Regreso a clases en la Ciudad sin burbujas y vacunados
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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la escuela 21 D.E 5 en el barrio de Nueva Pompeya, ubicada en Andrés Ferreyra 3749, en el marco del inicio lectivo 2022 para el Nivel Inicial y Primario, y aseguró que este año habrán 192 días de clases. El 2 de marzo comenzarán las clases para el Nivel Secundario.
Hoy lunes 21 de febrero se inicia el ciclo lectivo 2022 en la Ciudad de Buenos Aires , con presencialidad completa y sin burbujas para ambas; por otro lado, las demás provincias abren las aulas oficialmente después de los feriados de Carnaval, de forma presencial.
“Es una emoción enorme. Nos habíamos comprometido que íbamos a empezar las clases unas semanas antes, para no solo cumplir sino superar el objetivo de 180 días de clases. Cada día cuenta. Este año tenemos un calendario de 192 días de clases”, abrió el jefe de Gobierno junto a su equipo, afirmando que los días hasta el momento “no alcanzaban” y que por eso se decidió extender el período lectivo.
Además, Larreta confirmó que se finalizó con el “sistema de burbujas” y que este año se está dando “un paso importante” y es que la jornada extendida pasa a ser obligatoria, lo que “supone más de 10 horas por semana”.
Por el inicio de las clases en CABA, el gremio docente Ademys anunció un paro de actividades en las escuelas porteñas al considerar que “no están dadas las condiciones” para el comienzo de las clases.
En Ciudad de Buenos Aires: protocolo para 400 mil alumnos entre nivel inicial y primaria
Por un lado, en las escuelas porteñas no se pedirá pase sanitario y el uso de barbijo solo será obligatorio a partir del segundo ciclo del nivel primario, o sea desde 4to grado. En el caso de actividades al aire libre no será obligatorio en ningún nivel.
Se eliminan las burbujas, y los chicos tendrán libres espacios de interacción.
Se elimina el aislamiento por contacto estrecho frente a un caso positivo, allí se le avisará a las familias para que adviertan en caso de que un alumno presente síntomas compatibles con el coronavirus.
De la feroz pelea anti-UBER a la modernización de lo taxis porteños
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modernizar el sistema de taxis y ordenar las aplicaciones de viajes (como Uber o Cabify) “para que todos compitan con reglas más claras”.
“Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”, señala.
“El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas”, se detalló.
¿Qué cambios habrá en el servicio de taxi porteño?
En primer lugar los taxistas van a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho ocho plazas (incluido el conductor). Al mismo tiempo, se reduce la capacidad mínima de pasajeros a cuatro (con el conductor). Hoy es de cinco personas, lo que posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.
A su vez se eliminarán:
La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.
El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.
La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.
La obligatoriedad de turnos fijos.
La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.
La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.
El proyecto de ley también incluirá:
Eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.
También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.
¿Qué cambios habrá para los autos de aplicaciones?
Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.
Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.
“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, agregó el funcionario.
Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.
Las medidas fueron anunciadas en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.
Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable
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El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.
La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.
El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.
La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.
Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo.
En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.
Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.
Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.
Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.
Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas.
Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.
El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas”
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El Centro de Formación Judicial del TSJ porteño, junto con REFLEJAR y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, lanzaron una propuesta educativa virtual de alcance federal sobre la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica. El acto contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y una nutrida representación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el mundo académico y profesional.
El 28 de abril, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas”, implementada en el marco de la Ley Nacional N° 27.671. La iniciativa fue desarrollada en articulación con el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y fue presentada por Marcela De Langhe, jueza del TSJ y presidenta del Consejo Académico del CFJ. También participaron en la apertura María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y presidenta de REFLEJAR; Emilia Valle, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS); Julián Langevin, defensor general de la Nación (interino); y Alicia Ruiz, vicepresidenta del TSJ porteño.
