El Banco Mundial otorga USD 150 millones para villas.

Dos nuevos préstamos para la urbanización de villas y asentamientos de todo el país fueron oficializados este martes por un total de 150 millones de dólares.

Se trata, por un lado, de un empréstito de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un tramo del Programa de Integración Socio Urbana (PISU), diseñado por el Gobierno para urbanizar villas y asentamientos de todo el país. Y, por otro, de 100 millones de dólares del Banco Mundial (BM) de financiamiento adicional al proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires para mejorar las condiciones de vida y los servicios básicos en tres barrios vulnerables.

En el caso del primero, el BID informó que ese crédito beneficiará a 5000 familias de manera directa. En tanto que desde Nación afirmaron que “el Gobierno nacional comenzó a trabajar, junto a la provincia de Corrientes y el municipio de Neuquén, para poner en marcha los primeros proyectos integrales, coordinando a su vez con otras autoridades subnacionales”.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana. Contempla intervenciones integrales de ordenamiento territorial, provisión de infraestructura básica, desarrollo humano, integración socio-productiva, fortalecimiento de organizaciones y entramados comunitarios, y estrategias para promover la de seguridad en la tenencia de la tierra. En particular el PISU tiene como objetivo promover la integración social y urbana de los 4416 asentamientos comprendidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), de los cuales 1020 están el provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el préstamo del BM será para la implementación del Plan de integración sociourbana de villas y asentamientos precarios del gobierno bonaerense. Específicamente, se financiarán intervenciones en Villa Itatí y Villa Azul en el Municipio de Quilmes y en el barrio Carlos Gardel en el Municipio de Morón.

La situación socioeconómica en Villa Itatí y Villa Azul es delicada: se estima que el 83 por ciento de la población tiene necesidades básicas insatisfechas y la tasa de desempleo es del 14 por ciento (casi el doble del promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires). No hay red de cloacas ni acceso al agua potable y las conexiones eléctricas son informales y precarias. En tanto, en el barrio Carlos Gardel, más del 67 por ciento de los hogares se consideran pobres o indigentes, según su ingreso mensual.

Esta nueva iniciativa continúa los esfuerzos del proyecto Transformación Urbana en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que apoya a la Ciudad de Buenos Aires en la urbanización del “Barrio Padre Carlos Mugica” (también conocido como “Barrio 31”). Las obras de infraestructura básica, que incluyen calles pavimentadas, acceso al agua, sistemas de alcantarillado y drenaje, y alumbrado público están casi finalizadas. Asimismo, se está avanzando con la construcción de las nuevas viviendas donde serán reubicados los vecinos que viven de manera insegura bajo la autopista.

“Estamos acercando lo mejor del Estado a los barrios más postergados para sacar a los intermediarios, pelear contra los narcos, y que los vecinos tengan mejor calidad de vida. No solo llevamos seguridad, también invertimos en infraestructura como nunca se había hecho e instalamos oficinas fijas para que los vecinos puedan acceder a servicios básicos”dijo María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

“Este proyecto busca generar oportunidades y mejorar la inclusión de las familias más postergadas, que viven cotidianamente situaciones de vulnerabilidad social y ambiental”, dijo Jesko Hentschel, Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay

Fuente: La Política On Line.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Jorge Macri preocupado por la investigación de sus departamentos en Miami

La denuncia que se presentó en la justcia de San Isidro ya llego a la Corte Suprema y está investigando el dinero utilizado para la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Es noticia esta semana de fin de año porque la Corte Suprema debe sortear otros integrantes para definir si se reabre una causa por lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los conjueces son otros jueces que integran el Poder Judicial que son designados por sorteo para intervenir en causas puntuales como por ejemplo esta causa por lavado de dinero del ex intendente de Vicente López.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “Bac Florida Bank” por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA”, por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martin confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

Este 2026, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera- tendrán que votar ahora junto a jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Eso ocurrió porque Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no lograron ponerse de acuerdo sobre la decisión, y, como hay dos vacantes en la Corte, no se conseguía la mayoría de tres votos necesarios para tomar una definición.

La defensa de Jorge Macri

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, señalaron que para la propia Justicia consideró que el tema “está agotado”. “Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso”, indicaron.

“La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento”, remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los 184.000 dólares que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

“La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo”, señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. “Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible”, explicaron.

Fuente: Clarín y CSJN

Operación Freezer: heladeras comerciales robadas se vendían por redes sociales

La investigación realizada por personal de la Policía de la Ciudad permitió establecer el modus operandi, consistente en captar equipos entregados en comodato, acumularlos en depósitos y ofrecerlos a la venta en redes sociales mediante un perfil apócrifo.

La Policía de la Ciudad realizó cuatro allanamientos y recuperó 58 heladeras exhibidoras pertenecientes a una empresa cervecera que estaban siendo comercializadas ilegalmente a través de redes sociales.

Efectivos de la División Defraudaciones y Estafas realizaron una serie de cuatro allanamientos en forma simultánea, en el marco de una investigación por apropiación de bienes en comodato que eran ofrecidos a la venta mediante un perfil falso en redes sociales.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales ingresaron a cuatro inmuebles ubicados sobre la calle Tinogasta al 5000, en el barrio de Villa Devoto, que eran utilizados como depósito y taller, donde se hallaron 58 heladeras exhibidoras con ploteos de distintas marcas de la empresa Maltería Quilmes.

Los equipos, cuya venta está prohibida, dado que habían sido entregados en comodato a comerciantes, fueron verificados “in situ” por personal técnico de la firma.

En el lugar se identificó y notificó a cuatro personas, entre ellas al responsable del depósito y técnicos y una administrativa,  por su presunta participación en la comercialización irregular de las heladeras.

La causa se inició tras la denuncia realizada por la empresa cervecera, que detectó la aparición de heladeras ploteadas en plataformas de compraventa.

Con la información aportada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, a cargo de la Dra. Fabiana Galletti, Secretaría Nº 129 del Dr. Luis Álvarez, ordenó los allanamientos y avaló el secuestro de los elementos recuperados.

Aysa
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