Ciudad: saludable propuesta para suspender el acarreo de autos

El legislador porteño Juan Manuel Valdés, a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura Porteña, propuso suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires hasta que se concrete la licitación.

Con contratos vencidos en 2001, las dos empresas de acarreo que se reparten la Capital Federal son Dakota–STO y BRD–SEC. Levantan 14 autos por hora a un valor de $6500 por cada vehículo. Pero apenas pagan un canon mensual $55.000. Al costo del acarreo la persona debe sumarle el costo de la multa, de igual magnitud.

“Suspéndase en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la concesión del servicio de acarreo hasta tanto se efectivice la licitación correspondiente”, sostiene el artículo 1° del proyecto de Valdés. El segundo artículo agrega: “El Poder Ejecutivo arbitrara los medios necesarios para garantizar el acarreo de los vehículos que obstaculicen las rampas, plazas de estacionamiento y/o cualquier otro espacio destinado a la accesibilidad de personas con discapacidad”.

Problemas eternos con el acarreo y el “zar de las grúas”

Según el portal La Insuperable, el empresario de las grúas formó otra sociedad con su hermano Juan Ramón Violante en 2021 y, con una suerte envidiable, cuatro meses después de crearla consiguió ganar una licitación para el alquiler de cocheras por 9 millones de pesos. La empresa se llama Ragnarv y también consiguió por cinco años la nada despreciable explotación del subsuelo de la plaza del Congreso por un canon mensual de 615.000 pesos.

Aunque Violante tiene experiencia cancelar el costo de los canones, como indica un informe de la Auditoría porteña de marzo de 2021 sobre las grúas: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos que el GCBA le realiza a ellas”, advertía.

Es decir, en el balance, terminaba pagando cero pesos. Ese informe fue el último que los auditores opositores consiguieron incluir en la planificación de futuras auditorías. La mayoría larretista en el organismo de control intenta excluir las concesiones sistemáticamente de las investigaciones.

En los chats con el (ahora licenciado) ministro de Seguridad, Violante habla también de otra de sus empresas, Brewda. Concretamente, le pide a D’Alessandro que se la mencione al ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti. Esa empresa consiguió justamente adjudicarse un “servicio de guarda de vehículos” para la subsecretaría de Trabajo, que depende de Giusti. Es decir que una de las cocheras que maneja Violante, además, recibe dinero por alojar vehículos oficiales. Esta misma empresa tiene otras tres concesiones de estacionamientos de autos.

Además de con el Gobierno porteño, las empresas de Violante también tuvieron tratos con el intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, luego condenado a seis años de prisión por narcotráfico.

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La Justicia actuó de oficio ante los actos antisemitas en el clásico entre Atlanta y All Boys

Tras el partido entre All Boys vs. Atlanta, la fiscalía de la C.A.B.A. ordenó el secuestro de banderas y carteles con leyendas antisemitas en el marco del operativo de seguridad por el partido disputado por la Primera Nacional. Fue coordinado por la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, la Policía de la Ciudad labró tres actas contravencionales por diferentes irregularidades.

La primera intervención se realizó en la intersección de las calles Mercedes y Álvarez Jonte, donde personal policial detectó un pasacalle con la leyenda “Muerte al Estado genocida de Israel”, y tras consulta judicial, se dispuso el secuestro del elemento y el labrado de un acta por “incitación al desorden”.

El segundo hecho ocurrió cuando ingresó un drone al estadio que portaba una bandera de Palestina. El aparato sobrevoló el campo de juego y posteriormente cayó dentro del mismo, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes por infracción a los artículos 119 (incitación al desorden) y 125 (colocación de elementos que inciten a la violencia o contengan mensajes discriminatorios u ofensivos).

Por último, en las inmediaciones del estadio se halló sobre la vereda un cartón con forma de ataúd pintado con los colores del club Atlanta y una cruz negra en la parte superior. Ante esta provocación a la parcialidad contraria, se labró un acta por infracción a los artículos 116 y 119 del Código Contravencional y se procedió al secuestro del elemento.

Constitución: cuatro detenidos por un intento de robo

La Policía de la Ciudad frustró un robo y detuvo a cuatro delincuentes en el barrio de Constitución luego de que intentaran robar en una empresa. Fueron acusados del delito de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad. 

El hecho ocurrió este viernes cuando personal de la Comisaría vecinal 1C se trasladó hasta una oficina ubicada en Pedro Echagüe al 1200 tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en progreso.

En el lugar, según el llamado, al menos tres delincuentes ingresaron y maniataron a sus empleados con multas de robo.

En este sentido, el personal se desplegó rápidamente y alcanzó a frustrar el asalto, capturando primero a dos delincuentes, uno en la puerta que oficiaba de “campana” y otro dentro de la oficinas.

Los otros dos autores, al ver el arribo de la policía, huyeron por los techos, situación que fue advertida por los operadores del Centro de Monitoreo que guió al personal policial para que se lograra su detención tras hacer un operativo cerrojo.

En poder de uno de los delincuentes se secuestró un revólver calibre 38.

Los cuatro empleados del lugar, dos hombres y dos mujeres, resultaron ilesos, al tiempo que uno de ellos fue asistido por el SAME con crisis de nervios. Los ladrones fueron detenidos por instrucción del magistrado interventor por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad.

Una ONG expuso la situación de las personas en situación de calle

El pronunciamiento internacional surge en simultáneo a la elaboración del informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires” , realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas.

Del documento se desprende el aumento de personas en situación de calle, la falta de políticas para abordar esta problemática de forma integral y un fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También muestra cómo la estrategia de la nueva gestión del GCBA tuvo un abordaje bifrontal: por un lado, con una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, con un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones , que aún así no logra trascender las intervenciones de emergencia.

Sobre el paradigma “Orden y limpieza”, según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento) .

El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Este enfoque ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana, los despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijadas por la normativa nacional y local.

Sobre las políticas públicas para atender la emergencia , en el año 2025, las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle presentaron un aumento del 40,11% en términos reales .

Sin embargo, estos programas se siguen orientando principalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria , principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales.

La problemática de situación de calle debe abordarse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional. 

En el informe elaborado por el CELS, ACIJ y el MPD CABA presentan líneas de acción que incluyen medidas paliativas y programas potencialmente transformadores, sobre las que es necesario profundizar para alcanzar consensos entre los distintos actores que abordan esta problemática.