Nuevo Centro de Justicia de la Mujer en Caballito

crédito: PRENSA CM CABA.

La sede, ubicada en Yerbal 31, se suma a los lugares de atención que ya se encuentran en La Boca, Microcentro, Flores y Lugano, entre otras

Este lunes 9 de marzo se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede del Centro de Justicia de la Mujer ubicado en la calle Yerbal 31 del barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma contó con la presencia de autoridades de diferentes organismos del Poder Judicial de la Ciudad, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, legisladores porteños y autoridades de la Policía de la Ciudad.

La apertura de esta nueva sede constituye un paso significativo en la descentralización de los servicios de justicia especializada, al acercar la respuesta del Estado a una zona de alta densidad poblacional y facilitar el acceso a la justicia de quienes viven en Caballito y sus alrededores.

La sede, ubicada en Yerbal 31, se suma a los lugares de atención que se encuentran en distintos puntos de la Ciudad: La Boca, Microcentro, Sede Comunal 7 (Flores) y 8 (Lugano), un punto en la Defensoría del Pueblo, la Villa 21-24 y en el Barrio Ricciardelli.

La presidenta del Consejo, Karina Leguizamón felicitó a todas las áreas que intervinieron en el trabajo para que se llegase a la apertura de esta nueva sede. Asimismo, resaltó: “Esta nueva sede ubicada en el barrio de Caballito es un paso imprescindible para tener un verdadero acceso a la justicia por su ubicación geográfica”.

En ese sentido, el consejero a cargo del Centro de Justicia de la Mujer, Luis Duacastella Arbizu, resaltó: “Es muy importante para nuestro Consejo hacer la apertura de este Centro, donde se va a atender de manera integral a las mujeres que sufren violencia de género”. En ese aspecto, el consejero a cargo del CJM ratificó: “Es muy importante la apertura de esta nueva sede porque la desigualdad sigue existiendo”.

crédito: PRENSA CM CABA.

Por su parte, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo, Genoveva Ferrero, reconoció: “Es un día muy importante para nuestro Consejo porque demostramos que en la Justicia de la Ciudad necesitamos que el Estado esté presente y que iguales, porque no somos todos iguales y una víctima de violencia de género necesita que estemos ahí, que le demos respuesta”. En ese aspecto, Ferrero sostuvo: “Es un sueño poder abrir esta nueva sede y un premio al esfuerzo por no cerrar las puestas y por seguir estando presentes para todos los porteños”.

El Centro de Justicia de la Mujer es un organismo que forma parte del Poder Judicial de la Ciudad, brinda orientación y acompañamiento a mujeres y personas LGTBIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Cuenta con un modelo de atención centralizada, interdisciplinaria e integral que le permite optimizar el servicio y evitar que las personas tengan que recorrer distintas oficinas y organismos de la Ciudad, recibiendo una respuesta estatal fragmentada. 

Asimismo, la directora general del Centro de Justicia de la Mujer, Cecilia Segura, valoró el trabajo conjunto entre el Consejo, los Ministerios Públicos y el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, dijo: “Es una sede muy esperada, muy necesaria que tenga como objetivo funcionar durante las 24 horas los 365 días del año, en la que se brindará atención integral e interdisciplinaria, donde se podrá hacer una denuncia, acceder a patrocinios jurídicos gratuitos y medidas de protección para mujeres y diversidades que están atravesando una situación de violencia por motivos de género”.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente primero, Horacio Corti, los consejeros Luis Duacastella Arbizu, Gabriela Zangaro, Marcelo Meis, Lorena Clienti y Rocío López Di Muro, la secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, quienes estuvieron acompañados por la vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Alicia Ruiz, la jueza Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Marcela De Langhe, el Fiscal General de la Ciudad, Javier Martín López Zavaleta, la defensora general de la CABA, Marcela Millán y la titular del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley, la directora general del Centro, Cecilia Segura Rattagan, la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Natalia Molina y el ex presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos, entre otros.

Relacionados: 

Control vehicular: 56 detenidos y 3800 autos secuestrados

La “Patrulla de Control de Accesos” de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos en sus primeros dos meses de actividad, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

Del total de personas identificadas, 56 quedaron detenidas por delitos como robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo, entre otros.

En algunos casos su identificación permitió constatar que contaban con requerimientos judiciales y en otros se los detuvo en flagrancia.

Esta patrulla especializada puesta en funcionamiento el 8 de septiembre pasado tiene la tarea de identificar vehículos y personas para detectar elementos que indiquen una posible vinculación con actividades delictivas, como la tenencia de armas o drogas, o hallar a individuos con pedidos de captura y controlar infracciones de tránsito.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 10 meses de 2025.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados: 1.098 de ellos eran autos y 2.728 motos.

Cada patrulla cuenta con un móvil, dos motos, ocho policías, dos camiones asignados a remolque y el apoyo de dos patrulleros por turno con dos agentes cada uno. También intervienen Agentes de Tránsito de Seguridad y la División K9 de perros adiestrados.

Las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.  La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Aysa
Banner capacitate
¡Publicitá aquí!

ÚLTIMAS

Tal vez te interese