El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras analizar la situación de los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad con los ministros de Seguridad y de Justicia porteños, dispuso que el ministro Gabino Tapia le responda a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A través de una carta, Gabino Tapia explicó que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados: “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”.

En su texto, Gabino Tapia coincidió con Bullrich en que es el Ministerio de Seguridad de la Nación el que tiene a su cargo el resguardo de la seguridad pública nacional, siendo el Servicio Penitenciario Federal el responsable de la guarda y el cuidado de los detenidos, y aclaró que todavía las competencias a cargo del Servicio Penitenciario Federal no han sido transferidas a la Ciudad.

El minisstro de Justicia designado por el jefe de Gobierno portñeo, Jorge Macri, recalcó que no es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal.

De hecho, el 25 de noviembre de 2024 el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3, se intimó al Servicio Penitenciario Federal a dar cumplimiento con la sentencia del 6 de julio de 2020, y en consecuencia, a dar ingreso a la totalidad de los condenados, tengan o no condena firme, como así también fijar un cronograma para el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, con un mínimo de 130 o 140 cupos por semana.

Expresó que “es claramente falaz” la afirmación de la Ministra Bullrich de que tiene la obligación legal de recibir en el Sistema Penitenciario Federal a solo 60/70 detenidos por semana, ya que la obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, y por ende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es recibir a TODOS los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

También indicó que son múltiples las disposiciones legales y constitucionales que prohíben como regla el alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías. Destacó la resolución del 29 de octubre del año pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal exhortó a los jueces federales de todo el país a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su alojamiento en dependencias policiales.

Tapia expresó que todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia han sido “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación” y calificó de “ maliciosa la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, como también la supuesta extensión de plazas a las que hace referencia en la nota”, porque apenas se iniciaron las correspondientes reuniones técnicas, fue ese mismo Ministerio el que decidió dar marcha atrás con ambas cuestiones.

En cuanto al nuevo complejo ubicado en Marcos Paz, expresó que se han retomado las obras, que dicha unidad carcelaria tiene por objetivo la desocupación del penal de Devoto, y que esto “no diluye la obligación de trasladar los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal”.

También calificó de “absolutamente falsa” la afirmación de la Ministro Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6 mil detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al Servicio Penitenciario Federal, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

Explicó que más del 90% de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad se encuentran a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad y que para que la Ciudad asuma dicha competencia debe existir acuerdo con el Estado Nacional y la consecuente transferencia de partidas.

Gabino Tapia también expresó que “tanto los magistrados de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad sean jueces NACIONALES, como el mismo nombre de dicho fuero lo indica, los detenidos a su disposición deben ser automáticamente alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”.

Manifestó que eso es una obligación legal que está siendo “sistemáticamente violada” por el Ministerio de Seguridad de la Nación , y que es directa consecuencia de lo establecido en la ley 20.416 del Servicio Penitenciario Federal.

Palabras cruzadas entre Nación y Ciudad

Bullrich también había acusado a Jorge Macri de filtrar “maliciosamente” información falsa sobre los diálogos que habían mantenido para buscar una salida consensuada a la cuestión.

Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.

Tapia, en cambio, planteó que todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia han sido “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación” y calificó de “maliciosa la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, como también la supuesta extensión de plazas a las que hace referencia en la nota”, porque apenas se iniciaron las correspondientes reuniones técnicas, fue ese mismo Ministerio el que decidió dar marcha atrás con ambas cuestiones.

También calificó de “absolutamente falsa” la afirmación de la Ministro Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6 mil detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al Servicio Penitenciario Federal, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

En este contexto, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien ya había mantenido un tenso ida y vuelta con Bullrich, señaló: “Lamentablemente la ministra falta a la verdad. Y ella lo sabe, y lo saben todos los juristas y todos los estudiantes de Derecho y cualquiera que lea la Constitución, el Código Penal. La Ciudad de Buenos Aires no tiene transferidas todas las cuestiones que hacen a una provincia”.

“No tiene transferidos ni los delitos penales, ni el Servicio Penitenciario Federal. Por eso nosotros en la ciudad no tenemos presos, tenemos detenidos. Que la ley dice que deberían estar 24 horas, 48 máximo, hasta que el fiscal toma temperamento respecto de si tienen que quedar detenidos”, recalcó.

Con respecto al predio de Marcos Paz, el ministro aclaró que “es para llevarse a los presos de Devoto, no para los 2.500 presos que están en comisarías”.

Por su parte, la vocera institucional porteña, Laura Alonso, aclaró que “la Ciudad no tiene competencias penitenciarias porque no se le han transferido, con lo cual el único servicio penitenciario que tiene responsabilidad sobre los detenidos en la Ciudad es el Servicio Penitenciario Federal”.

“El que tiene que cumplir los fallos judiciales es el Ministerio de Justicia de la Nación. Me preocupa que la ministra de Seguridad de la Nación genere interpretaciones que son contrarias a lo que sostiene la Justicia”, indicó.