Subte: SBASE reconoció que compró trenes con asbesto

Así lo reconoció el presidente de la empresa del gobierno porteño “Subterráneo de Buenos Aires”, Eduardo De Montmollin, quien explicó que si había asbesto en los trenes asumieron que el Metro de Madrid ya había tomado medidas y que “nos estaban vendiendo los vagones en condiciones”. El legislador del FIT, Gabriel Solano, ya pidió su renuncia.

En una línea en la que diariamente viajan 7 millones de pasajeros, hoy en día hay 11 trabajadores afectados por asbesto, 700 que trabajan en sus estaciones y 180 se sometieron a análisis.

Ramón Acuña es un trabajador de la Línea B hace 8 años del Taller Rancagua, es técnico electromecánico, y lo diagnosticaron con una primera afección por asbesto, material cancerígeno presente en los trenes comprados al Metro de Madrid.

Acuña fue diagnosticado con “engrosamiento pleural difuso apical derecho” por la aspiración de partículas de amianto o asbesto, mineral prohibido hace 20 años en más de 50 países y material con el cual se construían los vagones de los subtes en esa época, según contó como primicia Emilia Delfino en este informe de CNN.

Según los expertos, la exposición al amianto se produce a través de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a puntos de producción, como fábricas que trabajan con amianto, o el aire del interior de viviendas y edificios que contiene partículas fraccionadas de amianto.

Informe de Emilia Delfino para CNN.

El gobierno porteño de Mauricio Macri, actual presidente de la nación, compró 6 trenes por 7 millones de euros al “Metro” de Madrid en 2011. Los 36 vagones que compraron fueron los modelos CAF 5000 con presencia de asbesto o su sinómino español: amianto. En la década del 70 las fábricas que los construían lo utilizaban pero ya en 2001 España sancionó una ley que los prohibió por probarse que el amianto producía cáncer.  

De acuerdo con la resolución 845/2000 del Ministerio de Salud de la Nación se encuentra prohibida la importación de fibras de asbesto (variedad Anfiboles) y de productos que las contengan. La resolución 823/2001 estableció idénticas medidas para las fibras de asbesto variedad Crisotilo a contar desde el 1° de enero de 2003.

El ex presidente de “Metro”, Ignacio González, saludó en este video la venta a la Argentina de los vagones de trenes que ya había sido usados varios años en Madrid. De hecho, el resto de los trenes que no vendieron los usaron como “chatarra para pruebas de explosivos”.

El presidente del Metro de Madrid al vender los trenes a Macri.

En febrero de 2018, el sindicato de los trabajadores del subte tomaron noción de la muerte trabajadores del subte de Madrid y mandaron a evaluar 60 piezas de los trenes a especialistas con microoscopía. Leticia Lescano, profesora de la Universidad nacional del Sur, determinó “la presencia de una variedad de asbesto en las piezas de los trenes analizadas”

El inspector de trabajo y especializado en medio ambiente, Eduardo Castro, explicó que “cuando se importan trenes usados con antigüedad importante como estos vagones tiene que tomar precauciones necesarias para que no ocurra el problema que tenemos ahora con el amianto en los trenes”.

“Se importó un material que está prohibido importar, con lo cual ya cometió delito. Enfermó a 14 trabajadores, escondió en silencio la presencia del amianto en las formaciones todo este tiempo. Y esos trenes que compró a 550 mil dólares cada uno no lo podés vender ni siquiera como chatarra, no se podían sacar de España. Después los organismos lo protegieron y lo ocultaron”, expresó Castro al presentar la acusación.

Eduardo De Montmollin, presidente de SBASE, que reconoció la grave falla del gobierno porteño en compras esos trenes con asbesto.

Eduardo De Montmollin, presidente de SBASE “Subterráneos de Buenos Aires”, expresó en un informe del canal CNN con la periodista Emilia Delfino que “el metro de Madrid debía saber que desde el 2001 hay una ley en la Unión Europea que prohíbe la presencia de asbesto para la construcción de los trenes”, y agregó que “la documentación técnica de un tren podía informar en letra chiquita en el tomo 4 de uno de los manuales técnicos”. Y agregó: “La posición conceptual  es que asumimos que si en la documentación figuraba algo el Metro de Madrid ya había tomado partido y medidas y lo que nos estaban vendiendo estaban en condiciones de poder venderlo”.

