Designaron a las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura porteño

Este jueves al mediodía, en la Sala de Plenario “Dr. Enzo Pagani”, se llevaron a cabo la Sesión Especial del Plenario y luego una Sesión Ordinaria del mismo

. Durante la primera se definieron las nuevas autoridades del Consejo, que quedará presidido por Julia Correa, la vicepresidencia primera a cargo de Karina Leguizamón y la vicepresidencia segunda a cargo de Luis Duacastella Arbizu.

La nueva presidenta del Consejo, Julia Correa, manifestó su agradecimiento al resto de los integrantes del Plenario por la designación. “Creo que es muy importante que un juez sea quien presida este órgano que tiene entre sus funciones la administración de la Justicia y la selección de magistrados, entre otras” sostuvo Correa. En ese sentido se expresaron también los nuevos vicepresidentes, Karina Leguizamón y Luis Duacastella Arbizu, quienes hicieron especial énfasis en la importancia que sea una jueza quien presida el órgano.

La reunión, donde se designaron a las nuevas autoridades de las comisiones de trabajo, contó con la participación de la presidenta Julia Correa, la vicepresidenta primera, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Luis Duacastella Arbizu y los consejeros Manuel Izura, Fabiana Schafrik, Jorge Rizzo, Javier Concepción –quien participó de manera virtual–, Rodolfo Ariza Clerici y Lorena Clienti. Asimismo, la Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero, la secretaria de Asuntos Institucionales, Ana Casal, el secretario ejecutivo, Gabriel Rodríguez Vallejos, el secretario de Planificación, Mariano Heller, el secretario de Legal y Técnica, Mauro Goncalves y el secretario de Apoyo Administrativo Jurisdiccional, Sergio Gargiulo participaron de las dos sesiones del Plenario.

Con respecto a las comisiones de trabajo, quedaron conformadas de la siguiente manera:

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial:

– Presidenta coordinadora: Lorena Clienti

– Vocales: Karina Leguizamón y Rodolfo Ariza Clerici

Comisión de Disciplina y Acusación:

– Presidente coordinador: Jorge Rizzo

– Vocales: Luis Duacastella Arbizu y Fabiana Schafrik

Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica:

– Presidente coordinador: Javier Concepción

– Vocales: Manuel Izura y Fabiana Schafrik

Comisión de Selección de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público:

– Presidente coordinadora: María Julia Correa

– Vocales: Luis Duacastella y Javier Concepción

Comisión de Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la CABA:

– Presidente coordinador: Rodolfo Ariza Clerici

– Vocales: Karina Leguizamón y Manuel Izura

Por otra parte, se designó a Luis Duacastella Arbizu como presidente del Consejo Editorial de la Editorial Jusbaires y se delegó en la presidencia la designación de los representantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires ante el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA).

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Control vehicular: 56 detenidos y 3800 autos secuestrados

La “Patrulla de Control de Accesos” de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos en sus primeros dos meses de actividad, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

Del total de personas identificadas, 56 quedaron detenidas por delitos como robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo, entre otros.

En algunos casos su identificación permitió constatar que contaban con requerimientos judiciales y en otros se los detuvo en flagrancia.

Esta patrulla especializada puesta en funcionamiento el 8 de septiembre pasado tiene la tarea de identificar vehículos y personas para detectar elementos que indiquen una posible vinculación con actividades delictivas, como la tenencia de armas o drogas, o hallar a individuos con pedidos de captura y controlar infracciones de tránsito.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 10 meses de 2025.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados: 1.098 de ellos eran autos y 2.728 motos.

Cada patrulla cuenta con un móvil, dos motos, ocho policías, dos camiones asignados a remolque y el apoyo de dos patrulleros por turno con dos agentes cada uno. También intervienen Agentes de Tránsito de Seguridad y la División K9 de perros adiestrados.

Las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.  La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.