Santa Rita: la comuna 11 tendrá más espacios verdes

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la expropiación y declaración de utilidad pública de un terreno que será convertido en un nuevo espacio verde de uso libre y gratuito en el barrio Villa Santa Rita, de la Comuna 11. La iniciativa fue de la Jefatura de

Gobierno de la CABA, presentada en el recinto por el presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), y sancionada como ley por la unanimidad de 55 diputados presentes.

Se trata de un predio ocioso de la calle Álvarez Jonte 3222/24 y 32, de unos 1.400 m². Se destinará a espacio público verde y recreativo, de acceso libre y gratuito. Villa Santa Rita carece de una plaza, solo cuenta con una pequeña plazoleta y es el barrio residencial con menos lugares al aire libre de uso público en todo el ámbito capitalino.

Paralelamente, se aprobó una adecuación urbanística que da certidumbre a los vecinos que viven sobre calle Miranda, entre Concordia y Juan B. Justo (Monte Castro, Comuna 11), respecto de que esa arteria no será convertida en avenida, como se planeara hace unas tres décadas atrás. La iniciativa fue de Facundo Del Gaiso (VJ), que se hizo eco de una demanda de los propietarios de viviendas en esa calle.

La legislación conseguida tras varias décadas de reclamos fue el primer triunfo de las agrupaciones vecinales que, al mismo tiempo, mantienen la lucha para que otros terrenos corran el mismo destino y sean transformados en espacios verdes. Siete meses después de este gran paso, el colectivo barrial “Una Plaza para Villa Santa Rita”, anunció que la Secretaría de Desarrollo Urbano confirmó la adquisición del lote situado en Álvarez Jonte al 3200, un hecho que dio lugar a una jornada de celebración en ese espacio para este viernes desde las 18.

Desde el grupo de vecinas y vecinos que desde hace décadas luchan por este tema, manifestaron su “alegría y satisfacción por este logro 100% vecinal”, pero expresaron su profunda “preocupación por las demoras que podrían acontecer respecto a la construcción de la plaza”, debido al cambio de gobierno en la administración porteña desde el próximo 10 de diciembre.

Los falsos espacios verdes de CABA

En su último informe sobre nuevas plazas, parques y plazoletas, el gobierno porteño alteró los resultados incluyendo en la lista a falsos espacios verdes. Del total de 1.216 de esos espacios, 1.047 no cumplen con ninguno de los requisitos que los definen. Entre ellos figuran canteros (341), veredas (80), derivadores de tránsito (660), otros (26). De acuerdo con este informe, califican como espacios verdes cementerios, pasajes, canchas, paseos y patios porteños, entre otros.

No se trata de gustos personales ni de apreciaciones individuales. Quienes critican la falta de espacios verdes en la Ciudad y se niegan a llamar Plaza, Parque o Plazoleta, a algo que no lo es, tienen en cuenta las cuatro características principales que califican como “espacio verde” a un determinado lugar. Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) que conduce el abogado Jonatan Baldiviezo, recuerda los requisitos de estos espacios: a) que sean parquizados o agrestes (no deben estar cementados); b) de acceso público gratuito (no deben estar privatizados); c) que tengan la superficie adecuada para permitir su uso social (recreación – esparcimiento – contemplación); d) y que su suelo sea absorbente, es decir, que permita que el agua de lluvia filtre libremente hacia las napas (no deben tener construcciones debajo de la superficie).

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Otro de los temas aprobados fue una declaración de “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables”. La iniciativa, propuesta por el Frente Liberal Republicano y Vamos por Más, obtuvo el voto del pleno del cuerpo parlamentario.

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron este jueves una solicitud del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para obtener financiamiento con el objetivo de ejecutar obras que busquen “mejorar la circulación peatonal y vehicular entre áreas separadas por barreras urbanas, vías del ferrocarril y autopistas”.

Se trata de un plan de desarrollo sustentable que implica mejoras en autopistas, puentes y construcción de pasos bajo nivel y parques colindantes a vías de circulación. Los trabajos serán emprendidos por Autopistas Urbanas SA y según se estima, demandarán un presupuesto global de 75 millones de dólares o su  equivalente en otras monedas.

“Es importante destacar que estas obras proporcionarán un transporte más rápido, seguro y previsible, reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios, generando un reordenamiento del tránsito y aumentando, además, la seguridad vial y la frecuencia de viaje”, señalaron los fundamentos del despacho de la comisión de Presupuesto, donde los funcionarios del Ejecutivo explicaron el proyecto de desarrollo vial.

El parlamento porteño autorizó por ley “al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a contraer uno o más empréstitos -de forma directa, indirecta o subsidiaria- con la Corporación Andina de Fomento, u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional.

En el detalle de obras a realizar con estos recursos figuran “la puesta en valor de la Autopista Parque Dellepiane, el Puente Bosch y los pasos bajo nivel García Lorca, Irigoyen, Marcos Sastre, Empedrado y Peatonal del Fomentista.

