Vacío legal de las app que terminó en tragedia

Ramiro Cayola Camacho, un joven de Quilmes de 20 años, que trabajaba como repartidor de la aplicación Rappi, falleció el mes pasado luego de que un camión lo atropellara en Retiro.

El joven, que andaba en su bicicleta y con la caja que tenía que entregar en la espalda, falleció en el acto a las 19 entre las calles San Martín y la Avenida Madero, y su autopsia reveló que  presentaba “politraumatismos con hemorragia interna y externa”, según aseguró la Asociación de Personal de Plataformas (APP) y la Policía.

El accidente ocurrió dos días después de que la Justicia porteña prohibió el funcionamiento de Pedidos Ya, Rappi y Glovo, tres aplicaciones para realizar pedidos por el celular, debido a que ninguna de las tres empresas cumplía con los requisitos de seguridad establecidos por el Código de Transporte.

El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, aseguró que día a día se sufren accidentes similares: “Es una enorme tragedia lo que le pasó al compañero Ramiro”, explicó.

Ese mismo viernes, registramos tres casos de chicos que estaban trabajando para estas plataformas; uno se pudo ir a la casa porque no fue tan grave, otro fue derivado al Hospital Fernández por un traumatismo, y el tercero fue Ramiro. Este es el resultado del incumplimiento de un montón de normas de seguridad vial”.

Además, señaló que la ley 5226, que legisla el Código de Tránsito y Transporte, que crea el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC) y que fue presentada por los trabajadores y votada por unanimidad en la Cámara nunca fue reglamentada en la Secretaría de Transporte. La ley además prohíbe manejar a los trabajadores de mensajería y repartos sin cumplir las medidas de seguridad.

El dirigente gremial afirmó también que mientras que el juez Gallardo avanza en el cuidado de los trabajadores el gobierno porteño apela. En ese marco pidió, junto a sus representados, la renuncia del Secretario de Transporte, Juanjo Méndez.

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Apuestas ilegales: nueva modalidad a través de Whatsapp

La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad llevó adelante una serie de operativos y allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Chacabuco y Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor que detectó movimientos extraños en la billetera virtual de su hijo y finalmente supo que esas entradas y salidas de dinero eran por apuestas deportivas que el menor hacía a través de WhatsApp.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Rozas, a cargo de la FEJA,  y  permitieron recabar elementos de prueba significativos para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación relevante y soportes digitales que dan cuenta del funcionamiento de una organización dedicada a la captación ilegal de apuestas.

Asimismo, durante los operativos se logró ubicar e identificar 3 personas que quedaron imputadas y sujetas al proceso judicial.

Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron de la investigación fue la verificación de que existieron víctimas menores de edad que accedían a las plataformas de apuestas desde escuelas primarias y secundarias, lo que alerta sobre la gravedad del fenómeno del juego ilegal y su incidencia directa en la población infantil y adolescente.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recuerda que las plataformas de juego deben contar con autorización y control de la Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.), y que sólo las plataformas legales poseen mecanismos de validación de identidad que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la mayoría de edad. Solo si una plataforma termina en “.bet.ar ” es legal y segura.

Los procedimientos se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la participación de la Policía de la Ciudad.

Maltrato animal: rescataron 13 perros y 1 loro que vendían ilegalmente por redes sociales

Trece perros y un loro rescatados en Villa Urquiza en una investigación se inició en abril, tras detectarse la venta ilegal de animales a través de redes sociales vinculadas a un domicilio en la calle Plaza al 2500, inmueble que ya había sido clausurado con anterioridad por actividades similares.

Durante el allanamiento, efectivos de la División Delitos Ambientales encontraron perros de raza -entre ellos ovejeros alemanes, bulldogs ingleses y franceses, y dachshunds (salchichas)- además de un loro Amazona aestiva, conocido como “loro hablador”, que carecía del anillo identificatorio obligatorio, lo que impidió comprobar su origen legal.

Los animales, con un valor comercial estimado en 13.500.000 pesos, fueron inmediatamente puestos a resguardo: los perros fueron entregados a una ONG especializada en bienestar animal, y el loro fue trasladado a la Reserva Ecológica, donde recibirá los cuidados necesarios.

La Policía de la Ciudad junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) allanaron un criadero ilegal de animales en el barrio de Villa Urquiza, donde fueron rescatados 13 perros de distintas razas y un loro hablador.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) intervino en el procedimiento, notificando a la empleada del lugar por Múltiples infracciones, incluyendo la violación de clausura previa, así como contravenciones a normativas ambientales y penales vigentes.

Una ONG expuso la situación de las personas en situación de calle

El pronunciamiento internacional surge en simultáneo a la elaboración del informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires” , realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas.

Del documento se desprende el aumento de personas en situación de calle, la falta de políticas para abordar esta problemática de forma integral y un fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También muestra cómo la estrategia de la nueva gestión del GCBA tuvo un abordaje bifrontal: por un lado, con una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, con un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones , que aún así no logra trascender las intervenciones de emergencia.

Sobre el paradigma “Orden y limpieza”, según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento) .

El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Este enfoque ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana, los despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijadas por la normativa nacional y local.

Sobre las políticas públicas para atender la emergencia , en el año 2025, las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle presentaron un aumento del 40,11% en términos reales .

Sin embargo, estos programas se siguen orientando principalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria , principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales.

La problemática de situación de calle debe abordarse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional. 

En el informe elaborado por el CELS, ACIJ y el MPD CABA presentan líneas de acción que incluyen medidas paliativas y programas potencialmente transformadores, sobre las que es necesario profundizar para alcanzar consensos entre los distintos actores que abordan esta problemática.