En línea con el discurso y la política del presidente, parece que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca hacer buena letra lanzando dardos para un medio nacional desde Europa.
Desde Madrid, en una entrevista con LA NACION, Jorge Macri confirmó que analiza una reforma “acotada” de la Constitución de la Ciudad para “hacer más eficiente” el funcionamiento del Estado para reducir costos.
Por un lado, sin proyectos en danza, parecería que apuntan a simplificar la normativa vigente, eliminar estructuras, revisar órganos superpuestos y desburocratizar a la gestión de Pro en el territorio porteño.
De hecho, se armó una mesa política para evaluar opciones de reforma para ver los puntos a reformar como: el sistema de Comunas, el software administrativo que utiliza la Ciudad, la simplificación de trámites y suprimir áreas “sobredimensionadas”.
El Ejecutivo busca posicionarse ya que una legisladora libertaria, Pilar Ramírez, lanzó dardos para también apuntar a la reducción del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la iniciativa que elaboraron Ramírez y Marina Kienast propone reestructurar el Estado, eliminar el 50% de los cargos políticos y reducir la planta de empleo público en la administración capitalina. Además, apunta a habilitar privatizaciones de empresas públicas, como AUSA o la Lotería de la Ciudad, o revisar concesiones de bienes y servicios; e implementar cambios en el sistema de prestación de salud y en la ley de seguridad pública.
Según los cálculos de los libertarios, hay 2500 funcionarios con cargos políticos en la Ciudad que cobran sueldos de hasta cinco millones de pesos. Y consideran que es necesario achicar costos para reducir la alta presión impositiva en el distrito.
En efecto, esta semana se produjo la primera reunión de la mesa política y técnica que conformó Jorge Macri para analizar el plan para darle una nueva estructura a la Ciudad. Asistieron el vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia, la secretaria de Legal y Técnica, Leticia Montiel, y el titular de la Procuración General de la Ciudad, Martín Ocampo.
“Si los cambios que pensamos están prohibidos por la Constitución, evaluaremos una reforma”, justifican en la sede porteña de Parque Patricios.
“Para achicar el Estado, podemos empezar por la Ley de Ministerios o por los organismos que van por fuera de la Constitución. Reformarla es un gasto enorme y no es prioridad para ningún porteño”, sostuvo Manuela Thourte legisladora de la UCR.
