Ley de incentivo joven en la C.A.B.A.

La Legislatura de la Ciudad aprobó en la sesión ordinaria una iniciativa del diputado Emmanuel Ferrario (VJ), vicepresidente de la Legislatura porteña, denominada “Ley de incentivo joven”, que beneficia impositivamente a los nuevos contribuyentes monotributistas que tengan entre 18 y 29 años de edad y adhieran al Régimen Simplificado porteño.

Esa franja etaria de nuevos trabajadores, profesionales, comerciantes o prestadores de servicios quedará eximida de pagar el impuesto a los Ingresos Brutos durante los primeros 24 meses, a partir de su inscripción formal como contribuyente, al aplicarse una bonificación del 100 por ciento de la alícuota que le correspondería abonar.

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria que preside el legislador Claudio Romero (VJ), quien hizo de miembro informante en el comienzo del debate parlamentario. En la sesión de este jueves se aprobó por la unanimidad de los 57 legisladores presentes.

crédito: prensa Legislatura porteña.

“Desde la Ciudad tenemos el doble reto de integrar a los jóvenes en el mercado laboral e incentivarlos para que puedan desarrollar sus tareas”, explicó Ferrario tras la sanción de la ley y remarcó que los principales objetivos son propiciar la incorporación de los jóvenes a la formalidad laboral o profesional y generar un alivio fiscal que significa un ahorro concreto de dinero. Se estima que, a valores nominales actuales, este alivio impositivo sería de hasta $ 78.000 anuales.

En los fundamentos del proyecto se había señalado que, según en INDEC, en la capital argentina hay unos 123 mil jóvenes menores de 30 años que se encuentran desempleados o solo tienen trabajos informales, lo que representa al 42% de ese rango etario en situación económicamente activa.

Según datos del INDEC, 123 mil jóvenes porteños menores de 29 años se encuentran desempleados o en situaciones de empleo informal, número que constituye el 42% de la población económicamente activa de ese rango etario. Con la Ley de Incentivo Joven, los jóvenes que se den de alta por primera vez en el impuesto van a poder ahorrar hasta 78 mil pesos por año y van a tener la previsibilidad de recibir este beneficio por 24 meses.

Los principales propósitos de este proyecto

Los principales propósitos de este proyecto son:

● Generar un alivio fiscal que va a asegurar a los jóvenes un ahorro extra por 24 meses

● Dar una herramienta concreta para incentivar a los jóvenes que quieren trabajar y emprender en la Ciudad

● Invitar a los jóvenes a sumarse al mercado formal de trabajo a través de una reducción en los costos de su incorporación 

“Desde la Ciudad tenemos un doble reto: integrar a los jóvenes en el mercado laboral e incentivarlos para que puedan desarrollar su carrera y su proyecto de vida acá en la Ciudad.” indicó Emmanuel Ferrario, y agregó: “La exención del Impuesto a los Ingresos Brutos a los jóvenes que se den de alta por primera vez en el impuesto cumple un papel esencial para darles un ahorro adicional a los jóvenes, lo que mejora su bienestar en el corto, en el mediano y en el largo plazo”, y “además, muchas veces los jóvenes no están familiarizados con los impuestos o no encuentran la información: al momento de emprender tienen que observar tantas cosas que se pierden de su objetivo principal, tener emprendimientos sostenibles”.


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En comercios porteños, vendían termos tóxicos para la salud y clausuran el local de Once

Secuestraron más de 2.300 termos potencialmente tóxicos para la salud que estaban a la venta

La Policía de la Ciudad, junto con personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y de Aduana secuestraron más de 2.300 termos potencialmente tóxicos para la salud que estaban a la venta en locales del barrio de Balvanera.

Los procedimientos fueron llevados adelante tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián y la Secretaría Única del Dr. Bomparola, que derivó en una inspección integral en distintos locales dedicados a la venta de productos importados, ubicados en Pasteur al 200 y al 300, Larrea al 300, Bartolomé Mitre al 2200, Azcuénaga al 100 y al 300 y Junín al 400.

En este sentido, de la División Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, junto con la CIJ, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), y la AGC encabezaron el operativo en el que se secuestraron 2.300 termos y mates metálicos por un valor aproximado a los 38 millones de pesos y se imputaron once personas, dueñas de los locales, por infracción a los artículos 201 y 289 del Código Penal Nacional.

crédito: Policía de la Ciudad.