“Con el diario del lunes, podemos decir que los trenes que les compramos al Metro de Madrid tendrían que haber pedido el certificado que no existió y tampoco hubo una exigencia nuestra por ese certificado” , agregó sobre la ausencia de certificado.-

El funcionario terminó reconociendo: “No puedo garantizar que se hayan leído absolutamente todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos pero la posición conceptual es que asumimos que, si en la documentación figuraba algo, el metro de Madrid había tomado ya medias y que lo que estaban vendiendo ellos estaban en condiciones de vender“.

Eduardo De Montmollin, presidente de SBASE

El Metro de Madrid, empresa pública,  reconoció el problema tras la muerte de dos trabajadores del subte madrileño y ordenó en 2018 un programa para analizar la salud de los trabajadores y que “no hay riesgo de exposición para los trabajadores y los usuarios, así como “anunció una inversión de 140 millones de euros para reemplazar el amianto (asbesto) de la red sustituyendo piezas y reparando estaciones”.

Una comisión de legisladores de Madrid confirmó que “les vendieron los trenes a la Argentina con amianto y se les ocultó su presencia a la empresa y a los trabajadores así como se los desprotegió”. Las autoridades del Metro sostuvieron que en la “venta a Argentina no había riesgo porque las piezas con amianto había sido encapsuladas las piezas con asbesto”.

Según la OMS, cada una de las partículas que posea asbesto o amianto son “cancerígenas para el ser humano”.  Pese a que no son piezas expuestas a los pasajeros, los trenes comprados con asbesto fueron retirados y el trabajador espera una “desasbestización” del subte para volver a trabajar.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Jorge Macri preocupado por la investigación de sus departamentos en Miami

La denuncia que se presentó en la justcia de San Isidro ya llego a la Corte Suprema y está investigando el dinero utilizado para la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Es noticia esta semana de fin de año porque la Corte Suprema debe sortear otros integrantes para definir si se reabre una causa por lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los conjueces son otros jueces que integran el Poder Judicial que son designados por sorteo para intervenir en causas puntuales como por ejemplo esta causa por lavado de dinero del ex intendente de Vicente López.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “Bac Florida Bank” por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA”, por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martin confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

Este 2026, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera- tendrán que votar ahora junto a jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Eso ocurrió porque Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no lograron ponerse de acuerdo sobre la decisión, y, como hay dos vacantes en la Corte, no se conseguía la mayoría de tres votos necesarios para tomar una definición.

La defensa de Jorge Macri

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, señalaron que para la propia Justicia consideró que el tema “está agotado”. “Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso”, indicaron.

“La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento”, remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los 184.000 dólares que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

“La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo”, señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. “Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible”, explicaron.

Fuente: Clarín y CSJN

Operación Freezer: heladeras comerciales robadas se vendían por redes sociales

La investigación realizada por personal de la Policía de la Ciudad permitió establecer el modus operandi, consistente en captar equipos entregados en comodato, acumularlos en depósitos y ofrecerlos a la venta en redes sociales mediante un perfil apócrifo.

La Policía de la Ciudad realizó cuatro allanamientos y recuperó 58 heladeras exhibidoras pertenecientes a una empresa cervecera que estaban siendo comercializadas ilegalmente a través de redes sociales.

Efectivos de la División Defraudaciones y Estafas realizaron una serie de cuatro allanamientos en forma simultánea, en el marco de una investigación por apropiación de bienes en comodato que eran ofrecidos a la venta mediante un perfil falso en redes sociales.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales ingresaron a cuatro inmuebles ubicados sobre la calle Tinogasta al 5000, en el barrio de Villa Devoto, que eran utilizados como depósito y taller, donde se hallaron 58 heladeras exhibidoras con ploteos de distintas marcas de la empresa Maltería Quilmes.

Los equipos, cuya venta está prohibida, dado que habían sido entregados en comodato a comerciantes, fueron verificados “in situ” por personal técnico de la firma.

En el lugar se identificó y notificó a cuatro personas, entre ellas al responsable del depósito y técnicos y una administrativa,  por su presunta participación en la comercialización irregular de las heladeras.

La causa se inició tras la denuncia realizada por la empresa cervecera, que detectó la aparición de heladeras ploteadas en plataformas de compraventa.

Con la información aportada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, a cargo de la Dra. Fabiana Galletti, Secretaría Nº 129 del Dr. Luis Álvarez, ordenó los allanamientos y avaló el secuestro de los elementos recuperados.

Aysa
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