Más de 8 mil personas en situación de calle y Macri no respondió el informe de la Justicia

Solo en la Ciudad de Buenos Aires más de 8.000 personas duermen en la calle, a pesar de que el 12% de las casas están sin ocupar. La vivienda es un derecho pero se impone un sistema mercantil en el que cada vez son más quienes viven como pueden.

En abril es decir hace más de 2 meses, el Ministerio Público de la Defensa CABA realizó un pedido de informes al Gobierno porteño para que responda, de forma urgente, sobre los denominados “operativos de limpieza urbana”, que afectarían gravemente derechos constitucionales de personas en situación de calle y por la reciente puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Aún no contestó.

La Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, envió una nota dirigida al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, solicitando que se detallen las intervenciones realizadas en relación a personas en situación de calle, indicando domicilios, cantidad de personas abordadas y soluciones habitacionales ofrecidas, explicando dónde y cómo se registran tales intervenciones; cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por el GCBA y cantidad de plazas disponibles; así como también las derivaciones realizadas a estos centros y otros tipos de soluciones habitacionales otorgadas en el marco de dichas intervenciones.

Además, se consulta acerca de las soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas; las derivaciones realizadas a efectores de salud mental, las medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental; las políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales; y si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.

Finalmente, Millán pregunta en referencia al protocolo, sobre los modos y mecanismos en que se realiza la identificación de las personas en situación de calle y el registro de tales identificaciones y sobre las actividades de capacitación realizadas con las fuerzas de seguridad a los efectos de su implementación, para que se detalle el contenido de las mismas.

En la presentación, el MPD destaca que, en su carácter de órgano constitucional de protección de derechos, tiene el deber de recordar que las acciones estatales deben realizarse con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social.

La Defensa Pública señala que, en especial, “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”. Y agrega: “Del mismo modo, y en relación a las políticas de salud mental, es necesario que  tengan una perspectiva integral fundada en los derechos humanos, y que los abordajes sean llevados a cabo exclusivamente por efectores de salud, con personal y profesionales idóneos y debidamente capacitados”.

“En atención al tenor de las atribuciones constitucionales de este Ministerio, y a la preocupación suscitada por las situaciones descriptas, que ha motivado diversas consultas a este MPD, se requiere contar —de manera previa a la iniciación de acciones judiciales— con la información que por medio de la presente se solicita”, concluye el pedido de informes aquí.

Movida Colectiva

En este sentido, en pleno invierno, se montó un relato de las fotos de Movida Colectiva, un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que componen la muestra Casa, una exposición que organizamos con Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos. La inauguración es este viernes 12 de julio a las 18 en Bartolomé Mitre 1767 (CABA). Habrá actividades durante dos meses.

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Franco Colapinto y el espejo de Juan Manuel Fangio: pasado glorioso y futuro en construcción del automovilismo argentino

La reciente exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no fue solo un espectáculo para fanáticos: también reavivó una comparación inevitable con Juan Manuel Fangio, el máximo ícono del automovilismo nacional y uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1.

A sus 22 años, Colapinto representa una nueva generación que vuelve a ilusionar a la Argentina con tener protagonismo en la elite del automovilismo mundial. Su presencia al volante de un monoplaza en plena ciudad, rodeado de miles de personas, evocó inevitablemente aquellas épocas en las que Fangio dominaba la Fórmula 1 con una autoridad que aún hoy resulta difícil de igualar.

La comparación, sin embargo, exige contexto. Fangio construyó su leyenda en una Fórmula 1 muy distinta, en los años 50, cuando la categoría daba sus primeros pasos y el riesgo era parte constitutiva del oficio. Con cinco títulos mundiales —una marca que se mantuvo como récord durante décadas—, el balcarceño no solo ganó campeonatos: definió un estándar de excelencia basado en inteligencia, técnica y templanza.

Colapinto, en cambio, todavía está escribiendo su historia. Su recorrido por categorías formativas en Europa y su inserción en la órbita de equipos de Fórmula 1 lo posicionan como una de las mayores promesas argentinas de las últimas décadas. Pero el salto definitivo —ese que lo lleve a competir de manera estable en la máxima categoría— sigue siendo el gran desafío.

Más allá de los resultados, hay un punto de contacto clave entre ambos: la capacidad de generar identificación. Fangio lo hizo en un país que encontraba en el automovilismo una épica moderna; Colapinto lo logra en una era dominada por las redes sociales y el espectáculo global, donde cada aparición tiene impacto inmediato.

La exhibición en Buenos Aires también funcionó como un puente simbólico. La presencia de una réplica de la histórica “Flecha de Plata”, asociada a las hazañas de Fangio, no fue casual: buscó conectar el legado de una era dorada con la expectativa de un futuro posible. Pero si Fangio representa la certeza de la gloria, Colapinto encarna la incógnita. Y en esa diferencia radica, quizás, el mayor atractivo de la comparación. Mientras uno ya es historia consagrada, el otro es una promesa en desarrollo que necesita tiempo, resultados y contexto para acercarse —aunque sea parcialmente— a ese legado.

Argentina, mientras tanto, vuelve a mirar la Fórmula 1 con atención. Y aunque el peso del apellido Fangio siga siendo inalcanzable, la irrupción de Colapinto abre una puerta que parecía cerrada: la de volver a tener un protagonista propio en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Reclamo de intendentes por más fondos para las rutas que causan “muertes por accidentes de tránsito”

Intendentes de 200 ciudades del país se movilizaron este martes a las puertas del Ministerio de Economía para entregar un petitorio en el que denunciaron el desastre en la rutas que ya causan decenas de muertes, con el agravante que Toto Caputo se queda con los fondos del impuesto al combustible que por ley están asignados a mantener y reparar el sistema vial. 

Un monto que en los más de dos años de gobierno de Milei hubiera alcanzado para reparar todas las rutas del país, pero que el ministro se traga para dibuja un superávit a fuerza de violar leyes y abandonar deberes básicos del Estado.

La movida fue impulsada por el ministro de de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, pero logró sobre este lunes el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que dirige Fernando Espinoza, y logró la adhesión de intendentes de todo el país.

Un dato relevante fue que participaron intendentes del peronismo, pero también estuvieron alcaldes vecinalistas y una comitiva del Foro de Intendentes radicales.  Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas-

Como anticipó el medio LPO, entre los planteos centrales se incluyó retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo y que el Gobierno haga las obras que está obligado por ley a partir de lo que recauda del Impuesto PAIS y el Impuesto a los Combustibles. “El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos”, denunció Katopodis.

Pero, además de eso, los intendentes apuntaron contra el Gobierno por el derrumbe de la coparticipación que golpea directo en las arcas municipales que, a la vez, ya sufren en muchos casos una reducción de la cobrabilidad de tasas frente a la recesión generalizada.

“Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas”, dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas por Nación y frenar el recorte de fondos a provincias y municipios”.

Más tarde, varios intendentes se dirigieron a la sede de la FAM, donde se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

El Gobierno eliminó los planes sociales: qué cambia y cómo impacta la nueva política

La decisión de terminar con los planes sociales marca un giro en la política asistencial del Gobierno porteño de Jorge Macri. Impulsa un nuevo esquema basado en empleo y control del gasto generando debate sobres los efecto de eliminar los planes sociales y crea un programa de capacitación y empleo.

La medida alcanzará a unas 5 mil personas y prevé una transición de un año. Incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral

La iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los “gerentes de la pobreza”.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri. 

Uno de los principales cambios de esta nueva medida es la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.

Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.

Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.

Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.

Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Aysa
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