La incautación se concretó luego de que se verificara que los termos eran potencialmente tóxicos y nocivos para la salud, principalmente por no ser aptos como contenedores de líquidos para consumo humano, debido a que no fueron fabricados con acero 304, tal como lo establecen las normativas vigentes.

A su vez, los procedimientos permitieron verificar que los termos se encontraban en infracción ya que no estaban realizados con el material autorizado por el Código Alimentario Argentino. 

Por su parte, el personal de Aduana indicó que los elementos no poseían la correspondiente documentación respaldatoria, como así tampoco el correspondiente timbre fiscal adosado a los mismos.

Ante estas circunstancias, el fiscal Carlos Rolero Santurián imputó a los responsables de los locales por venta de productos tóxicos para la salud (art. 201 y 289 del Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan surgir), y dispuso el secuestro de todos los termos en infracción.

Asimismo, se dispuso la clausura del comercio ubicado sobre la calle Pasteur, por no reunir las condiciones requeridas por los organismos públicos

¿Qué cambios se aprobaron para taxis y clubes de barrio?

Además de los cambios en el Código Procesal de la Ciudad, se creó el INDEC porteño, readecuaron la antigüedad de los taxis, se aprobaron beneficios para clubes de barrio y se hicieron modificaciones en Ley de Mecenazgo.

Antigüedad de los taxis

Por unanimidad, los diputados legislaron sobre una prolongación de la vida útil de los automotores asignados al servicio de taxis. Se permitirá, para el año actual, la circulación de modelos de hasta 14 años de antigüedad. Para los años 2025 y 2026 regirá el tope máximo de 15 años de uso y, luego, mediante una tabla decreciente, se dispone volver en el 2030 al techo de 10 años de uso como máximo. Los coches con más de 10 años deberán hacer la verificación técnica cada 6 meses.

El INDEC de la Ciudad

Por unanimidad, quedó convertida en ley la normativa que regula y reglamenta el funcionamiento del sistema estadístico del ámbito metropolitano. Al efecto, se creó el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires (INDECBA).

Capacitación sobre mayores

Con despacho de las comisiones de Personas Mayores y Legislación del Trabajo y el voto ampliamente mayoritario de los legisladores, se ordenó la capacitación obligatoria de todo el personal de la función pública de la Ciudad, en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en lo que se denomina “perspectiva de edad”, que es el buen trato a las personas mayores.

Para los clubes de barrio

Por iniciativa de la comisión de Turismo y Deporte, el cuerpo parlamentario aprobó una medida que permitirá a los clubes de barrio abrir cuentas corrientes en el Banco Ciudad sin costos de apertura, operativos o de mantenimiento.

Designaciones

Adrián Hugo González y Tomás Aguerre fueron formalmente designados como director titular y director adjunto, respectivamente, del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad.
Por otra parte, se aprobó la nominación de Ezequiel Martín Quaine para cubrir el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de Faltas de la Ciudad.

Nueva legisladora

Alejandrina Barry renunció este jueves a su banca de legisladora y fue reemplazada por Mercedes Trimarchi. Ambas fueron electas por el Frente de Izquierda, aunque en la Legislatura conforman monobloques con distintos nombres. El relevo está relacionado con decisiones internas de “rotación” de esa agrupación política.

Ley de Mecenazgo

El proyecto busca fomentar la financiación privada de iniciativas culturales, incentivando la creación de diversas manifestaciones artísticas y fortaleciendo el sector cultural de la Ciudad. Desde su implementación, ha apoyado miles de proyectos en áreas como teatro, danza, música, artes visuales y más, siendo fundamental para muchos artistas y colectivos. 

A fin de seguir promoviendo el desarrollo de la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posibilitar una mayor participación de los privados en el sector, se propician las siguientes modificaciones a la norma vigente: establecer el veinte por ciento (20%) como aporte que puede imputar el patrocinador en virtud del régimen, salvo para los Grandes Contribuyentes que se mantiene en el diez por ciento (10%); establecer un esquema del ochenta por ciento (80%) de aporte al proyecto cultural para ser considerado como un pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos con el tope establecido por el artículo 15 de la Ley, y en consecuencia derogar el artículo 19 que exime a los proyectos culturales de inclusión social de la aplicación del artículo 17.

