Los terrenos donde estaba ubicado el Albergue Warnes, tirado abajo en 1991, serán edificados para uso residencial, comercial y de servicios, mientras que La Isla de La Paternal, el parque que actualmente existe en el predio, se mantendrá aunque delimitado y sometido a obras de remodelación.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que modifica normativas urbanísticas de una amplia superficie del barrio La Paternal. Con mayoría del oficialismo, el proyecto gubernamental obtuvo 34 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos contra 23 votos negativos de las bancas opositoras.
Vecinos de La Paternal, Agronomía, Chacarita y de otros barrios de la Comuna 15 se manifestaron tanto en la Audiencia Pública como ante la comisión legislativa para mantener la existencia del parque. Pidieron limitar la altura de los edificios así como reconsiderar la ubicación de esas construcciones para que el espacio verde no quede encerrado.
Además, presentaron también su proyecto de ley alternativo, el cual fue tomado como propio por diputados opositores y que desde el 29 de marzo tiene estado parlamentario en la comisión de Planeamiento Urbano.
La diputada Victoria Roldán Méndez explicó que los planes urbanísticos del terreno, que son de propiedad privada, ya estaban definidos desde 1997 en la gestión de Fernando de la Rúa y que la nueva ley apunta a mejorar el barrio y no aumenta ni la construcción ni la altitud. “La ley viene a remediar y mejorar en forma sustantiva la normativa actual y a generar nuevos espacios verdes y públicos”, explicó el diputado Gonzalo Straface.
La extensión del terreno es de más de 9 hectáreas delimitadas por las avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala. Todo ese espacio es al aire libre y público, excepto 4 parcelas, cercadas por alambrados, que son de dominio privado y donde debían haberse desarrollado los emprendimientos nunca realizados.
Dentro del perímetro un sector es utilizado por una planta de tratamiento de residuos, la que será eliminada, ademas de otro sector en el que funciona la escuela de educación media “Federico García Lorca” y un jardín maternal. En el medio está la Isla de La Paternal y en el resto de lo que eran los terrenos del demolido edificio Warnes están instalados hipermercados que continuarán en el lugar.
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Los bloques opositores centraron las críticas en la altitud permitida de los edificios, en la prevalencia de los intereses inmobiliarios por encima del aprovechamiento público de los espacios verdes y abiertos, así com no haber dado participación a los vecinos ni haber prestado debida atención a sus demandas. Criticaron el proyecto los diputados Roy Cortina, Myriam Bregman, Javier Andrade, Sergio Abrevaya, Fernando Vilardo, Gabriel Solano y Laura Marrone.
Los propietarios de aquellas cuatro parcelas privadas y el gobierno de la CABA realizaron un convenio en el que acordaron que el 40% de la superficie será destinada a espacios públicos, donde se abrirán calles, se construirán veredas y accesos libres al Parque Central. Los titulares de cederán a la Ciudad en 8.800 m2, donde se harán esas obras con los constructores particulares, quienes también deberán ocuparse de reparaciones, mantenimiento y limpieza.
A cambio, se amplían los usos inicialmente permitidos, incorporando utilidades complementarias a las residenciales: entre ellas, comercios, servicios, áreas de equipamiento y estacionamientos subterráneos. Lo edificable admite hasta 48,50 metros de altura y podrá destinarse a viviendas colectivas, geriátricos, comercios minoristas, servicios terciarios, oficinas, alojamientos turísticos, locales, gimnasios, casas de fiestas, establecimientos sanitarios, jardines maternales, lugares de culto o esparcimiento.
El convenio incluido como anexo de la ley especifica que “los solados, instalaciones, equipamiento o mobiliario a ser localizado en el espacio libre de las parcelas, deberán aportar a la armonía del paisaje y a la integración con los espacios verdes de uso público”. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte deberá aprobar o no los proyectos que deben presentarse dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la ley.
