Inquilinos: el número de ciudadanos de AMBA que no pueden acceder a la casa propia sigue en aumento

Alquilar es cada vez más habitual en las grandes ciudades argentinas y en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta forma de acceder a la vivienda se aceleró en los últimos años, con el encarecimiento del suelo urbano y la escasez de crédito hipotecario, entre otros factores.

Las condiciones de alquiler en el principal aglomerado urbano del país empeoraron en casi todos los aspectos y la situación económica de esta población se vuelve cada vez más frágil.

Este relevamiento que hicimos junto al CELS, IDAES, CEUR Conicet y el Instituto de Geografía de la UBA continúa la serie comenzada en 2020. Registra el deterioro en la calidad de vida de quienes alquilan y provee datos estadísticos a seis meses de la derogación de la ley que los regulaba.

Los resultados muestran que antes de la derogación la mitad de los contratos ya no respetaban la ley vigente. Tras la derogación, las condiciones empeoraron aún más. Los contratos disminuyeron, se redujo su duración y aumentó la frecuencia de actualización de los precios.

Por otro lado, la encuesta muestra una situación económica cada vez más precaria: el 62% de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omitió toda política en beneficio de la población inquilina.

Esto, según los datos relevados, repercute en la previsibilidad que debería contar un sector cada vez más numeroso y que tiene más dificultades para acceder a una vivienda digna.

a mayor parte de los hogares inquilinos alquilan casas o departamentos (56%), aunque también se registra una proporción significativa de hogares en otras tipologías de vivienda: un 26% alquila habitaciones y un 14% otro tipo de inmueble.

Las casas y departamentos son más comunes en la llamada “ciudad formal”, donde representan un 62%, mientras que en villas y asentamientos predomina el alquiler de piezas en viviendas colectivas como inquilinatos, hoteles familiares y pensiones. Entre ellos predomina el alquiler o sublaquiler de piezas en casas y departamentos.

Vale destacar que tanto en villas y asentamientos como en tipologías que no son casas y departamentos, los hogares con personas menores de edad a cargo están más representados (16% y 44% ) que los hogares sin menores (9% y 34% respectivamente).

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La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Inmuebles en leve alza y en movimiento según inmobiliarias

Un informe privado a cargo de la plataforma inmobiliaria Zonaprop reveló que el precio medio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires en julio subió un 0,5%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2440/m², nivel similar al de julio 2021.

El relevamiento informa que en lo que va del 2025, el incremento acumula un 5%. Mientras que, en los últimos 12 meses, la suba fue del 6,7%, revelando que los departamentos en pozo son los de mayor incremento de precio interanual.

En cuanto a la distribución de dichos incrementos en cada barrio porteño, alguno de ellos sufrieron subas más significativas. El aumento de mayor relevancia en el último año se dio en Núñez, que subió un 14,7%; seguido por Villa Riachuelo, con un 13,3%; y Mataderos, en el que las propiedades presentaron un alza del 12,4%.

En los casos recientemente mencionados, los precios actuales promedio se ubican en torno a los: US$3284/m² (siendo uno de los barrios con los valores más altos), US$1622/m² y US$1986/m², respectivamente.

En la vereda opuesta, hay dos barrios en los que se vislumbró una baja en el m² promedio de sus departamentos en venta. Estos son: Versalles y Parque Avellaneda, en los cuales los precios promedio bajaron un 1,6% y 1,9%, respectivamente.

Por último, en cuanto a los barrios más caros, Puerto Madero (US$6.124/m²) continúa primero en el ranking de barrios para la adquisición de departamentos, le siguen Palermo (US$3416/m²) y Núñez (US$3284/m²) completa el podio.

Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de US$1070/m². Le siguen Nueva Pompeya (US$1437/m²) y Parque Avellaneda (US$1564/m²).

Macri aplicará multas por “revolver tachos de basura” a personas que no podrán pagarlas…

La medida fue dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien instruyó a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad a intervenir ante este tipo de conductas, exigiendo la limpieza inmediata del área afectada y, en caso de negativa, sancionando a los responsables según lo establece el Código Contravencional.

“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri.

El accionar se enmarca en el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sanciona a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”.

Las penas van de 1 a 15 días de trabajos de utilidad pública o multas que oscilan entre 81 y 1.217 unidades fijas, lo que al valor actual ($731,62 por unidad) representa montos de entre $59.260 y $890.544.