También introduce nuevas facultades para la Autoridad de Aplicación, como la aprobación de proyectos, la administración de recursos, el control del cumplimiento de los beneficios y la creación de un comité evaluador.  Los integrantes del Consejo de Participación Cultural y del comité evaluador quedan inhabilitados para presentar o participar en proyectos culturales durante su ejercicio y un año después.

Audiencias públicas: una herramienta clave que poco se conoce para que los vecinos participen

Esta semana, en la Legislatura porteña y en el marco de la Ley Nº6 modificada por la Ley Nº 6629, se realizaron dos audiencias públicas bajo la modalidad mixta que permitió la participación de más de 80 vecinos entre ambas. Por ahora es baja la participación, pero se espera que vaya en aumento por la creciente demanda participativa que pretende la población y la falta de conocimiento de la herramienta ciudadana.

La primera de ellas, en el Salón San Martín, para tratar la ley de la Comisión de Planeamiento Urbano para ampliar el centro de atención ambulatoria de la Fundación Favaloro, en su anexo del barrio de Belgrano. 

Fue presidida por el legislador Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), Presidente de la Comisión, junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por más) y los legisladores integrantes de la misma comisión, Paola Michielotto (Vamos por más), María Sol Méndez (Confianza Publica), Gimena Villafruela (Vamos por más), Ignacio Parera (Vamos por más), Francisco Loupias (UCR / Evolución), Juan Modarelli (Unión por la Patria), Claudia Neira (Unión por la Patria), María Cecilia Ferrero (Vamos por más) y Sandra Rey (La Libertad avanza).

Entre los asistentes estuvieron presentes los ex legisladores mandato cumplido, Daniel del Sol y Diego Weck. Expusieron los expertos del proyecto, como el Director Operativo del Hospital Universitario de La Fundación Favaloro, Luciano Gentile, quien expresó la necesidad de incrementar la cantidad de camas para la recuperación de los pacientes, ampliar el laboratorio de análisis clínicos, hacer lugar a la instalación de los equipos de estudios de alta complejidad y generar espacio para  más consultorios, con el fin de “aportar a la salud de la población con medicina de alta calidad, accesible y sin dejar de hacer docencia e investigación”.

Entre los números que aportó el expositor, detalló que la institución atiende 20.000 consultas mensuales, entre 400 y 500 cirugías por mes y que dos tercios de esas cirugías se realizan a pacientes de Pami y solo un tercio a pacientes de prepagas.  También estuvieron la arquitecta Mariana Irigoyen, titular del Estudio Arquisalud, responsable de la realización del proyecto; y, la magister arquitecta Flavia Rinaldi, quien realizó la investigación y análisis de la situación urbana, ambiental y patrimonial del edificio que conforma el proyecto.

Asimismo, entre los inscriptos se expresó la señora Laura Favaloro, sobrina nieta de René Favaloro, quien agradeció a la Legislatura por el trabajo para así honrar el legado familiar de “seguir innovando y creciendo para atender a las necesidades de los pacientes con el mismo compromiso y excelencia que él nos inculcó”.

Más tarde, en el Salón Presidente Alfonsín, la segunda audiencia pública fue para tratar una ley de la Comisión de Cultura, para poner el nombre de “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 del D. E. Nº 10

Fue presidida por la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), Presidenta de la comisión, junto a los legisladores integrantes de la misma, Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria), Vicepresidente 1º, María  González Estevarena (Vamos por más), Patricia Glize (Vamos por más) e Inés Parry (UCR / Evolución).

También contó con la presencia del ex legislador mandato cumplido, Claudio Morresi y el periodista Juan Carlos Diez, autor del libro “Martropía, conversaciones con Spinetta”, en el que concentra cinco años de encuentros personales, ensayos y grabaciones compartidas con Luis Alberto Spinetta.

¿Qué son las audiencias públicas?

A diferencia de los servicios en los que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla -salvo internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que pasaron a ser servicios públicos por decreto en agosto de 2020 y que son prestados por varias empresas-.

En el caso de la luz y el gas, por ejemplo, se trata de un prestador por zona. En esta situación monopólica, estas empresas, como Metrogas, Edenor y Edesur, están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará.

Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.