La norma obtuvo 42 votos positivos de los bloques Vamos por Más, Unión por la Patria, UCR-Evolución, Confianza Pública, y 9 votos en contra de bloques de izquierda, la Libertad Avanza y otros.

Otra declaración aprobada por el cuerpo legislativo refiere a la propuesta de Confianza Pública y Unión por la Patria, que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”, al mismo tiempo que se solidariza con Fabiola Yañez.

Designación en la Justicia

Ariel Santiago Sáenz Tejeira fue designado para cubrir el cargo de Defensor de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo votaron los diputados a propuesta del Consejo de la Magistratura y con dictamen de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y Comisión de Justicia de la Legislatura.

Donación de órganos y Dengue

A propuesta de la diputada Patricia Glize (VxM) se aprobó por ley local la adhesión a la ley nacional 27.775 que instituye al 29 de agosto de cada año como Día Nacional de la Persona Donante de Órganos. La fecha refiere al día de 1999 en que murió una niña de 7 años en Rosario y desde entonces su cara se convirtió en símbolo de las campañas para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. En materia de Salud, también se hizo una declaración por el día Internacional contra el Dengue, por iniciativa de Matías Barrotaveña (UxP), que se conmemora cada 26 de agosto en todo el mundo con el objetivo de visibilizar e informar acerca de cómo prevenir la transmisión de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Nomenclatura de escuelas

Tras el procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública, se instituyeron por ley los nombres de los siguientes establecimientos educativos:

“Capitana María Remedios del Valle”, al jardín de infantes nucleado “D” DE 12 SEI VII A, de la Comuna 7.

“Luis Alberto Spinetta”, a la EEM 2 DE 10, de calle Roosevelt 3060.

“Caídos de Malvinas”, a la EEM 1 DE 18, de calle Gallardo 149, en Liniers.

“Padre Carlos Mugica”, al Centro de Formación Profesional 38, de calle Alpaca 2474.

“Vilma de León”, a la Escuela 24 DE 19, en Villa Soldati.

“Miguel Sánchez”, a la EEM 3 DE 10, de calle Miguel Sánchez 1050.

“Elsa Borneman”, al jardín de Infantes Integral 9, DE 20, de calle Murguiondo 2265.

¿Qué cambios se aprobaron para taxis y clubes de barrio?

Además de los cambios en el Código Procesal de la Ciudad, se creó el INDEC porteño, readecuaron la antigüedad de los taxis, se aprobaron beneficios para clubes de barrio y se hicieron modificaciones en Ley de Mecenazgo.

Antigüedad de los taxis

Por unanimidad, los diputados legislaron sobre una prolongación de la vida útil de los automotores asignados al servicio de taxis. Se permitirá, para el año actual, la circulación de modelos de hasta 14 años de antigüedad. Para los años 2025 y 2026 regirá el tope máximo de 15 años de uso y, luego, mediante una tabla decreciente, se dispone volver en el 2030 al techo de 10 años de uso como máximo. Los coches con más de 10 años deberán hacer la verificación técnica cada 6 meses.

El INDEC de la Ciudad

Por unanimidad, quedó convertida en ley la normativa que regula y reglamenta el funcionamiento del sistema estadístico del ámbito metropolitano. Al efecto, se creó el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires (INDECBA).

Capacitación sobre mayores

Con despacho de las comisiones de Personas Mayores y Legislación del Trabajo y el voto ampliamente mayoritario de los legisladores, se ordenó la capacitación obligatoria de todo el personal de la función pública de la Ciudad, en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en lo que se denomina “perspectiva de edad”, que es el buen trato a las personas mayores.

Para los clubes de barrio

Por iniciativa de la comisión de Turismo y Deporte, el cuerpo parlamentario aprobó una medida que permitirá a los clubes de barrio abrir cuentas corrientes en el Banco Ciudad sin costos de apertura, operativos o de mantenimiento.

Designaciones

Adrián Hugo González y Tomás Aguerre fueron formalmente designados como director titular y director adjunto, respectivamente, del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad.
Por otra parte, se aprobó la nominación de Ezequiel Martín Quaine para cubrir el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de Faltas de la Ciudad.

Nueva legisladora

Alejandrina Barry renunció este jueves a su banca de legisladora y fue reemplazada por Mercedes Trimarchi. Ambas fueron electas por el Frente de Izquierda, aunque en la Legislatura conforman monobloques con distintos nombres. El relevo está relacionado con decisiones internas de “rotación” de esa agrupación política.

Ley de Mecenazgo

El proyecto busca fomentar la financiación privada de iniciativas culturales, incentivando la creación de diversas manifestaciones artísticas y fortaleciendo el sector cultural de la Ciudad. Desde su implementación, ha apoyado miles de proyectos en áreas como teatro, danza, música, artes visuales y más, siendo fundamental para muchos artistas y colectivos. 

