentina.

Entre los oradores se destacaron, entre otros, el vicepresidente primero del Consejo, Horacio Corti, la profesora adjunta en el programa de Compras Públicas de la George Washington University, Ana Victoria Christoff, el profesor brasileño André Saddy, la investigadora británica Annamaria La Chimia, el especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Carlos Balbín, la catedrática española Patricia Valcárcel Fernández, la jueza porteña Natalia Tanno, el investigador estadounidense Christopher Yukins, la académica húngara Tünde Tátrai, la especialista sudafricana Sope Williams, el asociado en UNOPS Mariano Pastorella, el subsecretario salteño Facundo Marin y el ex consejero Alberto Biglieri.

También aportaron su experiencia representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, jueces, docentes universitarios y funcionarios de distintas jurisdicciones, lo que permitió un intercambio plural y enriquecedor.

El Congreso contó con la participación de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Manuel Izura y los consejeros Marcelo Meis, Rocío López Di Muro, Lorena Clienti y Luis Duacastella Arbizu, entre otros.

Con esta tercera edición, el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se consolida como un espacio anual de debate y formación. La convocatoria, que reunió a expertos de distintos países y a representantes de los tres poderes de la Ciudad, reafirma el compromiso del Consejo de la Magistratura y de las instituciones porteñas con la profesionalización de las compras públicas y la búsqueda constante de mejores prácticas que impacten positivamente en la ciudadanía.

Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores

A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.

De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.

En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.

Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.

Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.