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Denuncian nuevo negocio inmobiliario

Organizaciones políticas y ambientales advirtieron este lunes que el Distrito Joven de la Costanera Norte porteña “no está destinado a resolver los problemas de la juventud”, si no a “enmascarar un nuevo negocio inmobiliario”.

Así lo expresaron en el segundo día de la audiencia pública sobre este proyecto, que es impulsado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Federico Winokur, del Nuevo Mas, dijo que el proyecto Distrito Joven “no está destinado a resolver problemas de la juventud”, ya que su nombre busca “enmascarar un negocio nuevo inmobiliario”.

Winokur, quien fue precandidato a diputado nacional en 2021, agregó que el plan es “contrario a la voluntad popular”, y exigió que se “escuchen las movilizaciones que se vienen haciendo desde hace más de un año” contra la privatización de la costanera.

La audiencia pública en la que se analiza la viabilidad del proyecto de “Distrito Joven”, impulsado por el Gobierno porteño para la Costanera Norte, tendrá hoy una nueva jornada a partir de las 12.30 que podrá seguirse por la plataforma YouTube.

En qué consiste el proyecto


El “Distrito Joven” es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue aprobada en la Legislatura en 2018 y abarca cinco sectores de la Costanera Norte, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano.

De acuerdo a lo informado en la audiencia pública por voceros del Ejecutivo local, el plan incluye 73,09 hectáreas, de las cuales 14,1 serán concesionadas y 58,9 se destinarán a “espacios públicos parquizados”. En las áreas concesionadas podrán instalarse locales gastronómicos y bailables o espacios para actividades culturales y deportivas, entre otros usos.

Más oradores


Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, fue otro orador de la jornada, y dijo que el Distrito Joven es “parte de un plan de entrega de la costanera que apunta a un gran negocio inmobiliario”, y mencionó, como otras iniciativas que complementan ese objetivo, la rezonificación de Costa Salguero, Punta Carrasco y la ex Ciudad Deportiva.

Además, lamentó que esta audiencia pública es un “trámite administrativo que se va a desoír”, ya que, como todas las audiencias convocadas por el Poder Ejecutivo o la Legislatura porteña, no son vinculantes.

Amanda Martín, también legisladora porteña del Frente de Izquierda, advirtió a su turno que la intención del Gobierno de la Ciudad es “hacer un Puerto Madero desde la Costanera Norte a la Costanera Sur, encareciendo así el precio de la vivienda en la ciudad, que ya es inaccesible para todos los trabajadores que ganan menos que la canasta básica de 80.000 pesos, y más aún para los jóvenes, que en su mayoría tienen trabajos precarios”.

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Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

El sube y baja en las entradas de las escuelas sigue en aumento

La doble fila en los colegios, el estacionamiento en las esquinas que obstruye las rampas para personas con movilidad reducida, e incluso el estacionamiento sobre las veredas son las infracciones más comunes en las zonas donde se encuentran escuelas.

En los últimos 12 meses se sumaron 25 escuelas, lo que significa que un 25% del total de colegios de la Ciudad cuenta con la participación de instituciones educativas al proyecto. Actualmente, 200 colegios forman parte y se contempla ampliarlo en un 20% para el 2024.

El sistema, que venía funcionando en 175 colegios, sumó 25 establecimientos más en los últimos 12 meses y arrancó el ciclo lectivo 2024 con 25% del total de colegios adheridos.

Actualmente, ya son 200 los colegios que participan y desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, se trabaja en conjunto con todas las instituciones educativas, de gestión privada y pública de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en nivel inicial, primario y secundario, para ampliarlo en un 20% más este año.

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa, cada colegio cuenta con un voluntario, designado por el colegio. Éste es quien abre la puerta de los vehículos cuando llegan al colegio, asiste a los niños en el descenso para que el padre/madre/tutor no se baje del vehículo y continúe con su rol de conductor, cierra la puerta del auto para que se incorporen al flujo vehicular.

De esta manera, el programa logra disminuir la doble fila, que está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces las calles son vistas como un espacio desfavorable para los chicos ante la presencia de vehículos, por ello con Sube y Baja se busca recuperar el espacio público para los más pequeños adaptándolo a sus necesidades y fomentando su autonomía.

Objetivos del programa

– Promover el ordenamiento del tránsito.

– Garantizar la seguridad vial.

– Mejorar las prácticas de convivencia.

– Agilizar la entrada y salida de los alumnos.

Sube y Baja en números

● 200 escuelas:

○ 162 gestión privadas.

○ 31 gestión pública.

○ 7 Educación especial.

● 106 mil alumnos son beneficiados diariamente por este programa

● 100% de disminución de la doble fila.

● 20 minutos de reducción en el tiempo de entrada.

● Desde 2 voluntarios por turno.

● 9 jurisdicciones pidieron asesoramiento (Rawson -Chubut-, San José de Cuyo y Mendoza Capital -Mendoza-, Córdoba Capital -Córdoba-, Venado Tuerto -Santa Fe-, Concordia -Entre Ríos-, Resistencia -Chaco-, Montevideo -Uruguay- y Bogotá -Colombia-).

Preocupación en una escuela de Flores: un niño llevó un arma cargada

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22. que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero al ser revisada se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma si no que se la mostró a su compañero, que rápidamente avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464; el chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber porqué el alumno tenía en su mochila la pistola.