Congreso Internacional de Contrataciones Públicas organizado por tres organismos porteños

El encuentro contó con la participación de más de 500 inscriptos y estuvo organizado por el Consejo de la Magistratura porteño, la Legislatura de la Ciudad y el GCBA.

Esta semana, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Organizado por el Consejo de la Magistratura, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Legislatura porteña, el evento contó con la visión de aquellos encargados de pensar las normas, de impulsarlas y ejecutarlas y tuvo como objetivo generar un intercambio positivo sobre realidades, estándares, desafíos y objetivos que se tienen en cuenta a la hora de pensar como optimizar los sistemas de contrataciones públicas.

La vicepresidenta primero del Consejo, Genoveva Ferrero, fue una de las impulsoras de la actividad, el cual destacó por “contar con la organización del Poder Judicial de la Ciudad en conjunto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. “La idea de realizar este Congreso sobre una temática tan trascendente como las contrataciones públicas surgió desde la necesidad de rever el Decreto Nacional 1.023 y ver qué podemos perfeccionar, qué podemos incorporar y qué podemos trabajar en conjunto los tres poderes, con la participación de expositores, tanto nacionales como internacionales” afirmó Ferrero.

En otro sentido, la vicepresidenta primera recordó la reciente modificación de la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA –Ley 2.095–, respecto de la preferencia para aquellas empresas que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores o personas jurídicas que han obtenido certificados que respondan a criterios sociales. “Este Congreso representa un evento de suma importancia para nosotros porque seguro que desde aquí surgirá un documento que vamos a poder trabajar en conjunto” concluyó.

El presidente del Consejo, Francisco Quintana, participó del cierre del Congreso y resaltó la importancia que el evento se lleve a cabo en la Universidad de Buenos Aires y que cuente con la participación y organización de los tres poderes porteños. “Que este Consejo se realice en la UBA tiene un valor adicional porque es la casa pública a nivel universitario y que se aborde esta temática ratifica el compromiso que tenemos de seguir trabajando para lo que viene” sostuvo. Asimismo, el presidente del Consejo destacó el trabajo realizado por la vicepresidenta primera del Consejo, Genoveva Ferrero y reconoció “el prestigio del nivel de los expositores de ambos días”.

Asimismo, el Decano de la Facultad de Derecho UBA, Leandro Vergara, resaltó la importancia y el orgullo para la UBA por haber sido anfitriona del Congreso. “El hecho que se pueda reflexionar y pensar sobre la contratación pública, desde el punto de vista de las políticas públicas, es absolutamente estratégico y que se desarrolle en nuestra Facultad hace al crecimiento de la temática pero también de nuestra Universidad” reconoció.

La actividad contó con la participación de los consejeros Alberto Biglieri, quien disertó en el panel sobre métodos de resolución de conflictos y la  consejera Ana Salvatelli, quien  ofreció su mirada respecto de los principios globales de las contrataciones públicas y el análisis comparado entre los sistemas vigentes en el continente americano. “En este Congreso se ha generado una masa crítica de conocimientos con participación de representantes de distintos países que generan una estructura de derecho comparado para pensar las cosas que vienen y que pueden mejorar el derecho en nuestro país” sostuvo Biglieri. Asimismo, Salvatelli reconoció: “Este tipo de Congresos son la oportunidad ideal para abrir el debate sobre la necesidad de revisar la normativa nacional de contrataciones del Decreto 1023 que lleva 20 años de vigencia”.

El Congreso contó con la participación de más de 500 inscriptos y más de 30 disertantes, entre los que se destacan los mencionados y también la profesora titular de Derecho de Contratación Pública en la Universidad de Sudáfrica, Alisson Anthony, la especialista en Políticas de Transparencia, Integridad y Anticorrupción, Laura Alonso, la especialista Fiscal Senior y Coordinadora de Género y Diversidad en la División de Gestión Fiscal del BID, Leslie Harper, la coordinadora de Adquisiciones y Contratos del PNUD Argentina, Paola Laurenzano, el Subsecretario de Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios de Salta, Facundo Marín, el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, la especialista de Líder en Adquisiciones de Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Álvaro Larrea, la Asesora y Consultora en Obras Públicas e Infraestructura, Susana Vega, el Managing Partner del Estudio Jurídico IUS Partners de Asunción, Raúl Fernando Sapena Giménez, la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario, Adriana Taller, el experto internacional en Modernización e Innovación en Sistemas de Contratación Pública, Daniel Sánchez, la socia de las áreas de Derecho Administrativo, Compliance, Anticorrupción e Investigadora en Marval O´Farrel Mairal, María Lorena Schiariti, la directora de Keidos Impacto Legal, Constanza Connolly, el doctor en Derecho, Pablo Schiavi, el socio del Estudio Jurídico Cassagne Abogados, Ezequiel Cassagne.

Durante los dos días del Congreso se abordaron las temáticas mencionadas, como así también el e-procurement, el impacto de la Inteligencia Artificial, la negociación y el sistema de protestas en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el compliance, el impacto social de las contrataciones públicas y su impacto en los desafíos futuros, entre otros.

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De la feroz pelea anti-UBER a la modernización de lo taxis porteños

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modernizar el sistema de taxis y ordenar las aplicaciones de viajes (como Uber o Cabify) “para que todos compitan con reglas más claras”.

“Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”, señala.

“El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas”, se detalló.

¿Qué cambios habrá en el servicio de taxi porteño? 

En primer lugar los taxistas van a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho ocho plazas (incluido el conductor). Al mismo tiempo, se reduce la capacidad mínima de pasajeros a cuatro (con el conductor). Hoy es de cinco personas, lo que posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

A su vez se eliminarán:

  • La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.
  • El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.
  • La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy  la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.
  • La obligatoriedad de turnos fijos.
  • La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.
  • La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

El proyecto de ley también incluirá:

  • Eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
  • Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
  • Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.

¿Qué cambios habrá para los autos de aplicaciones?

  • Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
  • Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.
  • Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, agregó el funcionario.

Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.

Ordenamos algo que debería haberse ordenado hace tiempo. pic.twitter.com/IbBHERNM2e— Jorge Macri (@jorgemacri) May 21, 2026

Las medidas fueron anunciadas en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

Cajas meta

Cajas meta

Conocé donde mirar los partidos del Mundial 2026 en un solo lugar

Personal amplía la propuesta de deportes de su plataforma de entretenimiento Flow. Los clientes podrán disfrutar en Flow de todo el deporte en vivo más relevante a nivel mundial, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un mismo lugar y disponible para todo el país.

Personal anunció la ampliación de la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow , sumando dos nuevas señales y derechos que garantizan a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo.A partir de mañana miércoles 27 de mayo,

Flow incorporará a su grilla las señales deportivas de D-Sports canales 109 y 110, que estarán accesibles para todos los clientes y en todos los dispositivos, con contenidos clave. De esta forma, completa su oferta deportiva que incluye la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa Américay la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.

Flow incorpora todo el deporte y se consolida como la plataforma más completa del mercado, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos. El deporte en vivo siempre ha sido un vertical destacado de programación de Flow con más de 10 señales integradas a la plataforma como

Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.

La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.

El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.

La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.

Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo. 

En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.

Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.

Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.

Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.

Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. 

El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas. 

Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.

Aysa
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