A fin de seguir promoviendo el desarrollo de la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posibilitar una mayor participación de los privados en el sector, se propician las siguientes modificaciones a la norma vigente: establecer el veinte por ciento (20%) como aporte que puede imputar el patrocinador en virtud del régimen, salvo para los Grandes Contribuyentes que se mantiene en el diez por ciento (10%); establecer un esquema del ochenta por ciento (80%) de aporte al proyecto cultural para ser considerado como un pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos con el tope establecido por el artículo 15 de la Ley, y en consecuencia derogar el artículo 19 que exime a los proyectos culturales de inclusión social de la aplicación del artículo 17.

También introduce nuevas facultades para la Autoridad de Aplicación, como la aprobación de proyectos, la administración de recursos, el control del cumplimiento de los beneficios y la creación de un comité evaluador.  Los integrantes del Consejo de Participación Cultural y del comité evaluador quedan inhabilitados para presentar o participar en proyectos culturales durante su ejercicio y un año después.

Audiencias públicas: una herramienta clave que poco se conoce para que los vecinos participen

Esta semana, en la Legislatura porteña y en el marco de la Ley Nº6 modificada por la Ley Nº 6629, se realizaron dos audiencias públicas bajo la modalidad mixta que permitió la participación de más de 80 vecinos entre ambas. Por ahora es baja la participación, pero se espera que vaya en aumento por la creciente demanda participativa que pretende la población y la falta de conocimiento de la herramienta ciudadana.

La primera de ellas, en el Salón San Martín, para tratar la ley de la Comisión de Planeamiento Urbano para ampliar el centro de atención ambulatoria de la Fundación Favaloro, en su anexo del barrio de Belgrano. 

Fue presidida por el legislador Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), Presidente de la Comisión, junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por más) y los legisladores integrantes de la misma comisión, Paola Michielotto (Vamos por más), María Sol Méndez (Confianza Publica), Gimena Villafruela (Vamos por más), Ignacio Parera (Vamos por más), Francisco Loupias (UCR / Evolución), Juan Modarelli (Unión por la Patria), Claudia Neira (Unión por la Patria), María Cecilia Ferrero (Vamos por más) y Sandra Rey (La Libertad avanza).

Entre los asistentes estuvieron presentes los ex legisladores mandato cumplido, Daniel del Sol y Diego Weck. Expusieron los expertos del proyecto, como el Director Operativo del Hospital Universitario de La Fundación Favaloro, Luciano Gentile, quien expresó la necesidad de incrementar la cantidad de camas para la recuperación de los pacientes, ampliar el laboratorio de análisis clínicos, hacer lugar a la instalación de los equipos de estudios de alta complejidad y generar espacio para  más consultorios, con el fin de “aportar a la salud de la población con medicina de alta calidad, accesible y sin dejar de hacer docencia e investigación”.

Entre los números que aportó el expositor, detalló que la institución atiende 20.000 consultas mensuales, entre 400 y 500 cirugías por mes y que dos tercios de esas cirugías se realizan a pacientes de Pami y solo un tercio a pacientes de prepagas.  También estuvieron la arquitecta Mariana Irigoyen, titular del Estudio Arquisalud, responsable de la realización del proyecto; y, la magister arquitecta Flavia Rinaldi, quien realizó la investigación y análisis de la situación urbana, ambiental y patrimonial del edificio que conforma el proyecto.

Asimismo, entre los inscriptos se expresó la señora Laura Favaloro, sobrina nieta de René Favaloro, quien agradeció a la Legislatura por el trabajo para así honrar el legado familiar de “seguir innovando y creciendo para atender a las necesidades de los pacientes con el mismo compromiso y excelencia que él nos inculcó”.

Más tarde, en el Salón Presidente Alfonsín, la segunda audiencia pública fue para tratar una ley de la Comisión de Cultura, para poner el nombre de “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 del D. E. Nº 10

Fue presidida por la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), Presidenta de la comisión, junto a los legisladores integrantes de la misma, Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria), Vicepresidente 1º, María  González Estevarena (Vamos por más), Patricia Glize (Vamos por más) e Inés Parry (UCR / Evolución).

También contó con la presencia del ex legislador mandato cumplido, Claudio Morresi y el periodista Juan Carlos Diez, autor del libro “Martropía, conversaciones con Spinetta”, en el que concentra cinco años de encuentros personales, ensayos y grabaciones compartidas con Luis Alberto Spinetta.

¿Qué son las audiencias públicas?

A diferencia de los servicios en los que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla -salvo internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que pasaron a ser servicios públicos por decreto en agosto de 2020 y que son prestados por varias empresas-.

En el caso de la luz y el gas, por ejemplo, se trata de un prestador por zona. En esta situación monopólica, estas empresas, como Metrogas, Edenor y Edesur, están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará.

Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.