La propuesta es virtual, asincrónica y autoadministrada, y apunta a fortalecer en el ámbito judicial el conocimiento integral de la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica. Su formato, sin embargo, excede el de un curso convencional: incluye testimonios filmados de veteranos que integran un documental educativo concebido especialmente para la iniciativa.
Al presentarla, la jueza De Langhe fue precisa sobre su carácter: “Hay palabras que con el tiempo se vacían de contenido. Se repiten tanto que dejan de pesar. ‘Malvinas’ no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve. Porque Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron”. Sobre el formato elegido, agregó: “Propone algo muy difícil de hacer, pero aún más difícil de olvidar. Es un documental educativo. Son voces y rostros. Son testimonios de personas que estuvieron allí y que tuvieron la enorme generosidad de sentarse frente a una cámara para contárnoslo”.
Por su parte, la ministra Battaini aportó una perspectiva personal y emotiva sobre la cuestión. Señaló que Malvinas no es para los fueguinos una abstracción histórica sino una vivencia concreta, y que las vigilias del 2 de abril —en las que participa el pueblo fueguino recordando a los 649 caídos y a las enfermeras que asistieron a los heridos en el continente— son el equivalente cotidiano de lo que estas capacitaciones buscan en el ámbito institucional. Cerró su intervención con cuatro palabras que, dijo, resumen todo: “honor, patria, soberanía, respeto.”
El panel continuó con las palabras de la presidenta de JUFEJUS, Emilia Valle, quien afirmó que la cuestión Malvinas “no es un capítulo más de nuestra historia … es una causa profundamente arraigada en la identidad nacional y que une con más fuerza a las provincias argentinas”. Agregó que “la formación no es solo transmisión de información, es promover reflexión, conciencia histórica, compromiso con los valores colectivos de nuestra sociedad democrática. Y en esto, los poderes judiciales tenemos una función trascendental”.
Langevin manifestó que “esta capacitación configura una iniciativa que refleja un compromiso profundo del Estado argentino con su historia, su identidad, y su proyección soberana. Este curso ofrece conocimientos en materia histórica, jurídica y geopolítica, que nos ayudarán a comprender en profundidad los fundamentos del legítimo reclamo de nuestra Nación frente al derecho internacional, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes”. Y finalizó su exposición con una invitación “a asumir esta capacitación no solo como una obligación legal, sino como la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la soberanía nacional”.
A modo de cierre del panel, la jueza Alicia Ruiz sostuvo que la memoria “no es simplemente una acumulación de información sobre el pasado, sino una construcción colectiva que nos compromete con el presente y el futuro”, y que recordar la cuestión Malvinas es “también un camino para la justicia y la reparación.”
La jornada incluyó además un panel de intercambio moderado por la jueza De Langhe, integrado por los veteranos de Malvinas Esteban Vilgré Lamadrid y Esteban Tríes, y por Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas.
El acto reunió una representación amplia y significativa del mundo jurídico, académico y político. Estuvieron presentes también los integrantes del TSJ porteño Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi; la jueza del Tribunal Superior de San Juan Adriana García Nieto; la defensora general de la Ciudad y consejera académica del CFJ, Marcela Millán; el fiscal general adjunto en lo Civil y Comercial, Martín Converset; los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Horacio Corti y Lorena Clienti; la secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Genoveva Ferrero; los consejeros académicos del CFJ Gonzalo Álvarez, Gabriel Unrein y Raúl Alfonsín; la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, así como la vicedecana y secretaria ejecutiva del CFJ, Silvia Nonna; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; los ministros de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet, entre otros funcionarios judiciales, académicos y representantes de colegios y asociaciones profesionales y gremiales.
La actividad estará disponible en el aula virtual del CFJ. A través de los convenios de cooperación del CFJ con universidades, colegios profesionales y asociaciones jurídicas, la propuesta se proyecta con alcance federal, con el objetivo de llegar a magistrados, funcionarios, empleados, matriculados y estudiantes de derecho de todo el país.
